El juez Alfredo Bisordi y el fiscal Juan Martín Romero Victorica justificaron las demoras que las causas de derechos humanos sufren en la Cámara de Casación. Dijeron que el tribunal tenía demasiados expedientes y adjudicaron el atraso a los querellantes, es decir, a los organismos de derechos humanos y a los familiares de desaparecidos. Trataron de desmentir que la dilación fuera intencional y que tuviera el objetivo de beneficiar a los represores, como señalaron los organismos. Pero el mismo tribunal los contradijo. En los últimos días, a los abogados que representan a las víctimas de la dictadura les empezaron a “llover” cédulas con notificaciones de resoluciones de Casación. No son fallos en los que se definan cuestiones de fondo, pero se trata de una reactivación de los expedientes. Es decir, documentos que pudieron haberse firmado hace meses. Uno de los casos que fue sacado del cajón –o, más bien, de una pila de papeles– es la queja presentada por el represor de la ESMA Raúl Scheller, que espera por su resolución hace más de tres años.

En el Centro de Estudios Legales y Sociales se sorprendieron cuando, el lunes, recibieron 74 cédulas judiciales, todas con remitente de la Cámara de Casación Penal. Algunas correspondían al mismo incidente, pero a otro querellante. Muchas se referían a notificaciones acerca de qué sala del tribunal quedó a cargo del expediente o de pedidos para que los abogados dieran su opinión sobre planteos de las defensas. En concreto, se trata de al menos veinte recursos que se reactivaron. No son cuestiones centrales pero sí necesarias para que las causas avancen, aunque si se tratara de un hecho sin continuidad podrían pasar meses para que se definan los planteos de fondo.

“En los últimos diez días hubo un incremento llamativo”, señaló a Página/12 Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, quien confirmó que en la institución que representa también percibió un mayor movimiento del tribunal cuestionado por los organismos de derechos humanos y el Poder Ejecutivo.

“Está claro que alguien se puso a ordenar, a trabajar. Lo que hacen ahora estaban en condiciones de hacerlo hace varios meses. Es la prueba de que estos expedientes estaban cajoneados, en realidad estaban amontonados arriba de escritorios. Yo mismo, junto a otros abogados, los he visto en un cuartito de los tribunales de Comodoro Py”, aseguró el abogado Pablo Llonto, representante de víctimas de la dictadura. Llonto señaló que este hecho no puede desligarse de los cuestionamientos que sufrió en estos últimos tiempos la Casación.

Resulta evidente que las 74 notificaciones que llegaron el lunes al CELS no fueron firmadas todas juntas ese día, el primero hábil después de que el presidente Néstor Kirchner cargara contra el tribunal en el acto en el centro clandestino de detención La Perla. Pero esas no fueron las primeras críticas a Casación. El 19 de marzo, 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi. El 1° de marzo, al iniciar las sesiones ordinarias del Congreso, Kirchner ya había instado a la Cámara de Casación a acelerar los juicios contra los represores. A mediados de febrero, Página/12 publicó una nota en la que señaló que el tribunal tenía más de cien incidentes para resolver, algunos de ellos, como el de Scheller, con tres años de demora. Un relevamiento reciente de la Procuración General de la Nación arrojó que son 193 los incidentes. La paralización de estos expedientes, se explicaba, impedía que las investigaciones avanzaran al juicio oral y se lograran las condenas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

El Tribunal Oral Federal 5, que tiene a su cargo los procesos en las llamadas megacausas de ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, espera resoluciones de Casación para poner fechas a las audiencias de los próximos juicios. Además, durante el año pasado, querellantes y organismos de derechos humanos habían presentado quejas en varias ocasiones ante los propios miembros del tribunal.

En la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura, los abogados Rodolfo Yanzón, Mónica González Vivero, Luz Palmás Zaldúa, Leonel Curutchague y Flavia Fernández Brozzi destacaron que la Cámara de Casación cambió sus propios criterios “para favorecer a los imputados” por crímenes cometidos durante la última dictadura. El escrito señalaba que el tribunal, además de paralizar las investigaciones y obstaculizar el avance de los procesos, había cambiado su criterio restrictivo sobre las excarcelaciones por uno más flexible para favorecer que los acusados en estas causas pudieran recuperar la libertad.

El apoyo público de Kirchner a esta denuncia y el reclamo para que el Consejo de la Magistratura avance en la destitución de los jueces, sumado al coro de funcionarios que se alinearon a los dichos del Presidente, provocó críticas en el ámbito judicial y en la oposición. Sin embargo, nadie salió en defensa de los integrantes de la Cámara de Casación. De hecho, el reclamo fue para que el cuestionamiento se mantuviera por los carriles institucionales, es decir en el Consejo de la Magistratura, donde ya hay consenso en avanzar con el pedido de remoción realizado por organismos de derechos humanos. En tribunales recordaron que fue muy distinta la actitud del Poder Judicial cuando el Presidente cuestionó a los jueces Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori por excarcelar al empresario Omar Chabán. Aquella vez, jueces y juristas defendieron a los magistrados y el Consejo de la Magistratura archivó la acusación.

El fiscal ante la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica utilizó ayer los mismos argumentos que Bisordi para justificarse. Dijo que los retrasos “no son adrede” y que “las mayores demoras, chicanas, han sido puestas por los querellantes, que son los parientes de las víctimas”. El impulso que la propia Cámara de Casación dio en los últimos días a los incidentes que tenía dormidos lo desmiente.