Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará hoy a Buenos Aires para recibir información sobre la situación argentina en materia de derechos humanos. El temario abarca tanto lo vinculado con los recientes hechos de represión del conflicto social como a las denuncias de los ahorristas perjudicados por el corralito.
La comitiva, que se quedará en el país hasta el 6 de agosto, está encabezada por el comisionado Robert Goldman y el secretario ejecutivo Santiago Cantón. “Son las dos autoridades máximas del organismo, lo que muestra la preocupación existente y del peso que quieren darle a esta visita”, consideró ayer el abogado Juan Carlos Capurro, de la CTA.
La Comisión recibirá a las once y media de la mañana a representantes de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción Jurídica de la CTA. Sus integrantes llevarán informes sobre la agudización de la represión, que en los últimos meses se ha expresado tanto en el plano de la represión directa (con su ejemplo más reciente en Avellaneda) como en el judicial, con condenas y procesamientos contra quienes protestan con piquetes, tomas de edificios o medidas similares en defensa de derechos básicos.
Claudio Pandolfi y María del Carmen Verdú, integrantes de la Correpi, anticiparon que solicitarán medidas de protección para los testigos de los fusilamientos de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Testigos y defensores vienen sufriendo amenazas e intimidaciones, entre ellos el propio Pandolfi.
El CELS y los abogados de la CTA, que hace más de dos años denunciaron ante la CIDH la criminalización del conflicto social, volverán a presentar sus quejas por el fallo contra Emilio Alí “ya que, si bien fue excarcelado, la resolución mantuvo la idea de que la protesta es punible”, apuntó Capurro. Y sumarán documentación sobre el caso de la maestra Marina Schiffrin, condenada por haber participado de un corte de ruta con argumentos tales como que la “única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo es el sufragio”, mientras que a otros tipos de expresión “como reuniones multitudinarias en plazas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa” fueron calificados de sediciosos.
El tema del corralito también estará en la agenda de la visita. Los ahorristas organizados en torno a la figura de Nito Artaza van a entregarles a los integrantes de la delegación material en video y escrito sobre su situación. El humorista llevó a principios de mes un reclamo a la sede de la Comisión en Washington, acompañado por la firma de 900 ahorristas. Desde entonces a hoy, los perjudicados han reunido material sobre golpizas a manifestantes mientras participaban de reclamos a los bancos, y casos de personas que han muerto tras el corralito por no haber podido acceder a la atención médica y a los medicamentos que necesitaban.
La delegación de la CIDH trabajará en el Hotel de las Américas, ubicado en Libertad 1020, mientras permanezca en la Capital, donde tiene previsto entrevistarse con el presidente Eduardo Duhalde, el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, y el de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf, entre otros funcionarios.
El 2 de agosto visitará Neuquén y el 5 de agosto viajará a Salta, donde mantendrá audiencias con autoridades provinciales, nacionales y con representantes de comunidades indígenas que presentaron denuncias por conflictos sobre la tenencia de las tierras.
Como un indicador de la atención con que el organismo supranacional sigue la situación de deterioro y aumento de la represión en la región, los abogados argentinos resaltaban ayer que la Comisión ha creado una unidad especial para el seguimiento de la situación de los defensores de derechos humanos, con autonomía y financiamiento propio, cuya tarea es hacer un seguimiento de los problemas de los países más afectados, entre los que está incluido el nuestro. La visita venía siendo pedida por un grupo de organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica, ante la grave crisis institucional, social, política y económica que padece la Argentina. En un comunicado de prensa, el CELS detalló que, en las sucesivas reuniones, la CIDH “recibirá información sobre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre el actuar de las fuerzas de seguridad, sobre la represión y la criminalización de las protestas sociales, sobre la falta de independencia judicial y sobre la denegación de justicia a los ahorristas perjudicados por el ‘corralito financiero’”.
La Comisión realiza visitas periódicas a todos los países en Latinoamérica, con el objetivo de reunir documentación sobre violaciones de los derechos humanos. En el caso del corralito, se trata de un reclamo atípico, pero al que podría dar curso ante situaciones de fallas en el procedimiento judicial. Sandra Bergenfled, abogada que acompañó a Artaza en la presentación en Estados Unidos, ha argumentado que con las restricciones impuestas sobre el sistema financiero se violentaron los derechos a la protección judicial y a las garantías legales, “todos derechos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica”. El tema de la represión institucional desatada el 20 de diciembre, cuando murieron cinco manifestantes en inmediaciones de la Plaza de Mayo, asesinatos que precedieron la caída del ex presidente Fernando de la Rúa, también tendrá un lugar en la agenda de prioridades de la delegación.