“Vamos a intentarlo”, dijo con cierto optimismo el diputado Carlos Alessandri cuando se le preguntó si el próximo miércoles habría sesión en la Cámara de Diputados. La frase pone de manifiesto la preocupación de las autoridades de la bancada oficialista por despegarse de la imagen de parate que hoy exhibe el Congreso y también el deseo de aprobar uno de los temas que privilegian en su agenda parlamentaria: el proyecto denominado como protección a “las industrias culturales”, medida que se presenta como una excepción a la ley de quiebras y por la que en el caso de las empresas periodísticas o de producción cultural, los capitales extranjeros no podrán tener una participación mayor a un 30 por ciento. El peronismo pretende además llevar al recinto los dictámenes sobre el juicio político a la Corte Suprema. A diferencia del caso de las “empresas culturales”, en el caso de la Corte, el bloque del PJ se autoimpuso una fecha para debatirlo: el próximo 14 de agosto.
Lejos de ser antojadiza, la fecha por un lado da cuenta de las urgencias del Gobierno en darle una señal positiva a los cortesanos para obtener de ellos un fallo que ponga fin al drenaje de depósitos del corralito y por otro no postergarla en el tiempo, ya que luego de ese día las elecciones internas partidarias estarán completamente lanzadas y el Congreso estará más parado aún. A las 17 de ayer, apenas unos 29 de los 257 diputados se encontraba en el Congreso. Ni el titular del cuerpo, el duhaldista Eduardo Camaño, ni los jefes de las principales bancadas, ni los más reconocidos dirigentes de la oposición, podían encontrarse ayer por los pasillos del Palacio Legislativo.
“La peor resolución que puede tener un tema es esquivarlo”, comentó a Página/12 hablando del juicio a la Corte, un miembro del bloque oficialista. El tema divide a la bancada por mitades. Los pocos que aparecen como aliados incondicionales del alto tribunal, son los diputados que se enrolan con el menemismo. Entre estos y los impulsores de la acusación, hay una enorme franja de legisladores que están dispuestos a sentarse en el recinto a escuchar los discursos y luego tomar una decisión. No por nada, en este tema, las autoridades parlamentarias del peronismo dieron a los suyos la más completa libertad para decidir su voto.
La semana pasada, la sesión fracasó por falta de quórum. De los 129 diputados necesarios para comenzar el debate, en el recinto había unos 70. Las dificultades del oficialismo para reunir a los suyos, sin duda serán mayor a medida que avance la interna partidaria.
Además de la ley que limita la participación de capitales extranjeros en las empresas del sector cultural, en especial los medios de comunicación, que tiene dictamen desde el 3 de julio, el PJ tiene varios temas en agenda. Entre ellos: una ley especial para castigar el delito informático, como la intercepción de datos o la piratería de software; una prórroga para los deudores del Banco Hipotecario que tengan su casa en proceso de ejecución; el rechazo a los vetos del Poder Ejecutivo de la Ley de Fomento del Libro, una declaración que reclama la aplicación del impuesto del 2 por ciento a las empresas telefónicas por el tendido aéreo y una ley que flexibiliza la creación de nuevos partidos políticos. A diferencia del juicio a la Corte, todos estos proyectos cuentan con el consenso básico de los distintos bloques partidarios. Por ello el peronismo podría, sin mayores sobresaltos, garantizar el formal funcionamiento del Congreso, si es que logra que los diputados olviden por un rato las preocupaciones de la interna partidaria, claro está. Los dirigentes de la oposición también tendrían que aportar lo suyo. Por lo pronto, por ahora “se fueron todos”. Aunque por cierto “prometen volver”.