Organismos ambientalistas acusaron al gobierno de Australia de presionar al Congreso Nacional y de ignorar la Constitución para tratar de importar basura nuclear. “La embajadora australiana Sharym Minahan pretende desconocer que el ingreso de residuos radiactivos de otros países está prohibido por la Constitución Nacional”, aseguró Juan Carlos Villalonga, encargado de asuntos nucleares de Greenpeace. El acuerdo nuclear con Australia fue firmado el año pasado y cuenta con media sanción del Senado y ahora está siendo discutido en la Cámara de Diputados.