@El dato suena al menos irónico: la amenaza telefónica que recibió en su estudio el abogado Claudio Pandolfi, que representa a las víctimas de la represión en Avellaneda, salió de un interno de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, un organismo que conduce Jorge Taiana y que depende de la Gobernación. Eso es lo que detectó una investigación del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, a cargo de Juan Pablo Cafiero. El llamado duró 18 segundos y se hizo desde una dependencia de la Torre II de La Plata donde se reciben denuncias y trabaja un equipo de letrados.
“A mí entender todavía faltan elementos para afirmar que ese llamado haya sido el de la amenaza. Aparece atribuido al interno de un sector que suele comunicarse con Pandolfi y otros abogados de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) por denuncias que han presentado, e incluso por los hechos del 26 de junio. De todos modos, no pongo las manos en el fuego”, dijo Taiana a Página/12. Pandolfi sostuvo: “en ese edificio hay mucha presencia de fuerzas de seguridad, quizá intenten hacerse ver para demostrar que fueron ellos, discando desde un número fácil de detectar. Es lo mismo que están haciéndole a los piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez: se plantan todos los días con un auto sin patente en la puerta de su local, bien para hacerse notar”.
“Ya sabemos en qué cuevita te escondés. Te vamos a matar como a un perro, como a Santillán”, decía el mensaje que recibió Pandolfi el 1º de julio en el contestador automático. El propio abogado detectó días atrás que el número del que provenía la amenaza (0221-429-5500) según los registros de Telefónica con que cuenta la fiscalía de Juan José Vaello, es el conmutador de un edificio en el que hay oficinas de varios ministerios de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el registro de llamadas del conmutador de la Torre II obtenido por Cafiero, tres de ellas aparecen atribuidas al interno de la repartición llamada Dirección de Derechos Humanos: una es de las 13.23, dura 32 segundos, y conecta con el estudio de la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú; otra es de las 13.24, dura 12 segundos y tiene como destinataria a una señora, pero no está claro el motivo de la comunicación; la tercera es de las 13.25 y es la que recibió Pandolfi.
El ministro le informó todo esto al secretario del sector, Taiana, quien inició sus propias averiguaciones.
Verdú se mostró asombrada: “Tengo toda la lista de llamados que mi secretaria anotó entre las 13 y las 14 y no hay ninguno de Derechos Humanos, yo no estaba en el estudio ese día, estaba en un juicio. Además, ellos cuando llaman se comunican con mi celular. Es todo muy raro. Yo recién recibí los mensajes el jueves, cuando volví a mi oficina, pero casi ninguno era de desconocidos”.
“A mí me llamó hoy (por ayer) un funcionario de la Dirección de Derechos Humanos y me dijo que efectivamente ellos nos habían llamado el 1º de julio y que no dejaron mensaje. Si es que fue así, no me explico por qué nadie me dice entonces quién me llamaba y para qué”, contó Pandolfi. “A su vez –agregó– esta persona me pidió que aporte las precisiones que yo tuviera sobre la amenaza, la duración, horario, y otros datos, para establecer si realmente son coincidentes con los que dice tener Cafiero. Me parece que no coinciden exactamente. Según los datos que tiene la fiscalía, obtenida de un listado de Telefónica, la amenaza en mi estudio fue a las 13.23, el mismo supuesto horario del llamado a Verdú”.
Taiana tiene varias dudas. Insiste en que “es habitual que la Dirección de Derechos Humanos llame a los abogados de la Correpi y era lógico que en esos días se contactaran”. A su vez, le parece “muy corta una amenaza de 18 segundos”. No descarta algunas opciones como pensar que “el conmutador a veces lo maneja el personal de seguridad, y desde ahí se podría haber tomado intencionalmente el interno en cuestión aunque hay quienes dicen que no es tan fácil técnicamente hacer eso”. O quizá el interno haya sido usado desde otro lado, o que la intimidación la efectuó alguien del organismo. Pandolfi tiende a pensar más en la policía. Pero igual aclara: “no me imagino que me hayan llamado al estudio ese día para consultarme algo cuando el Ministerio de Seguridad estaba acéfalo”. El abogado se mostró molesto con Cafiero: “tuvo que venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se empiece a ocupar del tema. En este país pasan cosas y el Gobierno mira para otro lado”.
Desde 1995 la Correpi recibió sucesivas amenazas de muerte e intimidaciones. Amnistía Internacional alertó cinco veces sobre el tema.
En la II Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos que se hizo en Guatemala la semana pasada, Argentina quedó incluida entre los cinco países donde más riesgo corren los abogados dedicados a ese tema.