Hay dos meses en la vida de María Carolina Guallane (Paula Cortassa) que son como un agujero negro. Es el tiempo que va desde el 11 de febrero hasta el 6 u 8 de abril de 1977. El tiempo que estuvo en manos del Ejército. Desde que María Carolina supo que era en realidad Paula, hija de los desaparecidos Enrique Cortassa y Blanca Zapata se dedicó a la búsqueda de su hermano y de justicia para el crimen de sus padres. En ese camino avanzó ayer su abogado, quien solicitó la detención del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y otros tres represores por el secuestro y ocultamiento de la niña y la desaparición de su papá.
Galtieri supo ayer que podrá cumplir en su casa la detención que le impuso el juez federal Claudio Bonadío por la desaparición de 18 personas. (ver aparte) Pero ahora se enterará de que su situación judicial puede empeorarse, porque son muchas las deudas que tiene con la Justicia. Jorge Pedraza, abogado de María Carolina (Paula) reclamó al juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez que interrogue y arreste al dictador que fue jefe del II Cuerpo del Ejército con sede en Rosario; al coronel Juan Orlando Rolón, responsable del Comando de Artillería; al coronel Domingo Marcellini, jefe del destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe y a su segundo, el coronel Manuel Eduardo Morales.
El 11 de febrero de 1977 el Ejército irrumpió en la casa de la calle Casteli 4531, de Santa Fe. Allí fue herida Blanca Zapata –embarazada– que murió después de agonizar durante dos semanas en el Hospital José María Cullen. Y fue secuestrado Enrique Cortassa y Paula, su hija de un año que tiempo después fue adoptada por la familia Guallane, que desconocía su origen.
En la causa judicial hay una nota firmada por el teniente Carlos Enrique Pavón, dirigida al juzgado de menores de Santa Fe en la que se registra la entrega a los menores que vivían en la casa de la calle Castelli. (Paula y otros dos niños que fueron devueltos a su familia) El documento lleva la fecha 4 de febrero de 1977, pero se trata de un dato falso, incorporado para desvincular al Ejército de los dos meses en los que la niña estuvo en sus manos en algún lugar incierto, probablemente un centro clandestino de detención de Santa Fe.
El hecho de que el dato es mentiroso surge incluso de la torpeza de los represores quienes con el objetivo de encubrir la desaparición de la menor, pusieron una fecha anterior a la del operativo, que se realizó el 11 de febrero. Además, el papel tiene el número de orden 238 y otro documento del Ejército del mismo tipo, pero del 8 de marzo de ese año tiene el número 165. Por si faltaran evidencias, el ex juez de menores Luis María Vera Candioti aseguró en su declaración que no recordaba haber leído con anterioridad al mes de abril de 1977 el oficio firmado por el teniente Pavón.
“Recién cuando la niña Paula Cortassa desmejora notablemente en su salud, en manos de sus militares apropiadores, que se la quedaron no para adoptarla ilegalmente sino para utilizarla en el proceso de tortura de su padre, es cuando deciden pasarla a Casa Cuna y al Juzgado de Menores”, aseguró Pedraza en el escrito presentado ayer. El abogado destacó que este secuestro de la niña por dos meses “coadyudó a ocultar su verdadera identidad hasta veinte años después. Al entregarla al juzgado se omite indicar al menos el nombre del padre, secuestrado en su poder”.
La causa en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de los miembros de la familia Cortassa fue reactivada hace cuatro meses con las declaraciones del ex mayor Manuel Batto y el doctor José María Colli, quien consignó en el libro de la sala policial del hospital que Blanca Zapata tuvo, mientras agonizaba, un “parto normal prematuro con feto muerto”. Al dar su testimonio, Colli ratificó este hecho, pero para María Carolina (Paula) y su abogado, el caso aún no está cerrado. Ayer, Pedraza reclamó el arresto y procesamiento de Galtieri, Rolón, Marcellini y Morales por las desapariciones de Paula (María Carolina) y su padre”. En el caso de Enrique Cortassa solicitó que el juez declare la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que se contradicen con la Constitución y los Tratados Internacionales.