Por Laura Vales
@Hubo audiencias desde la mañana hasta la noche y en todas se habló, finalmente, de lo mismo: de la pérdida creciente de derechos y del avance represivo contra quienes protestan para recuperarlos. En el primer día de su visita a la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a integrantes de organismos de derechos humanos, a organizaciones sociales y ahorristas. El corralito, las muertes del 19 y 20 de diciembre, los fusilamientos de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el aumento de la pobreza y el desmantelamiento de los hospitales estuvieron al tope de las preocupaciones expresadas en la jornada.
La comitiva que llegó a Buenos Aires está encabezada por el comisionado Robert Goldman, relator para la Argentina, junto al secretario ejecutivo Santiago Cantón y la abogada Elizabeth Abi-Merced. Se quedarán en el país hasta el 6 de agosto con una agenda de trabajo en la que está prevista un encuentro con el presidente Eduardo Duhalde (el jueves) y otra con el gobernador bonaerense Felipe Solá.
Los abogados que se entrevistaron ayer con la delegación calificaron su sola presencia en Buenos Aires como un hecho auspicioso y solicitaron a la Comisión que elabore un informe al término de su visita. “Si bien las resoluciones de la CIDH no tienen carácter obligatorio, la experiencia indica que no hay Estado miembro que pueda desconocerlas sin quedar aislado”, opinó Juan Carlos Capurro, de la CTA.
Las primeras cinco reuniones abarcaron los siguientes temas:
- Sobre el aumento de la violencia institucional: con los organismos de derechos humanos, que plantearon su preocupación respecto de la persecución a militantes y abogados defensores.
- Sobre la criminalización del conflicto social: con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de Acción Jurídica y la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi). Hablaron del 19 y 20 de diciembre, de la masacre del Puente Pueyrredón, de la reciente condena contra la maestra Marina Schifrin por haber participado en un corte de ruta.
- Sobre la degradación de los derechos sociales: con organizaciones de médicos, la cátedra de salud y derechos humanos de la Facultad de Medicina y asociaciones de pacientes, quienes acercaron informes sobre los índices de desocupación, pobreza e indigencia y el profundo abandono del sistema de salud público.
- Sobre la situación de la Justicia: con Poder Ciudadano, el Colegio Público de Abogados y la Asociación por los Derechos Civiles, quienes hicieron hincapié en la crisis de legitimidad que atraviesa la Corte Suprema, la falta de transparencia en el tratamiento de su juicio político, el irregular funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la situación de la Justicia en las provincias.
- Sobre el corralito: con un grupo de ahorristas encabezado por Nito Artaza, quienes pidieron ser respaldados en su reclamo.
El humorista llegó al Hotel de las Américas acompañado por unos 300 manifestantes que esperaron los resultados del encuentro en la vereda. Artaza se entrevistó con Cantón y Abi-Merced junto a un grupo de damnificados en situaciones extremas. Entre ellos estaban la esposa y la hija de Nicolás Desiderio, ahorrista fallecido en Mar del Plata. El grupo entregó a la CIDH un video con casos de abuelos y enfermos terminales que no pueden cubrir sus tratamientos, más una carpeta con cartas y testimonios.
El secretario ejecutivo Santiago Cantón anticipó anoche que el organismo “va a evaluar” las denuncias de los ahorristas y “oportunamente va a tomar las medidas” que considere pertinentes. El funcionario reveló que en la sede de la CIDH se recibieron 1500 denuncias de damnificados. Artaza agregó por su parte que los integrantes de la Comisión “nos dijeron que tienen competencia sobre los efectos que han causado estas medidaseconómicas en la población y en la violación de derechos sociales y económicos”.