Aunque el Gobierno de Eduardo Duhalde presentó como un logro haber obtenido del Fondo Monetario la postergación (rollover) en un año de los vencimientos que vinieron operándose en 2002, en realidad no consiguió nada. La prórroga es un mecanismo automático previsto por el organismo al otorgar asistencia a cualquier país. Hay un primer plazo que se denomina “esperado”, así llamado porque se espera que le dará tiempo al país asistido para mejorar su balance de pagos, apuntalar sus reservas y poder por ende repagar el préstamo, como resultado de los efectos que tendrá -se presume– la aplicación de las políticas “acordadas” con el Fondo. Sin embargo, previendo que no resulten así las cosas, desde el vamos queda establecido un término un año más largo, siendo ese vencimiento posterior de carácter “obligatorio”, y por tanto improrrogable. Este punto queda debidamente subrayado en un informe que preparó el economista Luis Lucioni para el Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), una tradicional usina del radicalismo que asiste técnicamente a sus legisladores. El análisis revisa la historia de esta traumática y controvertida relación entre un país en crisis recurrente y el organismo donde mandan las potencias centrales.
En lo que va del año, la Argentina solicitó al Fondo desplazar en doce meses vencimientos por 7636,2 millones de dólares, que de esta manera pasan del cronograma esperado al obligatorio. Así, por ejemplo, un vencimiento esperado, caído el 17 de enero de 2002, por 963,3 millones de dólares, queda agendado para el mismo día de 2003, pero convertido en obligatorio. En otras palabras: cada postergación implica asumir un compromiso inaplazable para el año próximo. Hay que considerar que, como los célebres escalones, son también 39 los vencimientos que la Argentina afronta de deudas con el FMI, no habiendo mes de este año en que no caigan varios. En concreto, hoy el país le debe al Fondo 14.457 millones de dólares, lo cual significa que le adeuda 1,6 veces su actual nivel de reservas externas.
Uno de los capítulos más interesantes del informe de Lucioni es el que historia el flujo de fondos entre la Argentina y el FMI desde 1984, cuando retornó la democracia. Como cabía esperar, la transferencia favoreció al país, que recibió un neto de 8334 millones de dólares. Pero la relación fue marcadamente diferente en los sucesivos gobiernos. De hecho, Raúl Alfonsín, en su accidentada historia con el organismo, sólo cosechó un flujo favorable de U$S 1201 millones a lo largo de su trunca gestión.
La verdadera nota la dio su sucesor, ya que en el decenio menemista fue el FMI el que recibió una transferencia neta de recursos, puesto que la Argentina le giró U$S 1803 millones más de los que recibió de la entidad. El diputado Jesús Rodríguez bromeó que si el riojano se entera de este aspecto del informe radical lo va a presentar como otro logro de su presidencia: durante ella, este país se dio el curioso lujo de financiar al resto del mundo a través del FMI. De nada parecido podría alardear Fernando de la Rúa, cuya abortada gestión le alcanzó para recibir del Fondo un neto de 9598 millones de dólares. En ese período, antesala del colapso, la Argentina fue destinataria del 18 por ciento de los desembolsos globales del Fondo, pero ni así alcanzó.
Desde que Alfonsín sucedió al general Bignone, el país firmó ocho acuerdos con el Fondo –con las consiguientes condicionalidades de política económica– por más de 35 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron poco más de 22 mil millones. Resultado de esta relación, al cerrar 2001 la Argentina le adeudaba al organismo casi 14.500 millones. El último acuerdo fue firmado en marzo de 2000 por José Luis Machinea, involucrando originariamente recursos por 7000 millones, luego estirados hasta los 22 mil millones por obra del “blindaje” y del plan de “déficit cero”. En diciembre de 2001 se cerró este capítulo, ya que el Fondo suspendió el acuerdo vigente. Además de los costos políticos que puede ocasionar, la plata del Fondo le salió a la Argentina 4316 millones de dólares en intereses desde 1984. La tasa básica que cobra el Fondo es del 4 por ciento anual, pero sube uno o dos puntos en los stand by y en el “servicio ampliado”, destinado a financiar las llamadas reformas estructurales. Más cara todavía es la financiación que viene por vía del servicio complementario de reservas, línea creada para auxiliar a países que sufren ataques especulativos, olas de desconfianza y fuga de capitales. Este dinero recarga la tasa básica entre 3 y 5 puntos.
Finalmente, cuando las recetas del Fondo no resuelven las crisis, o incluso ayudan a profundizarlas, las deudas con el organismo pasan a formar parte del problema y no de la solución.