Como en la película Z, del griego Constantin Costa-Gavras, los uniformes volverán a desfilar por los tribunales federales de Rawson. El juez Hugo Sastre, que investiga la causa de espionaje ilegal en la Base Almirante Zar de Trelew, citó a indagatoria a ocho marinos que todavía no habían declarado. El proceso estaba paralizado desde octubre del año pasado a raíz de las recusaciones de los abogados defensores, que fueron rechazadas por la Cámara de Comodoro Rivadavia. Entre los imputados se encuentran tres altas autoridades y un cabo, que confirmó la denuncia inicial.

La causa se inició con la presentación ante el CELS del cabo Carlos Ariel Alegre, que pertenecía al equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer actividades de inteligencia interna, prohibidas por la Ley de Seguridad Interior. Su denuncia llegó al juzgado de Rawson el viernes 17 de marzo de 2006. El primer juez que instruyó la causa, Jorge Pfleger, allanó ese día la base de Trelew y luego la de Puerto Belgrano: en ambas se encontraron fichas de inteligencia de políticos locales, provinciales y hasta de la ministra de Defensa, Nilda Garré, además de seguimientos de los actos de conmemoración de la masacre de Trelew. En el allanamiento en Puerto Belgrano se encontraron carpetas con “objetivos comunitarios”.

El caso obligó a la Armada a separar al comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés –número tres de la Armada– y al director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi. Ambos declararon en la causa que no conocían los documentos militares. “No soy un hombre de inteligencia, sino de barcos”, aseguró incluso Rossi. El escándalo llevó al Gobierno a ordenar la clausura de las dependencias de inteligencia naval en todo el país.

A pesar de la importante cantidad de prueba documental, la causa avanzó con tropiezos. El primero lo causó una presentación que hizo la Armada, por orden de su jefe, Jorge Godoy. El marino alegó que en los allanamientos se había secuestrado también computadoras con un sistema de encriptamiento. La causa se trabó por segunda vez cuando el actual juez fue recusado por los abogados defensores. Cuando se resolvieron las recusaciones, el juez volvió a citar a los que restan declarar de los 16 imputados.

Este jueves declarará el cabo Luis Alberto Sánchez, quien trabajaba en la oficina de “contrainteligencia” de Puerto Belgrano. Tras ser dado de baja, Sánchez se presentó en febrero de este año en el edificio Libertad, donde confirmó las denuncias de Alegre. Relató que se negó a hacer inteligencia política y que, por eso, le decían: “Vos sos zurdito. Así que andá buscando otro trabajo”. Sánchez también sostuvo que parte de la información de inteligencia “se ocultó o se quemó” cuando se conoció el espionaje en Trelew. Y señaló que quien las retiró fue “el capitán de navío Fernando Pendido, que era el jefe”.

En tanto, el miércoles 9 declarará el suboficial principal Alfredo Luis Andrade; el jueves 10, Cristian Andrés Vidal. El viernes 11, deberá asistir el capitán de corbeta Eduardo Omar Merlo. Luego les tocará a las máximas autoridades implicadas: el miércoles 16 de mayo, será el turno del capitán de navío Gustavo Leopoldo Ottogalli, actual subsecretario de Relaciones Institucionales de la Armada. Su defensor es Oscar Salvi, el ex abogado de Carlos Menem. El jueves 17, declarará el capitán de navío Carlos Daniel Vázquez; el martes 22, el capitán de navío Félix Medici y el miércoles 23, el capitán de navío Jorge Alberto Janiot.