Por Marcelo Vensentini *

La crisis nacional que atravesamos, sin parangón en nuestra historia, marca el derrumbe de un modelo de producción y distribución que, mediante la complicidad de una amplia capa política con poderosos intereses privados, transformó al país en neto exportador de capitales, con un devastador efecto en la producción y el desarrollo social.
El paisaje hoy no puede ser más cruel, con más de la mitad de la población argentina en la pobreza, con un índice de desempleo record del 21 por ciento, con más de cinco millones de argentinos sin trabajo o con changas que no alcanzan para pagar la canasta básica de alimentos.
En diciembre del año pasado, cuando la debacle económica y social ya había impactado de lleno en la Ciudad de Buenos Aires, se sancionó la Ley de Emergencia Económica, que facultó al Poder Ejecutivo a disponer la revisión de las condiciones de la totalidad de los contratos de compras y contrataciones de bienes, servicios, suministros y obra pública, celebrados con sus proveedores con anterioridad a la vigencia de dicha ley y que se encontraran en curso de ejecución. La norma permitió suspender, modificar o rescindir esas contrataciones en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la Procuración General. Esta facultad fue decisiva para que se mantuviera, e incluso llegara a reducirse, el precio de los contratos durante el transcurso del primer semestre del presente año, sin que se descuide el pago de salarios en tiempo y forma.
Hoy, seis meses después, la crisis ha empeorado dramáticamente y, en consecuencia, las demandas sociales son más acuciantes. De ello da cuenta la evolución de las prestaciones en salud, educación, alimentos y alojamiento, que absorbieron el 70,8 de la recaudación del primer semestre, cuando ese rubro nunca había superado el 55 por ciento. No obstante, la nueva Ley de Emergencia chocó con la resistencia de los bloques del PJ, ARI y de la izquierda, que intentan trabar la acción del Gobierno porteño, obviando lo que está en el centro del debate: qué tipo de Estado queremos, si el Estado abandónico, indiferente a los dolores sociales e identificado con los poderosos que inauguró el menemismo, o un Estado solidario y sustancialmente democrático, cuyo eje de gestión es hoy luchar contra las indignantes desigualdades que trajo la concentración desmesurada de la riqueza producida en la pasada década. Por eso hemos invitado reiteradamente a debatir todos los aspectos de la gestión relacionados con la situación de emergencia social.
* Presidente del bloque del FG en la Legislatura porteña.