La Justicia consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 vieron al actual presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Luis Montezanti, en medio de un grupo de matones que, a punta de pistola, ocupaban la Universidad Tecnológica Nacional y que –hasta fines de 1975– conformaron la Alianza Anticomunista Argentina bahiense. Así lo consignó el juez correccional José Luis Ares en la causa iniciada por Montezanti contra el ex estudiante de la UNS Alberto Rodríguez, testigo presencial en abril de 1975 del asesinato de su compañero David Cilleruelo en un pasillo de la universidad, quien lo había sindicado como “partícipe” del grupo paramilitar. Ares absolvió a Rodríguez por calumnias pero lo condenó por injurias por calificar al juez de “cómplice de los crímenes en esta universidad” y “hombre de la ‘misión Ivanisevich’”. Luego de conocerse el fallo decenas de vecinos bahienses se solidarizaron con el empleado bancario Rodríguez y organizaron una colecta para juntar los 6500 pesos con los que saldará el daño moral al camarista.

Gracias a la honra lacerada de Montezanti, a las convicciones de Rodríguez –que lejos de amedrentarse ratificó sus dichos– y a la férrea tarea del defensor oficial Jorge Sayago –que apelará el fallo–, la Justicia acreditó por primera vez la existencia de la Triple A de Bahía Blanca, cuyos crímenes permanecen impunes.

También dio por acreditada la existencia de un diploma en el estudio de Montezanti otorgado por una “Liga Anticomunista Argentina”, firmado por el comandante del Cuerpo V en 1975, general Guillermo Suárez Mason, “aunque de ello sólo se pueda extraer, a todo evento, una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.

Aquella tarde de 1974, al enterarse de la toma de la UTN, más de 300 estudiantes de la UNS interrumpieron una asamblea y marcharon en solidaridad. Los testigos contaron que al llegar vieron al grupo armado y, en el medio, a “un hombre de traje y corbata” que resultó ser Montezanti. Pronto supieron que los ocupantes “eran trabajadores de la Junta Nacional de Granos y respondían al sindicalista Rodolfo Ponce”, diputado nacional, delegado de la CGT y cara visible de la AAA. Con el tiempo conocieron algunos nombres: Jorge Argibay, su hijo Pablo, Roberto Sañudo, Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Miguel Angel y Héctor Oscar Chisú (Argibay padre y Sañudo murieron. El resto nunca fue citado por la Justicia).

Los siete fueron contratados en 1975 por el rector interventor de la UNS Remus Tetu como “personal de seguridad y vigilancia”. Montezanti “charlaba animadamente con ellos” aunque no portaba armas. Pese al esfuerzo del camarista por desacreditar a quienes consideró “perjuros” y “canallas”, para Ares los testigos fueron “convincentes y veraces”. Si bien un “único y aislado incidente” impide vincular, “en grado de certeza”, al juez con la Triple A, Ares absolvió a Rodríguez del delito de calumnias por considerar que incurrió en un error de tipo que excluye el dolo, es decir que señaló al magistrado como miembro de la Triple A “convencido de buena fe de la real autoría en torno de la comisión de un delito de acción pública”.

Un petiso laburante

Pese a la oposición del defensor Sayago, que objetó la conversión del querellante en testigo y le sugirió declarar en la causa Triple A que instruye Norberto Oyarbide, el juez autorizó a Montezanti a explayarse sobre las acusaciones en su contra y sobre los datos consignados el 9 de abril por Página/12.

Afirmó que desde 1969 fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero no tuvo “nada que ver con la Triple A ni con patotas”, pues se considera “un inútil redomado” en materia de armas. El secretario de la UOM bahiense Albertano Quiroga era enemigo de Rodolfo Ponce. “No se podían ver ni en figuritas. Nadie podía estar con ambos”, aclaró.

Durante la gestión en la UNS de Remus Tetu (profesor rumano que huyó a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que formó parte del gobierno colaboracionista de la ocupación nazi, y que heredó al grupo de choque de Ponce) se consideraba “el último orejón del tarro, un petiso que laburaba”, a pesar de lo cual en 1975 le ofrecieron ser juez federal de Bahía Blanca.

“Deploro no haberme hecho cargo del juzgado porque el asesinato de Cilleruelo me hubiera tocado a mí”, lamentó, mientras su abogado Hugo Sierra –secretario del juzgado que tuvo una intervención simbólica en la causa– parpadeaba nervioso. Cilleruelo fue asesinado por el jefe de custodios de Tetu, suboficial de la Armada Jorge Argibay, y pese a las pruebas abrumadoras en su contra no estuvo un solo día preso por ese crimen.

Montezanti aclaró que no formuló ninguna presentación en favor del militante de Tacuara Néstor Beroch –tal como consignó este cronista– y explicó su fugaz relación con el general Acdel Vilas, comandante del Cuerpo V en 1976. “En los primeros días del Proceso” el frío de un FAL entre sus piernas le interrumpió la siesta. “Eran tres milicos. Reventaron mi casa por algo que le adjudicaban a Quiroga. Indignado fui al correo y le escribí una carta documento a Vilas. Me llamó, me invitó a tomar un café, se disculpó y me pidió una tarjeta. Por eso me pidió que lo defendiera, cargo que extrañísimamente decliné.” El pedido de Vilas fue en 1987, es decir que conservó la tarjeta durante once años.

Sobre el médico acusado de asistir a secuestrados en La Escuelita, Humberto Adalberti tiene “el peor de los conceptos: ni honorarios me pagó”. Tomó su caso porque repudia los escraches, símbolos de “barbarie, salvajismo y primitivismo”. Pese a que vivió el juicio que impulsó como “un proceso de la Santa Inquisición” celebró haber tenido “mi día ante el tribunal”. “Ni nazi ni facho: demócrata convencido”, concluyó. Ares le creyó “pues las personas evolucionan y maduran”.

Cuando Rodríguez afirmó que en sus clases Montezanti adjudicaba la muerte de Cilleruelo a “un arreglo de cuentas en su organización”, este cronista –a un metro y medio del querellante– lo escuchó decir “hijo de mil puta” y vio su rostro desencajado. Un día antes había llamado “patoteros baratos” a quienes presenciaban la audiencia, incluidas dos Madres de Plaza de Mayo. “¿Quién se anima a colgar un cuadro firmado por Suárez Mason?”, preguntó Rodríguez. “No fue un filósofo, fue un criminal que repudian las propias Fuerzas Armadas”, explicó. El imputado agradeció a Montezanti la querella porque “gane o pierda pude decir toda la verdad”, leyó el listado de víctimas de la Triple A que “hoy vivirían felices” y se declaró orgulloso “porque no renuncio a mi pasado”. La sala lo aplaudió de pie.

–¿Por qué en virtud del momento (en 2002 era candidato a camarista) no se dirigió al Senado o al Consejo de la Magistratura?, preguntó Montezanti.

–Por ignorante –se sinceró Rodríguez–. Así me lo explicó un abogado.

Esto debió tratarse en el poder público.