La Cámara en lo Penal Económico ordenó dividir la investigación del caso Skanska: estableció que el juez penal tributario Javier López Biscayart se debe limitar a analizar las maniobras de evasión de la empresa sueca y la emisión de facturas truchas, mientras que habilitó al juez federal Guillermo Montenegro a avanzar en la pista de las coimas que, se sospecha, habría pagado la multinacional para la ampliación de un gasoducto. Según la resolución de los camaristas, se trata de hechos diferentes. Es factible que la disputa no quede cerrada y deba resolverla la Cámara de Casación Penal, el tribunal al que el Gobierno tiene entre ceja y ceja.

La investigación de López Biscayart apunta a delitos muy severos, como la evasión tributaria agravada, que no es excarcelable: prevé prisión de tres años y medio a nueve años. Este juez ya aplicó la figura de asociación ilícita para los miembros de una empresa fantasma, Infiniti Group, dedicada a vender facturas truchas para aparentar gastos. Ahora deberá ceder a su colega Montenegro lo que tenga que ver con el cohecho (coimas). Este magistrado analiza delitos contra la administración pública, con castigos más “leves”. Si –por ejemplo– algún funcionario fuera acusado de cohecho (coimas), podría esperar su juicio en libertad.

La resolución de la Cámara establece que la utilización de facturas de una sociedad inexistente por parte de Skanska “no necesariamente” está ligada a la “evasión impositiva”. Sería “prematuro”, dicen los camaristas Roberto Hornos, Marcos Grabivker y Carlos Pizzatelli, que el juez penal tributario investigue sobornos, que implican un delito federal. Por ahora, insistieron, se trata de hechos distintos. Según allegados al tribunal, esta división no tiene por qué poner en peligro ninguna de las dos causas. Otras fuentes del caso señalaron que esta resolución podría ser un alivio para los funcionarios que sean investigados, si es que salen de la órbita del expediente de López Biscayart. De todos modos, al defender por escrito su competencia para rastrear las supuestas coimas no descartó imputaciones a funcionarios públicos “como partícipes o instigadores de las posibles evasiones investigadas”.

El origen de la maniobra que estudia la Justicia fue el concurso de precios, en 2004, que ganó la sueca Skanska para la ampliación del Gasoducto del Norte, en Córdoba, impulsada desde el Ministerio de Planificación. El Gobierno encargó la gerencia de la construcción a Transportadora Gas del Norte (TGN) y el proyecto era supervisado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

López Biscayart fue el primero que tuvo el tema en sus manos. El puntapié resultó ser una denuncia que presentó la AFIP en 2005 sobre facturas apócrifas que aparecieron en los balances de varias empresas, entre ellas Skanska. Infiniti Group, corroboró el juez, era una de las proveedoras de facturas falsas y sus integrantes fueron procesados por asociación ilícita; dos están detenidos. En un comienzo, la multinacional admitió que había evadido impuestos y pagó. Tiempo después, aparecieron indicios que sugerían que los servicios inexistentes que figuraban en la contabilidad de Skanska podían encubrir coimas para adjudicar la construcción del gasoducto Norte. La firma sueca terminó admitiendo el pago de “comisiones indebidas”.

En diciembre último, el diputado del ARI Adrián Pérez se presentó en el fuero federal y pidió que allí se investiguen específicamente las coimas. El fiscal Carlos Stornelli hizo un requerimiento por los delitos de cohecho, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude. Planteó un rastreo más amplio, ante la hipótesis de que pudo haber sobornos en más obras públicas en base al fondo fiduciario que se nutre de la tasa que pagan los mayores usuarios de gas. Stornelli apuntó directamente al ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios de su área: el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, y el del Enargas, Fulvio Madaro. También abarcó, claro, a Skanska e Infiniti.

Hubo varias señales que despertaron sospechas en los investigadores:

- El hallazgo de “memorandos internos” de Skanska, de julio de 2005, sobre la adjudicación de las obras de un gasoducto. Esas notas decían que a través del Fideicomiso Nación, a cargo de Néstor Ulloa, se le habían dado una serie de recomendaciones a la empresa para “conseguir una aprobación fluida y sin problemas del proyecto”: se sugirió la contratación de Infiniti Group.

- Adrián Félix López, que está preso como cabeza de la asociación ilícita Infiniti, declaró ante el juez que por las facturas truchas recibió varios pagos de Skanska, uno con un cheque por 600.000 pesos. López involucró al ministro De Vido en la maniobra, aunque aclaró que no le constaba su participación.

- Un intercambio de notas en las que TGN (cuyo socio mayoritario es Techint) le advirtió al Enargas sobre la existencia de sobreprecios de hasta 152 por ciento en las ofertas de distintas empresas (entre ellas Skanska) presentadas en el concurso de precios para la obra. Pese al alerta, el Enargas, a cargo de Madaro, dispuso la contratación de Skanska, BTU y Contrera Hermanos, para montar tres plantas compresoras. Se calcula que se pagaron cerca de 14 millones de pesos “de más”.

La semana pasada, el presidente Néstor Kirchner habló por primera vez del caso Skanska y dijo que se trata de “un acto de corrupción entre privados” que es ajeno al Gobierno. Luego agregó: “Si un funcionario no hace lo que se debe, se va”.

En los últimos meses, los jueces López Biscayart y Montenegro venían superponiendo medidas de prueba. Allanaron los mismos lugares y convocaron similares testigos. La pelea por la competencia se desató después de que el fiscal tributario Germán Bincaz planteó que había que dividir la causa. López Biscayart intentó seguir investigando todo: evasión y coimas. En el ínterin, fue denunciado por el Gobierno cuando decidió mudar por razones de seguridad a López, el hombre de Infiniti Group preso por asociación ilícita, a dependencias de la Policía Federal. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, lo acusó de “avasallar” sus funciones. El Consejo de la Magistratura rechazó el planteo. Fernández, añadieron fuentes de la causa, le había negado también la custodia de Gendarmería para documentación que el magistrado quería proteger.

Allegados a ambos expedientes vaticinaron que es probable que los imputados de Skanska (que están en riesgo de ir presos) recurran la decisión de la Cámara Penal Económica cuestionando la existencia “doble juzgamiento”. Pues entonces deberá decidir la Cámara de Casación Penal, donde ya hay un planteo sobre la detención de López que quedó radicado en la Sala IV, la misma cuestionada por el ministro Fernández, aunque en este caso funcionaría con otros miembros.