Por Enrique Rodríguez*

Juntamente con otros diputados presenté un proyecto de ley que declara la emergencia social en la Ciudad de Buenos Aires, y otorga facultades, derechos y obligaciones al Poder Ejecutivo, fundada en la emergencia económica, para garantizar las prestaciones sociales y de educación.
Por la ley Nº 752 se establecieron derechos, que son los que determinan funciones del Poder Ejecutivo por este proyecto, que fuera votado por unanimidad de la Legislatura, y que permitieron garantizar las prestaciones en materia de salud, por ejemplo comida en los hospitales, incluso en la Casa Cuna.
Por el proyecto se crea un fondo solidario con el 30 por ciento de la recaudación nominal que supere mensualmente la recaudación prevista en el presupuesto vigente. A partir del mes de agosto este fondo podía contar con sumas importantes que, por el no tratamiento de la ley, no se podrá crear el mismo y que tiene como objetivo planes sociales, alimentarios y de empleo para la población vulnerable.
La señora Liliana Chiernajowsky, con quien compartí funciones como constituyente y diputado de la Ciudad, sostiene que el proyecto se trataría de “un favor que le estaría haciendo al Jefe de Gobierno”.
No sé qué quiere decir con esa afirmación. No acepto imputaciones directas o veladas que ataquen sin fundamento a cualquier persona de bien. Di muestras de ello cuando, luego de la renuncia de Eduardo Jozami, acusado falsa y aventuradamente de actuaciones irregulares, salí en su defensa y pedí precisiones.
Sostiene la señora que ella había creado el Registro de Beneficiarios que establece el proyecto, pero ni cuando era vicejefa de gabinete de Ibarra ni aun ahora el registro funciona, y no están incluidos los beneficiarios de los planes sociales nacionales, ni tampoco los programas de empleo. Nadie ignora las imputaciones de clientelismos contra los planes alimentarios, los abusos en los planes de alojamiento en hoteles, y el escándalo del Programa Nuevos Roles Laborales, que implementaban militantes universitarios de la Alianza, que se sucedieron cuando Liliana Chiernajowsky integraba la Alianza y luego el gabinete de Ibarra.
El Registro Unico de Beneficiarios no existe, no se aplica, por eso es necesaria una ley que abarque la totalidad de los programas y que establezca su unificación ya que se ejecutan más de 100 programas en la Ciudad de Buenos Aires.

* Ex ministro de Trabajo de la Nación y actual diputado porteño.