“El presidente George Bush está comprometido personalmente en ayudar al país a superar su crisis”, declaró ayer el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Martín Silberstein. Sus palabras habían sido esperadas con ansiedad durante todo el día, después que se confirmó que daría una inesperada conferencia de prensa. La expectativa era que anunciara un crédito extraordinario del FMI o del Departamento del Tesoro por 1500 millones de dólares. “Es nuestra única chance de parar la crisis”, decían en el gobierno de Jorge Batlle. Las horas hasta el encuentro del embajador con los periodistas pasaron con angustia. En las calles de Montevideo hubo un impactante despliegue policial. Los comercios cerraron más temprano por temor a nuevos saqueos, que no se produjeron con la potencia del día anterior, aunque se contaron algunos episodios menores. Las fuerzas políticas y sindicales estuvieron reunidas diseñando estrategias. Y cuando llegó la hora de la verdad, un emocionado Silberstein dijo que Bush, en persona, se ocupará del caso Uruguay.
El embajador contó que su presidente “admira la forma en que el país enfrenta esta crisis de manera unificada”. Resaltó que “los principales dirigentes políticos antepusieron los intereses nacionales a los suyos propios”, y manifestó su esperanza “a que continúen en la misma dirección”.
–¿Habrá un crédito para Uruguay? –preguntó finalmente un periodista.
–En este momento no hay un cronograma ni conclusiones definitivas sobre cuándo, cuánto y de qué manera va a venir el dinero –desilusionó Silberstein.
Sin embargo, el desánimo terminaría pronto. Sólo es preciso que entre hoy y mañana el Parlamento transforme en ley el plan que trazaron en Washington para resolver el descalabro financiero. Y que después el gobierno aplique un severo programa de ajuste fiscal y de reestructuración del Estado. A cambio de ello, recibiría el crédito con el que espera aguantar de pie la reapertura de los bancos pasado mañana. Se trata de una huida hacia adelante, de la profundización del modelo que llevó a Uruguay a esta crisis inédita. Por algún motivo, la coalición gobernante de colorados y blancos supone que las consecuencias de ese plan serán distintas a las que tienen ante sus ojos por políticas similares aplicadas en el pasado.
El negociador uruguayo en Washington es el subsecretario de Economía, Isaac Alfie, un economista ortodoxo al estilo FIEL o CEMA. El proyecto de ley para el sistema financiero consiste en la entrega de títulos públicos a tres años a los ahorristas de plazos fijos de la banca pública y de las entidades financieras actualmente gestionadas por el Estado, luego de que cayeron en desgracia. Un 25 por ciento de los bonos vencería al año, un 35 al siguiente y el resto al tercero, todos en la moneda original. Los depositantes en bancos privados quedarían a salvo de cualquier restricción, debido a que las casas matrices capitalizarían a sus filiales. Así lo harían los bancos Santander, BBVA, Citibank y Boston, entidades que en Argentina presionaron por el corralito cuando la corrida les había hecho perder demasiado dinero.
Una eventual derivación de este esquema es un rebrote de la protesta de los ahorristas argentinos, que verán como del otro lado del Río de la Plata los mismos grupos a los que confiaron su dinero cumplen con los depositantes uruguayos. La diferencia, dicen los banqueros, es que a Uruguay el FMI le daría 1500 millones de dólares, mientras que Argentina sigue penando por un acuerdo de refinanciación de vencimientos.
El Banco República es el equivalente uruguayo del Banco Nación argentino. Se trata de la principal entidad oficial, a cargo del 60 por ciento del financiamiento a productores rurales y pymes. Si queda obligado a entregar bonos a sus depositantes, su confiabilidad quedará mal herida, mientras la banca extranjera aparecerá como la única opción válida parahacer un depósito. Los bancos Comercial –anteriormente gestionado por los hermanos Rhom– y de Crédito también entrarían en el Plan Bonex, debido a que los administra el Estado después de que estalló la crisis. Para el caso del banco Montevideo-La Caja Obrera, la posibilidad más firme es que se disponga su liquidación, aunque los ahorristas también recibirían bonos.
Colorados y blancos, los dos partidos de la coalición de gobierno, aprobarían el proyecto de ley entre hoy y mañana. El partido Nacional (o Blanco) manifestó ayer su apoyo a la iniciativa, después de una larga reunión de sus máximos dirigentes y un encuentro con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry. El Frente Amplio anticipó su oposición, pero los votos oficialistas alcanzan para convertir al proyecto en ley. El vicepresidente Luis Hierro López advirtió lo que pasaría si el Congreso rechazara el proyecto: “Uruguay podría entrar en cesación de pagos a nivel internacional”. Para presionar a los legisladores, también dijo que “la situación se tornaría gravísima”.
Además del apoyo de Bush transmitido por el embajador en Uruguay, desde Washington hubo distintos mensajes para el gobierno. El portavoz del Departamento del Tesoro sostuvo que “hubo un buen progreso” en las negociaciones por un crédito extraordinario, aunque tampoco pudo precisar cuándo se concretaría el desembolso. Por su parte, el vocero del FMI, Thomas Dawson, dijo que no tenía ninguna novedad sobre el crédito, pero alentó esperanzas, al afirmar que podría anunciarse durante el fin de semana.
En Montevideo hubo largas filas frente a los cajeros automáticos, con trabajadores retirando sus sueldos. El plan para la crisis financiera no contempla ninguna restricción al retiro de fondos de cuentas a la vista.
Los depósitos en plazo fijo que serían canjeados por bonos suman unos 5000 millones de dólares. “El gobierno de Estados Unidos se complace en dar su apoyo al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y al FMI para que ayuden a Uruguay a cumplir con su trato”, concluyó Silberstein en su destacada participación del día.