El esquema argumental con que el ex banquero Raúl Moneta acostumbra a explicar el hundimiento de sus dos entidades financieras y del CEI sufrió un duro golpe. Fue cuando la justicia federal mendocina resolvió archivar las actuaciones derivadas de una autodenuncia formulada por los diputados Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter, ambos pertenecientes al Partido Demócrata. Gutiérrez y Balter habían solicitado que se investigaran las acusaciones vertidas contra ellos en un informe producido y difundido por la agencia de investigaciones “Kroll”. El juez Raúl Sánchez sostuvo que las afirmaciones de Kroll o bien no estaban fundadas o no eran constitutivas de delito. Por el contrario, el magistrado señaló que el “informe” tenía como única finalidad desacreditar a los diputados y fue inspirado y pagado por Moneta.
El informe que dio pie a la presentación lleva la firma del ex agente de los servicios de inteligencia norteamericanos Frank Holder. Holder desembarcó en la Argentina de la mano del ex fiscal Luis Moreno Ocampo, con cuyos trabajos de “transparencia” corporativa colaboró durante un tiempo. Tras distanciarse de Moreno Ocampo, Holder fundó su propia empresa, Kroll, con la que también estuvo ligado Rodolfo Galimberti. El reporte aportado por Gutiérrez y Balter al tribunal sindicaba a los diputados “como autores materiales de varios delitos” y fue “profusamente difundido” por la edición dominical del diario Uno de Mendoza del 20 de mayo de 2001, “bajo la apariencia de una entrevista al propio Holder”. Si bien el juez no lo menciona, tampoco es un dato menor que ese diario sea propiedad del Grupo Uno, conformado por el empresario Daniel Vila y el ex ministro del Interior del menemismo, José Luis Manzano: el canal de televisión del Grupo había sido tiempo antes el escenario elegido para emitir el programa “Cara a Cara con Moneta”, un especial destinado a que el ex propietario de los bancos República y Mendoza se explayara sin interferencias. Asimismo, una vez desactivado el CEI –uno de los principales proyectos multimediáticos de la década de los 90, inspirado por el Citicorp, Moneta, el grupo Werthein y fugaces sociedades fantasma, y sostenedor de la candidatura de Carlos Menem para una tercera presidencia–, el ex banquero arrimó el ascua a la sardina del Grupo Vila con el que tuvo desde siempre afinidades políticas y financieras.
El juez Sánchez, en su resolución, no se anduvo con rodeos. Su pronunciamiento señala con claridad que el “informe Kroll” se conecta “evidentemente con la verdadera campaña de desprestigio que sufriera el diputado Carlos Balter con motivo de su postulación para una banca en la Cámara de Senadores de la Nación durante las elecciones del 14 de octubre pasado”. Ese material, asegura el magistrado, fue encargado por Moneta y constituyó el punto de partida de la campaña destinada a socavar las posibilidades electorales del demócrata. Sánchez evalúa “que se empleó mucho dinero para pagar dos ‘publicaciones’, afiches callejeros y otros recursos igualmente bajos (como un almanaque con la imagen del candidato y las consabidas diatribas en su contra). En ese sentido no hace falta más que recordar que la mayor parte de los hechos ‘denunciados’ en esa campaña eran justamente los contenidos en el informe Kroll”. “De que al informe lo encargó Moneta –prosigue la resolución– no pueden caber dudas ya que lo afirmó el propio Frank Holder en la entrevista publicada.”
Para aventar cualquier sospecha de parcialidad, Sánchez recuerda que el fiscal federal capitalino Miguel Osorio también había cuestionado la seriedad del informe Kroll: el trabajo de Holder, había entendido Osorio, “lejos está de describir concretamente hechos típicos de conductas delictivas; por el contrario, se puede interpretar que fue confeccionado en base a presunciones, quedando de manifiesto que su promotor tendría un interés particular en la persecución de los investigados y siendo sospechoso, al filo de lo ilegal”. Osorio puntualizó en aquella ocasión que Moneta “en forma privada contrató a una empresa para que realice una investigación tratando de incriminar penalmente personas y utilizandométodos al menos cuestionables (...) lejos estamos de cumplir con nuestra función como Ministerio Público si nos prestamos a este tipo de maniobras tendientes quizá a cuestiones personales que buscan dar revancha por este medio”.
El juez mendocino fue aún más explícito en sus fundamentos: “Ya nadie puede dudar que el señor Moneta no se ha detenido ante nada ni nadie y que ha utilizado cuanto medio puede comprar para lograr sus bajos fines”. El magistrado admite, no obstante, que lo verdaderamente preocupante es la elusión de la Justicia en el camino recorrido por el informe Kroll, difundido por la prensa y distribuido luego en el Senado mendocino. “Fue necesario que los propios afectados, advirtiendo esto, solicitaran a la Justicia que los investigara”, se explaya Sánchez, quien no olvida subrayar que “el señor Moneta ha dispuesto de sus al parecer cuantiosos medios económicos para vengarse de las personas que lo han investigado o públicamente han manifestado reparos respecto de los aspectos oscuros de su actividad financiera”.
Memoria y sentido común permitieron al juez Sánchez llegar al fondo de la cuestión: Gustavo Gutiérrez y el contador Luis Balaguer iniciaron la investigación de los hechos que provocaron la caída de los bancos Mendoza y de Previsión Social, propiedad de la provincia y, una vez saneados, privatizados en favor de Moneta. Dicha investigación conducía en línea recta a los manejos del Banco República y por lo tanto al CEI y la activa relación societaria con el Citibank. Ese trabajo, al que en las últimas etapas se sumó Elisa Carrió, llegó al Senado de Estados Unidos, cuya subcomisión de investigaciones produjo un informe lapidario y echó luz acerca de la pertenencia del Federal Bank (con sede en Bahamas y lugar por donde pasó el primer millón de dólares de la coima del affair IBM-Banco Nación) al llamado Grupo Moneta. Todo indica que la operación montada por Moneta para desacreditar a Balter no fue sino un tiro por elevación contra Gutiérrez, destinado a complicar su situación partidaria y enrarecer la campaña electoral de los demócratas. Otra muesca en la culata del revólver de Moneta fue el juez federal Luis Leiva, quien en su calidad de instructor de la causa libró la orden de captura por la que el banquero se mantuvo prófugo durante seis meses. Salido de la clandestinidad y sostenido por un fallo de la Sala I de la Cámara Federal y un posterior pronunciamiento de la Corte, el ex banquero hizo llover sobre el Consejo de la Magistratura casi una veintena de denuncias contra Leiva. El Consejo, acaudillado por sus integrantes menemistas, decidió sumarse a esa estrategia y sentar al magistrado ante el jury de enjuiciamiento. Este año, en una tramitación con escasos precedentes, Leiva fue destituido de su cargo. Moneta lo había prometido al amenazar: “Va a terminar como (Hernán) Bernasconi”.