En junio del año pasado, cuando los envíos de comida dejaron de llegar a los asentamientos de Lomas de Zamora, desocupados de treinta barrios del distrito decidieron tomar la municipalidad. El miércoles 13, a las nueve y media de la mañana, más de 600 personas se reunieron en la puerta de entrada del edificio. Un grupo ingresó al patio y otro rodeó las entradas para exigir ser atendidos por el intendente. Una vez que fueron recibidos, las autoridades constataron que efectivamente y “por algún error” la comida no les estaba siendo enviada. Admitida tal situación se firmó un acta acuerdo, tras lo cual Raúl Castells, quien había encabezado el reclamo, fue detenido. Un fiscal lo acusó de coacción agravada, usurpación, incitación a la violencia y privación ilegítima por la libertad, cargos por los que hoy continúa cumpliendo arresto domiciliario. Este mediodía piqueteros, gremios, asambleas barriales y partidos de izquierda realizarán una marcha desde el Puente La Noria a los Tribunales de Lomas de Zamora para entregar 112 mil firmas por la libertad del dirigente. Los organizadores anunciaron que saldrán del Puente a las 10 para llegar al juzgado a las once y media.
Participarán de la movilización el Movimiento de Jubilados y Desocupados, los piqueteros del Bloque Nacional y Barrios de Pie, la FUBA, ATE zona sur, Izquierda Unida, el Partido Obrero y el Polo Social, entre otros.
El reclamo por el que se originó la protesta en la que Castells fue arrestado se centró en dos puntos: 8500 kilos de alimentos y 150 planes de empleo. El día de su realización, la municipalidad estaba paralizada debido a que los empleados no habían cobrado sus sueldos e impulsaban una medida de fuerza. “Entrar al edificio fue fácil, no hubo ningún tipo de violencia”, recordó ayer Castells.
La policía llegó una hora después de la toma, con un despliegue que incluyó tropas de infantería y caballería. Comandó el operativo Daniel Rago, el mismo comisario que en los ‘90 fue estrecho colaborador de Juan José Ribelli, y cuya voz quedó grabada en las escuchas telefónicas de la causa AMIA en las que se documentaron los manejos sucios de la banda de policías bonaerenses.
Junto al comisario, ubicados fuera del edificio, seis fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, siguieron lo que ocurría encabezados por la autoridad máxima del área Eduardo Alonso.
Habrán tenido que esperar bastante. Los manifestantes fueron recibidos después de tres horas de espera. Los atendió el intendente Edgardo Di Dío con un grupo de colaboradores. La subsecretaria de Acción Social Mirtha Quiroga debió responder al reclamo de comida.
“Castells decía que le habían sacado la mitad de la mercadería”, declaró la funcionaria en el juzgado. “Yo no lo sabía, me enteré cuando llamé al depósito el mismo día. El error me molestó mucho porque creía que se había cumplido con la entrega que se le hacía en forma mensual a la gente representada por Castells”.
El municipio se comprometió así a solucionar el tema y realizar gestiones en lo relacionado con los planes de empleo, que estaban fuera de su jurisdicción. Firmado el acuerdo, los piqueteros se desconcentraron pacíficamente. Castells fue detenido mientras volvía a su casa.
El 13 de julio del año pasado, la jueza Marisa Salvo dictó la prisión preventiva por los delitos de coacción agravada y usurpación. En la elevación a juicio oral el fical José Luis Juárez solicitó que se agreguen las figuras de privación ilegítima de la libertad e incitación a la violencia. La jueza apoyó su auto de prisión preventiva en las declaraciones del comisario Rago, quien había asegurado que en la protesta de los desocupados hubo “numerosos manifestantes, mujeres y niños con algunos bidones que presumiblemente podían ser de combustible”. “Sin embargo, ni uno solo de esos bidones fue secuestrado por el personal policial a su cargo, ni siquiera fotografiado”, sostuvieron las abogadas defensoras de Castells Miryam Bregman e Ivana Dal Bianco, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Para las abogadas, no hay pruebas que sustenten las acusaciones contra su defendido. “Sólo declaraciones que, como las de Rago, estigmatizan a los manifestantes mostrándolos como peligrosos o violentos”.
Castells pasó los primeros tiempos preso en el Comando de Patrullas de Avellaneda, bajo supervisión del comisario Mario Mijín, integrante del grupo de policías destinado al campo de concentración Destacamento Arana durante la dictadura y jefe directo de Alfredo Fanchiotti durante la masacre de Avellaneda. Durante siete meses los pedidos de prisión domiciliaria le fueron denegados. El 20 de diciembre, en el marco de las protestas que derivaron en la renuncia de Fernando de la Rúa, fue trasladado a su casa, lugar donde permanece cumpliendo arresto.