La foto no fue la misma que juntó a los principales líderes opositores contra la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura, pero la resistencia contra el proyecto oficialista que “busca reducir la autonomía y poner límites al control” de la Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a reunir a todas las bancadas opositoras. En una audiencia pública realizada en el anexo de la Cámara de Diputados, los legisladores coincidieron en la “necesidad” de frenar la iniciativa y “consensuar” un proyecto que amplíe las facultades de la AGN. Después del encuentro opositor, el oficialismo postergó sin fecha el debate del proyecto que iba a ser tratado hoy en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

“Buscan transformar un ente de control técnico externo del Estado en un organismo asistente del Congreso, que quedará relegado a la Comisión Revisora de Cuentas del Parlamento que instruirá qué y cómo controlar y qué cosa se puede publicar o no”, dijo a Página/12 el diputado Claudio Lozano. El economista de la CTA y candidato a jefe de Gobierno porteño fue uno de los convocantes al encuentro que reunió a los bloques opositores (UCR, ARI, PRO, el peronismo no kirchnerista, socialistas y la Concertación Entrerriana, más algunos diputados cordobeses del Partido Nuevo); al presidente del AGN y sus trabajadores, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y distintas ONG.

El proyecto del oficialista Oscar Lamberto para modificar la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público plantea que la AGN debe “dar a publicidad todo el material señalado, con excepción de aquel que, por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer reservado” y que dicha comisión deberá “instruir a la AGN sobre cuestiones de su incumbencia”.

La iniciativa –que también lleva la rúbrica del presidente de la Cámara baja, Alberto Balestrini; la vicepresidenta primera del cuerpo, Patricia Vaca Narvaja; y el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi– propone reducir el mandato de los siete auditores, nombrados por el Parlamento, de seis a cuatro años. Los legisladores kirchneristas argumentaron que, con las modificaciones, la AGN podrá auditar los cuestionados fondos fiduciarios, pero la oposición centró sus críticas en las restricciones que impondrá la nueva ley, aunque admite que la misma llena un vacío reglamentario desde la creación de la AGN por la convención constituyente del ’94.

“Vamos a insistir para que el proyecto quede postergado, sino vamos a resistir desde la ley”, afirmó el presidente de la AGN Leandro Despouy. Rodeado de los jefes de todas las bancadas opositoras, Despouy defendió la actividad de la AGN y en especial los informes que sirvieron de soporte legal para que el Estado rescinda las concesiones del Correo Argentino que regenteaba el grupo Macri y del espacio radioeléctrico que manejaba la empresa francesa Thales Spectrum.

Despouy también cuestionó que el Gobierno no tuviera en cuenta las auditorías de la AGN sobre las compañías que dirigió el empresario Sergio Taselli, como las “administraciones terroríficas” del yacimiento carbonífero de Río Turbio y Altos Hornos Zapla, y no sólo al frente de Metropolitano con el manejo de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur. Uno a uno, los principales referentes opositores volcaron sus críticas. La arista Marcela Rodríguez subrayó que las nuevas empresas con participación mayoritaria del Estado, como Enarsa y AYSA, “se manejan a través del derecho privado evitando los controles públicos” y que el Banco Central “tiene otro proyecto para cambiar su carta orgánica para evadir esos mismos controles”. El presidente de la bancada del ARI, Eduardo Macaluse, quiso poner en contexto la resistencia opositora: “Estamos hablando de la soga en la casa del ahorcado”, dijo para referirse al caso Skanska e insistió en que “no se trata de un caso aislado sino de un sistema de exacción de los recursos públicos”. Incluso, sugirió un encuentro con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para poner “freno al avasallamiento de los poderes republicanos”.

El radical Fernando Chironi ordenó la resistencia en dos planos: “impedir que el proyecto oficialista sea aprobado” y “construir entre todos un buen proyecto que ratifique y fortalezca la autonomía” de la AGN. El jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, afirmó que el proyecto “contribuye al manejo discrecional o corrupto de los fondos públicos”. Un tema al que el también macrista Jorge Vanossi se encargó de ponerle palabras más duras aún: “Se trata de la apología de la impunidad”, dijo y afirmó que si la modificación prospera “nos pone frente al abismo de la carroña”.

La resistencia opositora logró, al menos por ahora, su cometido. “No queremos echar más leña al fuego en este momento”, esgrimieron desde las presidencias de la cámara y del bloque oficialista, y aseguraron que el tema no se tratará, como estaba previsto, hoy en la Comisión de Presupuesto.