El juez federal Guillermo Montenegro allanó las oficinas de Nación Fideicomisos S.A. en busca de documentos ligados al financiamiento de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, en el caso Skanska. El ex gerente de esa división del Banco Nación, Néstor Ulloa, está bajo sospecha de haber sido un engranaje central en el circuito de presuntas coimas y sobreprecios.

El operativo de Montenegro, según fuentes judiciales, se realizó en las oficinas de la calle 25 de Mayo, entre Perón y Mitre, donde Ulloa cumplía funciones hasta la semana pasada, cuando fue separado de su cargo tras ser citado a indagatoria a pedido del fiscal Carlos Stornelli. Como gerente del fideicomiso, Ulloa administraba los fondos para el financiamiento de la construcción de los gasoductos.

Un juez penal tributario, Javier López Biscayart, descubrió que en aquel proceso Skanska utilizó facturas truchas por cerca de 17 millones de pesos y dictó ya diez procesamientos por evasión agravada. Montenegro investiga los posibles sobornos a funcionarios y lo que se pagó de más.

Hasta ahora las pruebas que más comprometen a Ulloa son un e-mail y un memo interno de Skanska donde el ex gerente Alejandro Gerlero lo señala como quien sugirió a la compañía sueca contratar a Infiniti Group, empresa fantasma que le proveyó facturas falsas para simular gastos. Por otro lado, en una grabación que integra una auditoría interna de la firma, el ex gerente Javier Azcárate habla de comisiones indebidas destinadas en un 2 por ciento al Fideicomiso del Banco Nación y en un 3 por ciento al Enargas, cuyo ex titular, Fulvio Madaro, también citado a indagatoria.

En marzo, cuando se presentó espontáneamente ante la Justicia, Ulloa –representado por los abogados Oscar Rabinovich y Pablo Slonismqui– entregó documentos de todos los pagos a Skanska, varias notas vinculadas a las obras y el contrato del fideicomiso. Con la indagatoria en puerta, el juez buscará toda la evidencia posible. Además, el fiscal Stornelli impulsa una investigación sobre todo el sistema de fondos fiduciarios y las obras públicas que financió.

El sistema de fideicomisos, que se crean para obras específicas, se arraigó con el actual gobierno: son cuentas que se nutren de los “cargos específicos” que pagan grandes usuarios de gas. Las empresas que participan también pueden tomar créditos, algo que ocurrió en el caso Skanska. Los aportes están garantizados con fondos públicos.

Los diputados Claudio Lozano y María América González –candidatos a jefe de gobierno y vice porteño– cuestionan el sistema y ayer presentaron un recurso de amparo para que se suspenda el cobro de los 2600 millones de dólares del llamado fondo fiduciario II, previsto para obras de infraestructura de transporte de gas hasta 2009 a cargo de TGS y TGN, las mismas gerenciadoras de los gasoductos donde participó Skanska. Plantean que el Enargas incumplió su obligación de llamar a una audiencia pública para detallar proyectos y costos y, así, justificar el valor de los “cargos específicos” cuyo aumento en 280 por ciento –dicen– impacta en el bolsillo de los consumidores.