Hace tiempo que el Gobierno dejó de ilusionarse con el apoyo del FMI. A esta altura, incluso, en el Ministerio de Economía confiesan su total desconcierto sobre cómo pueden terminar las negociaciones. No sería extraño que el organismo de crédito imponga nuevas condiciones que obliguen a otra ronda de discusiones interminables. “Pueden exigir que se vote la ley de inmunidad para los directores del Banco Central o que se privatice el Banco Nación. Cualquier cosa es posible”, señaló a Página/12 uno de los miembros del equipo económico de mayor confianza de Roberto Lavagna. Lo dijo a modo de ejemplo y sin que esos temas tengan por qué aparecer en la agenda, pero describen el cuadro de situación que visualiza el Poder Ejecutivo. En función de ese diagnóstico, el ministro de Economía preparó su estrategia para la entrevista que sostendrá mañana con su par estadounidense, Paul O’Neill, quien esta tarde aterriza en Buenos Aires. Lavagna le dirá que Argentina no está en condiciones de desembolsar casi 3000 millones de dólares en setiembre para cubrir vencimientos con el FMI, el Banco Mundial y el BID. Y remarcará que las opciones de Washington son refinanciar los pagos o condenar a la Argentina a un nuevo default.
El endurecimiento de Lavagna se debe a que se quedó sin margen para negociar. Si el FMI dilata todavía más la resolución de un acuerdo, el Gobierno debería echar mano a las reservas del Banco Central para cumplir con los organismos de crédito. Pero las reservas están por debajo de los 9000 millones de dólares y darles un nuevo tijeretazo puede disparar una escalada del dólar, terminando con la estabilidad de más de un mes. Perder control sobre esa variable pondría al Gobierno en una situación de mayor vulnerabilidad.
Otro motivo que impulsa a Lavagna a mostrarse terminante con O’Neill es que desde Washington le están haciendo saber que este mes estaría perdido para la firma de un acuerdo. La nueva fecha tentativa es la primera semana de setiembre, después de las vacaciones de los funcionarios del Fondo. El aparente nuevo corrimiento despierta temores en el Palacio de Hacienda. “Las señales que recibimos del FMI nos hacen suponer que los primeros días del mes que viene debería estar todo terminado. Pero de no ser así, vamos a plantear que necesitamos alguna negociación puntual para que nos refinancien los vencimientos, porque no podemos sacar un dólar más de las reservas”, recalcó el colaborador de Lavagna, después de insistir en que las negociaciones pueden deparar nuevas sorpresas.
En este momento se encuentran en Buenos Aires dos misiones del FMI: una encargada de discutir la reestructuración del sistema financiero y otra para auditar la situación fiscal. Su trabajo terminaría recién en un par de semanas. Un punto que sigue exigiendo el Fondo es que termine el drenaje de dinero del sistema bancario por los amparos, pues ello resulta fundamental para establecer un ancla monetaria. El argumento que presentará Lavagna a O’Neill sobre este punto es que se puede mantener la emisión bajo control aunque la Corte Suprema no resuelva la cuestión de los amparos, debido a que cayó la salida de depósitos del corralito. “Hace tres meses nos decían que nos íbamos al infierno y demostramos que, trabajando con mucha prudencia, pudimos estabilizar la situación. Vamos a insistir en esa línea”, anticipó el funcionario de Economía.
En el Palacio de Hacienda sostienen que es poco lo que se puede hacer para reforzar el tapón a los amparos. Para eso ya hay una ley y un decreto reciente, que fue declarado inconstitucional. Una alternativa sería corregir los aspectos más cuestionables del decreto, a fin de allanar la tarea a la Corte Suprema para que le levante la calificación de inconstitucionalidad. Pero Lavagna guarda pocas esperanzas de que esa estrategia pueda ser exitosa. Tampoco le seduce la vía legislativa, para atacar el problema con una nueva ley. El Gobierno sigue jugado a que el máximo tribunal dicte un fallo que bloquee la restitución de depósitos por los amparos. En setiembre vencen 2683,9 millones de dólares con el FMI. De ese total, 2592,4 millones son de la denominada Línea de Reservas Suplementarias, que establecen la prórroga automática por un año de su vencimiento ante la solicitud del deudor. Es decir que quedan unos 90 millones que habría que cubrir para no caer en default. A eso se agregan casi 400 millones que habría que pagarles al Banco Mundial y al BID. “El Plan A es llegar a un acuerdo con el FMI para la refinanciación de los vencimientos de este año y el próximo. El Plan B es que al menos nos pateen los vencimientos de setiembre, porque nos resulta imposible cancelarlos”, insistió el hombre de Hacienda.
La última vez que Lavagna estuvo con O’Neill consiguió un respaldo que resultó importante para destrabar una negociación muy complicada con el FMI. Fue en ocasión del viaje que el ministro hizo a Washington a fines de junio. Después de entrevistarse con las máximas autoridades del Fondo, el ministro estaba cerca de volver a la Argentina con las manos vacías o, si se quiere, con la carta de su renuncia redactada. Sin embargo, su charla con O’Neill permitió reencauzar el diálogo con el FMI. De allí salió la convocatoria a la comisión de “notables” –que estuvo semanas atrás en el país–. Si bien la imagen de O’Neill está bastante magullada, tanto por sus declaraciones sobre América Latina como por la crisis de las corporaciones en su país, Lavagna espera convencerlo de que facilite el camino para la firma de un acuerdo con el FMI. Para ello lo presionará con que Argentina no tiene margen para esperar más.