Después de nueve días de recorrer el país y empaparse en la realidad argentina, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer sus conclusiones. La libertad de expresión de quienes protestan o cortan las rutas, las amenazas contra los defensores de derechos humanos, la inseguridad jurídica, las torturas aplicadas por la policía de la provincia de Buenos Aires y el aumento de la pobreza figuran entre las principales preocupaciones del organismo internacional. Los miembros de la CIDH dejaron, además, una buena noticia para quienes presentaron amparos contra el corralito. En octubre podría haber una audiencia en Washington sobre ese tema.
“No podemos dejar de tomar la temperatura. De dar consejos y buscar soluciones”, aseguró el profesor Robert Goldman –quien desde hace siete años es relator de la CIDH para Argentina, y que en esta oportunidad se encontró con el escenario “más dramático”– en una conferencia de prensa en el hotel de las Américas. Goldman se refirió así al hecho de que la visita del organismo se había originado en la necesidad de revisar algunos casos específicos que estaban en trámite en la Comisión pero luego alcanzó un espectro más amplio que abarcó incluso a la recepción de nuevas denuncias. Entre los hechos que la CIDH ya había analizado y que se volvieron a tratar en esta ocasión, están los asesinatos de Sergio Schiavini, Fernando Giovanelli y Walter Bulacio. La Comisión logró por primera vez hacer que los representantes del Gobierno se sentaran a dialogar por estos casos –se trata de víctimas de la violencia policial— en búsqueda de lo que se conoce como “solución amistosa”.
“Un análisis de los derechos económicos, sociales y culturales revela una serie de prioridades y deberes pendientes. Tanto representantes estatales como los de la sociedad civil nos informaron sobre el alarmante aumento en la proporción de la población que vive por debajo de la línea de pobreza”, aseguró Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión. En la misma línea, el funcionario hizo alusión, específicamente, a los problemas de acceso a los medicamentos. “Consideramos fundamental priorizar mecanismos adecuados para resolver la emergencia sanitaria, para asegurar la continuidad de los servicios médicos y la accesibilidad de medicamentos para las personas que los necesitan para preservar su integridad física y psicológica”, aseguró.
Cantón también hizo referencia al aluvión de quejas que mandaron desde diciembre los ahorristas atrapados por el corralito financiero. Las denuncias que llegaron a Washington son alrededor de dos mil, mientras que en un período similar el organismo recibe seiscientos casos desde todos los países de la región. El funcionario dio a entender que en un corto plazo se podría llamar a una audiencia para profundizar este tema.
El lunes por la noche, Goldman y Cantón se reunieron con los presos por el ataque al cuartel de La Tablada que están en libertad condicional. A raíz de las recomendaciones de la CIDH, los miembros del MTP recibieron una reducción de su condena pero el expediente aún sigue abierto ya que el Estado aún no terminó de cumplir con los planteos del organismo. Los presos pidieron a los miembros de la Comisión que declare admisible el caso de Enrique Gorriarán Merlo, quien no estaba incluido en la anterior denuncia y plantearon su preocupación por la persecución que está sufriendo Roberto Felicetti, a quien se le revocaron las salidas laborales.