El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento de su ex par mendocino Luis Leiva por posible delito de “concusión”. Según el ex banquero Raúl Moneta, Leiva le había solicitado una elevada suma de dinero para no incriminarlo en la investigación de la caída del Banco Mendoza. Curiosamente, la causa se inició a raíz de una presentación del Consejo de la Magistratura que, si bien en una polémica resolución destituyó a Leiva, lo hizo en base a otro cuestionamiento y desestimando por completo la seriedad de esos cargos. El ex magistrado reconoció a Página/12 que tanto él como sus defensores tomaron conocimiento de la decisión de Bonadío varias horas después de que la noticia fuera difundida por InfoBae, propiedad de Daniel Hadad.
La denuncia que dio inicio a la causa fue inicialmente presentada por Moneta ante el Consejo de la Magistratura. De acuerdo a ésta, el abogado Carlos García, mendocino, hombre de Eduardo Bauzá y ex procurador del Tesoro en los primeros tramos del gobierno menemista, habría sido tanteado por Leiva un año ante para hiciera de mediador ante el ex banquero y le requiriera “dos o tres millones de pesos” (entonces dólares) para dejarlo fuera de la investigación. Moneta declaró ante el Consejo que se había negado con “indignación” a aceptar semejante arreglo. Pero aun antes de que esa denuncia de presunta extorsión fuera llevada ante el organismo que, por la Constitución reformada, designa y remueve a los jueces, había ocurrido un episodio sugestivo: una llamada anónima alertó al juzgado federal entonces a cargo de Gustavo Literas acerca de unos videos depositados en el Colegio de Escribanos como parte de la documentación del fallecido notario de Moneta, Alejandro Tachela Costa. Rodolfo Canicoba Corral, que esos días subrogaba a Literas, concurrió presuroso y al volante de su propio automóvil a incautar esos materiales.
El contenido eran filmaciones realizadas por el propio Moneta y en una de ellas aparecía Carlos García transmitiéndole el ofrecimiento. A nadie le quedaron dudas de que aquellos videos estaban “armados” para preparar la posterior ofensiva contra Leiva. El Consejo desestimó la denuncia, pero la giró al fuero federal. El 20 de junio, Leiva fue citado a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, la jurisdicción a la que corresponde instruir el expediente está en cuestión: hace dos años, por la denuncia de Moneta, Leiva se había autodenunciado frente a la Justicia mendocina. La causa fue tomada por el conjuez Raúl Sánchez. En función de que ésta era anterior a la que se sustancia en Buenos Aires, Sánchez solicitó a Bonadío que se inhibiera. Bonadío rechazó el pedido pero recién lo notificó a Sánchez en julio, después de indagar al imputado.
No era alegre la voz de Leiva ayer, cuando dijo a este diario que “mientras la corrupción siga instalada, esto no tiene salida. Yo me enteré de la resolución a través de los medios. Esta mañana estaba en el InfoBAE, el mismo medio que prenunció la sentencia de destitución del Consejo de la Magistratura hasta con las fojas que tenía. Estos medios afines a los denunciantes tienen la primicia antes de que esté notificada la defensa. Estoy seguro de que la resolución es un despropósito porque la denuncia es tan falsa como los testigos que la avalaron”.
Más contundente todavía fue el diputado demócrata Gustavo Gutiérrez, iniciador junto al contador Luis Balaguer de las investigaciones sobre los bancos de Moneta. “Dos cuestiones –dijo– quizás expliquen este oscuro procesamiento: una, el juez federal que lo decidió ha sido funcionario del ex ministro del Interior Carlos Corach y desde siempre ha formado parte de su núcleo de jueces cercanos; la otra es que la causa había sido desestimada por el Consejo que no aceptó como prueba los famosos videos de Moneta y consideró que los testigos de la pretendida extorsión (Carlos García; el ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli, Daniel Vila, socio de José Luis Manzano, todos socios políticos y empresarios de Menem y Moneta) no aportaban “elementos de convicción sobre esta imputación”. Sin embargo ahora, el juez Bonadío decide considerar que estos testigos sonvalederos para acreditar el presunto delito de Leiva. Es obvio que el círculo se va cerrando. Primero fue el ataque mediático, después la destitución, donde los seguidores del menemismo se encargaron de hacer la acusación. Sólo faltaba esto, que permite que se cumpla la típica historia judicial argentina”.