“Vamos a profundizar la lucha contra el delito, aunque debemos ser flexibles ante el drama social. No vamos a criminalizar la protesta”, prometió Alberto Iribarne, que ayer juró como nuevo secretario de Seguridad Interior. En sus primeras declaraciones, el ex diputado prometió la “continuidad y profundización” de la política diseñada por su antecesor y actual jefe, Juan José Alvarez.
Abogado y profesor universitario, Iribarne milita en el peronismo desde joven. Ocupó varios cargos partidarios, entre ellos el de apoderado nacional del PJ. Entre 1983 y 1989 fue prosecretario del Senado. Más tarde, cuando lo eligieron diputado nacional, trabajó como presidente de la Comisión de Industria. Además, Iribarne fue secretario de Gobierno de la Municipalidad porteña durante la gestión de Carlos Grosso, convencional constituyente y viceministro del Interior de Carlos Corach.
Iribarne es uno de los principales referentes del duhaldismo en la Capital Federal. Hombre de confianza del actual Presidente, fue su jefe de campaña desde julio de 1998 hasta abril de 1999. Cuando Duhalde se instaló en la Casa Rosada, lo designó al frente de la Casa de la Moneda.
La crisis que generó en el Gobierno la masacre policial en Avellaneda y el ascenso de Alvarez al Ministerio de Seguridad y Justicia convencieron a Duhalde de las ventajas de designar a su amigo en la estratégica secretaría de Seguridad.
“Vamos a continuar con lo que han sido los ejes de la política de seguridad del gobierno nacional. Vamos a combatir el delito, sin medias tintas, con todos los medios, dentro de lo que nos permite la ley”, aseguró ayer en la jura.
Aunque admitió que los recursos para profundizar las medidas de seguridad “son siempre escasos”, Iribarne consideró que “se deberán armonizar y coordinar políticas y recursos para hacer más eficiente la lucha contra el delito común”. En sintonía con la línea trazada por Alvarez, Iribarne aseguró que es necesario “diferenciar la protesta social del delito común” y sostuvo que ante los reclamos de la gente “hay que ser flexibles” y mantener una política de diálogo. “No vamos a criminalizar la protesta. Hay que ponerle límites e impedir que haya violencia”, prometió el nuevo funcionario.