“Ahora que estamos bien tenemos quilombo en el peronismo por esta puta interna. No deberíamos haber adelantado las elecciones.” La frase, escupida por el presidente Eduardo Duhalde el pasado jueves ante varios miembros de su gabinete, sirvió para alimentar las más variadas fantasías en el Gobierno. Hay un sector del mismo que imagina que las elecciones internas no se realizarán este año e, incluso, quien apuesta a que se dé marcha atrás con el cronograma electoral. “A Duhalde le conviene, ahora, irse a fin de 2003 porque las indicadores económicos están mejorando; a (Carlos) Menem le conviene porque tiene más chance para crecer; al Gallego (José Manuel De la Sota) también porque tendrá más plazo para instalarse; al único que no le conviene es al Adolfo (Rodríguez Saá), que es quien está ganando hoy”, dijo ayer a Página/12 uno de los ingenieros electorales del duhaldismo. Por si las moscas, en la Justicia electoral se preparan ante la alternativa de que caigan los decretos de convocatoria comicial; en tal caso llamarían a que cada partido haga su interna como más le plazca.
La discusión por la convocatoria a elecciones fue uno de los dos temas centrales para el Gobierno la semana que pasó (el otro fue la visita del secretario del Tesoro norteamericano, Paul O’Neill). El lunes, la publicación de los decretos respectivos puso en pie de guerra al menemismo y a la UCR. Carlos Menem mandó a su tropa a boicotear las elecciones internas porque entendía que la posibilidad de que afiliados de un partido puedan votar en la interna de otro ponía en riesgo sus chances electorales. Sus operadores más toscos, carentes de sutilezas, sostuvieron que militantes de partidos como el ARI o el Comunista e, incluso, un imaginario “Partido Trotskista” podrían votar en contra del riojano.
En el radicalismo sucedió algo parecido: varios de sus gobernadores están convencidos de que en sus provincias el poder de daño del PJ es mucho si se lanzara a participar en la interna radical. Pero eso ocurriría si el peronismo del distrito en cuestión no dirimiese su propia interna, alternativa improbable si las hay.
Tirios y troyanos pidieron, entonces, que las internas no sean tan abiertas y que sólo voten en ellas los afiliados al partido que las ejecuta, más los independientes. Fue, entonces, el turno de hablar de la Justicia electoral: magistrados y fiscales sostuvieron que era imposible realizar los padrones y armar el dispositivo para concretar internas tal como exigen el menemismo y la UCR.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin (de buen oído para con los magistrados), negocia con los partidos políticos para consensuar modificaciones en los decretos eleccionarios. Anteayer, el principal juez electoral, Manuel Blanco, de la provincia de Buenos Aires, pergeñó una alternativa para realizar las internas: que se excluya de los padrones sólo a los afiliados a partidos que no realicen internas; el resto, que figure, y que se vote en las mismas mesas para todos los partidos que compulsen, como en una general.
Así están las cosas, aunque aún no hay resolución política. Ayer, el Presidente se dedicó públicamente al tema, fustigando al menemismo y a la UCR. En su programa de Radio Nacional dijo: “Hay una discusión que me parece tiene poco sentido. Hay sectores de los partidos que quieren restringir la posibilidad de que la gente pueda expresar su intención. No quiero pensar que hay quienes no quieren que haya elecciones internas y volvamos a viejas prácticas que la gente quiere superar”.
La Justicia electoral evalúa una alternativa en caso de que no haya consenso político y las impugnaciones sigan su marcha: magistrados y fiscales creen en la posibilidad de que, si se caen los decretos comiciales, cada partido convoque a sus propias internas, como les venga en gana, y correr así al Estado y al Gobierno del escenario electoral partidario. Las palabras de ayer de Duhalde abren el paraguas en ese sentido. “Será la Justicia la que dirá si se puede o no organizar laselecciones como ellos pretenden. La información que tenemos es que de la manera en que lo plantean es imposible llevarlas a cabo. No vaya a ser que nos lleven a una legislación que sea imposible ponerla en práctica y después el Ejecutivo va a ser el responsable si no se pueden llevar adelante las elecciones”, alertó el Presidente.
En el Gobierno mueven las mesas de arena. La frase de Duhalde maldiciendo a la interna y al momento en que decidió adelantar las generales afiebró ciertas mentes oficiales. Convencidos de que el acuerdo con el FMI está cerca, de una incipiente reactivación, del incremento en la recaudación y de la paz social –tensa, pero paz al fin de cuentas– conseguida a fuerza de planes Jefes y Jefas de Hogar, algunos colaboradores del Presidente se animan a imaginar la marcha atrás del llamado a elecciones, internas y generales. “Después de todo, esos decretos se anulan con otros decretos”, dijo ayer a Página/12 un secretario de Estado de peso, sin tener en cuenta cuál podría ser la reacción social en caso de que el Gobierno anulase la convocatoria electoral.
Un integrante del gabinete agregó letra a las especulaciones: “Usted piense –dijo ayer a Página/12– que una postergación (de las elecciones internas y generales) les conviene a todos: a Duhalde, porque ahora que le va bien le conviene irse más tarde para irse mejor; a Menem porque tiene más chance de crecer; al Gallego también porque tendrá más plazo para instalarse; al único que no le conviene es al Adolfo, porque va ganando. Y Lilita (Carrió) no importa: ahora está tercera”.
Esta semana el Gobierno, negociando con los partidos y la Justicia electoral, terminará de dirimir esta cuestión. Quizá la locura de desatender la demanda social para elegir rápido a un nuevo presidente se desinfle. Quizá no. Todo es posible en un país cuya dirigencia ya ha tenido la temeridad de desentenderse del reclamo del 80 por ciento de la sociedad que pide a gritos que se vayan todos.