Un represor uruguayo se presentó por primera vez ante la justicia argentina. Se trata del teniente coronel retirado Manuel Cordero, un militar que actuó en el centro clandestino Automotores Orletti, fue indultado por el ex presidente Carlos Menem y está acusado en la causa en la que se investiga el Plan Cóndor. Cordero reclamó, a través de un apoderado, su sobreseimiento. “Esto va a abrir un debate sobre la validez de los decretos de indulto en el caso de delitos permanentes”, aseguró Alberto Pedroncini, uno de los abogados de las víctimas.
Cordero solicitó ante el juez federal Jorge Urso, ahora a cargo del expediente del Plan Cóndor, su desvinculación con la investigación de los crímenes cometidos por las dictaduras argentina y uruguaya, junto con las de Chile, Paraguay y Bolivia. Como justificación alegó que en Argentina fue indultado por el presidente Carlos Menem y en Uruguay la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado interrumpió la posibilidad de juzgar los delitos que se le atribuyen.
Cordero, su jefe José Nino Gavazzo, y sus compañeros Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida (fallecido) fueron efectivamente beneficiados con el indulto que paralizó el juicio en el que se intentaba sacar a la luz los crímenes que se habían cometido en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde operaban represores de la SIDE argentina a cargo del paramilitar Aníbal Gordon, junto con enviados del resto de las dictaduras del Cono Sur.
El año pasado, el juez Rodolfo Canicoba Corral reclamó las detenciones de Cordero, Gavazzo, Silveira, Campos Hermida y del ex jefe del Ejército de ese país, Julio Vadora. El Gobierno uruguayo no hizo lugar al pedido pero anunció que los acusados no iban a poder salir de su país para “preservar el interés de la justicia argentina”.
Cuando el fiscal Miguel Angel Osorio pidió la extradición de los cuatro militares uruguayos, cuestionó la validez de los decretos de perdón. Osorio expresó que, como la desaparición forzada de personas es un delito que se sigue cometiendo hasta que no aparezca la víctima, los acusados podían ser imputados porque el delito existió aún después del indulto. Este planteo también fue proclamado por la Cámara Federal porteña cuando confirmó los procesamientos de los dictadores Emilio Eduardo Massera y Jorge Rafael Videla por la apropiación de hijos de desaparecidos. La presentación de Cordero, que es un reconocimiento de por parte del represor uruguayo del proceso que existe en su contra en Argentina, obligará a la Justicia a ratificar —o no— el razonamiento judicial y así, definir si todos quienes fueron indultados por el secuestro de personas que aún siguen desaparecidas podrían ser juzgados y condenados. Pero si esto no ocurriera, los militares perdonados aún podrían seguir siendo castigados por los crímenes por los que no fueron nunca investigados.
En la larga lista de delitos de lesa humanidad en los que está involucrado Cordero figura el secuestro y asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena. La revista uruguaya Brecha publicó que voceros o gestores del represor argentino Eduardo Alberto Rufo le hicieron saber a Gelman y a su mujer Mara La Madrid que María Claudia –secuestrada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976– había sido “entregada a los militares uruguayos José Ricardo Arab y Manuel Cordero”. En Uruguay, Cordero también tiene problemas judiciales, ya que los familiares de 12 ciudadanos de su país desaparecidos en Argentina reclamaron reapertura de los casos luego de que un magistrado oriental admitiera que la desaparición forzada es un crimen de carácter permanente.