Se dice que de la injusticia no puede nacer sino injusticia, que es ponzoñoso el “fruto del árbol prohibido”. Tales aseveraciones, bellas y un tanto simplistas, no están probadas. Sin embargo, resultan luminosamente acertadas en el caso del decreto 1002/89, que concedió la gracia del indulto a casi dos centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de delitos de lesa humanidad. Así, de la injusticia suprema de la medida, se derivaron otras. Entre ellas, una menor, insignificante: la sistemática omisión del nombre de quien se esmeró en redactar aquel texto, Raúl Enrique Granillo Ocampo, el primer secretario Legal y Técnico de Carlos Menem. Aunque quizás al ex funcionario le resulte tranquilizador y hasta piadoso el black out que suele eliminarlo de ese tramo de la historia.

El decreto 1002, firmado el 6 de octubre de 1989, no fue una pieza memorable. La reiterativa enunciación de buenos propósitos y altísimos fines no alcanzó a ocultar el pragmatismo sin principios que lo inspiraba. El perdón para Santiago Omar Riveros, Guillermo Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Cristino Nicolaides, Luis María Mendía, Antonio Vañek, la flor y nata de los cuadros de la dictadura, se explicó así por “la necesidad de adoptar medidas que generaran las condiciones propicias para alcanzar la concordia, el mutuo perdón, la reconciliación, la pacificación, la unión nacional, superando los pasados hechos luctuosos, los enfrentamientos, los desencuentros y los factores de perturbación social”. Un rosario de vulgaridades había tomado el lugar de la razón. El decreto crucial ni siquiera tenía talla para ser considerado un monumento a la iniquidad.

Su autor (que ostentaba con orgullo su raíz “peronista y católica militante”, un cocktail de alta graduación) pertenecía a dos rancias familias de La Rioja, donde nació el 18 de enero de 1948. El padre, médico, había muerto de manera trágica en 1959 y el acontecimiento cambió la vida familiar. Raúl Granillo Ocampo estudió derecho en la Universidad de La Plata y fue un egresado precoz. Las biografías aseguran que obtuvo el título a los 19 años y de inmediato comenzó a trabajar en el estudio jurídico del padre de otro polémico integrante del staff noventista: Germán Kammerath. En ese bufete conoció a un hombre casi veinte años mayor y que, sin embargo, iba a ser su amigo durante décadas, Carlos Menem. Otros testigos sostienen que la relación entre ambos se consolidó cuando compartieron la dirección de un club de básquet de la provincia. La carrera de Granillo tuvo vaivenes: trabajó durante diez años como abogado del Banco Hipotecario, asesoró a la Cámara de la Construcción, a la de Bodegueros y al Consejo de Educación. En 1984, de la mano de un Menem ya gobernador de La Rioja, accedió al Superior Tribunal pero no se apalancó allí. Prefirió acercarse en cambio a la Universidad de Dallas para hacerse de un master en Derecho Internacional. Un antecedente que completó enrolándose por un tiempo en un estudio jurídico de Texas. En 1988 regresó a reencontrarse con su entorno: Eduardo Bauzá, Carlos y Eduardo Menem, Alberto Kohan. En las horas libres escribió El contrato de compra-venta internacional y más tarde Narcotráfico, el drama del fin de siglo, La relación entre Argentina y Estados Unidos 1989-1995, en los que recogería parte de su experiencia en la función pública. El triunfo de Carlos Menem en las elecciones nacionales lo mudó a la Capital. El flamante primer mandatario lo designó secretario Legal y Técnico, cargo que ocupó de 1989 a 1991, lo suficiente para parir dos de las vigas del “modelo”, los indultos y la ley de remodelación del Estado. Terminada su misión en la presidencia, se hizo cargo de la embajada argentina en Estados Unidos. Acérrimo defensor del ALCA y amigo de Emilio Cárdenas, jamás ocultó su rol en el estrechamiento de las relaciones carnales. La aventura de Washington terminó en 1997. En Buenos Aires lo esperaba la cartera de Justicia, en la que se asentó a lo largo de dos años.

Pese a esos trasiegos y a sus tenidas en el Club del Progreso, Raúl Granillo Ocampo era un personaje desvaído. Vaya a saber si harto de tanta penumbra o preocupado por las denuncias de corrupción que acosaban al menemismo, en el 2000 se empecinó en presentarse como candidato en la Capital. Cuentan que Menem lo instó primero, para obturar el camino a los duhaldistas, y lo abandonó después con un aporte de no más de 50 mil pesos. La ciudad le fue esquiva. El justicialismo sufrió su mayor derrota histórica en el distrito. Obtuvo el 1,5 por ciento de los votos. Ese día había ido a misa y a comer un asado en su quinta de Moreno. A la noche la procesión fue por dentro. Mantuvo las buenas maneras, aunque lo oyeron murmurar: “No puede haber nada peor”. Admitió el fracaso sentado en una silla de plástico que le alcanzaron sus seguidores. Al cerrar los comicios salió a caminar. “Ahora tengo que pensar”, explicó. Sabía que el futuro podía ponerse difícil. Y se puso. Su madre, Ada Ocampo de Granillo, integraba la cadena de jubilados felices de La Rioja con una retribución de 5162 pesos; su antiguo secretario privado, Roberto Martínez Medina, contó de las visitas que del 1 al 15 de cada mes efectuaba a la Jefatura de Gabinete para retirar, para su jefe el ministro, el sobre con el sobresueldo de 50 mil pesos. La Justicia, una antigua aliada, le abrió una causa por enriquecimiento ilícito. No podía justificar las compras de los departamentos de Libertador para sus tres hijos, ni las mejoras en la casa de fin de semana o en las Bodegas Aguiñán. Su mujer, Nélida María Rita Barros Reyes, “la Chini”, tampoco explicaba con claridad la venta de acciones de Río Manso a su socio Luis Agost Carreño.

Raúl Enrique Granillo Ocampo ha desaparecido de escena y sólo retorna a las primeras planas por estos complicados revalúos con hijos, madres, mujeres, regalos, hipotecas y discutibles ahorros. Para su obra política, los decretos y leyes salidos de su pluma durante los primeros y decisivos tiempos del menemismo, rige la quevediana “jurisdicción del olvido”.