La Iglesia Católica sigue con todos sus sensores prendidos cada vez que se debaten temas educativos. Dos cuestiones la motivan: dinero e ideología. La discusión sobre la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires fue el escenario donde jugaron, con suerte diversa, ambas cartas. En materia de financiamiento se garantizaron que el Estado siga subsidiando a la mayoría de los servicios privados con una partida de unos mil millones de pesos, según datos del gobierno provincial. En el terreno de las ideas, las estocadas intentaron ser letales, pero no lograron su objetivo: la formación bajo los principios de la moral cristiana no aparece en la letra de la nueva norma. El tire y afloje entre purpurados y funcionarios se saldó con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que reconoce “el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. En el medio quedaron horas de escarceo entre obispos y políticos, que incluyeron hasta al vicepresidente y candidato a gobernador por el oficialismo, Daniel Scioli.

En territorio bonaerense funcionan 7300 servicios educativos privados –representan un tercio del sistema–, de los cuales aproximadamente 4300 son de la Iglesia Católica. El 66 por ciento del total de 7300 es subvencionado por el Estado. Ocho de cada diez de esos establecimientos recibe entre el 80 y el 100 por ciento de aporte estatal para pagar el sueldo de los maestros y profesores. Unos mil millones de pesos están previstos en el presupuesto 2007 para afrontar ese compromiso que le permite, sobre todo a la Iglesia, mantener cuotas más accesibles en sus colegios y cumplir con “su misión evangelizadora”. El subsidio aumenta en forma proporcional al incremento del salario docente, por eso este año el impacto en Buenos Aires fue alto. Es oportuno recordar que el blanqueo de gran parte de los sueldos y la fijación del piso en 1040 pesos desencadenaron la renuncia del ministro de Economía, Gerardo Otero, quien cuestionó la decisión.

El obispo de Chascomús, Carlos Humberto Malfa, fue el encargado de acercar posiciones con la directora general de Escuelas, Adriana Pui-ggrós, en torno del texto de la Ley de Educación provincial. Ascendido a obispo en 2000, Malfa es uno de los candidatos a suceder a Antonio Baseotto en la diócesis castrense. Como hábil negociador, primero intentó que se reconociera el derecho al ideario católico de cada institución y se incluyera la trascendencia espiritual como parte del articulado de la norma destinada a regular el mayor sistema educativo del país con más de 4 millones de alumnos y de 250 mil docentes. El Consejo de Educación Católica emitió un comunicado en el que reclamó que “la Ley provincial no deberá contradecir el precepto de la Constitución provincial que, textualmente, en su artículo 199, afirma: ‘La educación tendrá por objeto la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia’”.

En su ponencia en el Congreso de Filosofía 2007, Puiggrós explicó que “la discusión sobre la relación entre escuela pública y religión se resolvió remitiendo en el artículo 16 de la ley al artículo 14 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional para nosotros y es la única convención suscripta por la Iglesia. El artículo 14 garantiza la libertad de los padres (no de la escuela pública) de educar a sus hijos en la religión o creencia que quieran. Con la introducción del término ‘creencia’, los agnósticos, ateos, tenemos derecho a transmitir nuestras ‘creencias’ a nuestros hijos. En la Iglesia argentina no han desaparecido los grupos fundamentalistas, pero su poder es menor y, al menos en esta circunstancia, han dejado lugar a tendencias más liberales y social cristianas”.

Daniel Scioli, el candidato a gobernador elegido por el presidente Néstor Kirchner, también fue consultado sobre el proyecto que presentó en un acto junto al gobernador Felipe Solá, en el Teatro Argentino de La Plata. Con pragmatismo, su equipo sintetizó su visión:

–En la educación hay dos pilares: los docentes y la Iglesia. Si ellos dieron el acuerdo, nosotros estamos de acuerdo –fue el mensaje que hicieron llegar al staff de Solá.

El acuerdo de Malfa estaba, pero a último momento empezaron a jugar otros “cruzados” que casi hacen tambalear la sanción de la nueva ley. El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, movió sus contactos. Hacía meses que su prédica derramaba belicosidad. “La impresión que me deja este anteproyecto es la de un avance del Estado sobre los espacios de libertad que corresponden a la familia y a las instituciones de la sociedad con capacidad de educar. Parece que se está produciendo un relanzamiento de esa vieja ambición monopólica del Estado, que pretende retener para sí la plena legitimidad de la facultad de educar, como si eso fuera lo mejor”, dijo en una de sus apariciones en Claves para un mundo mejor. En la emisión televisiva del 2 de junio fue más explícito sobre sus temores: “(El de la ley) es un lenguaje difícil de entender; a través de él se advierte la inspiración filosófica de estos documentos en el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, en el pensamiento de Michel Foucault y en la pedagogía constructivista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer compatibles los contenidos en los cuales se exprese luego el proyecto educativo provincial con nuestra cosmovisión cristiana? ¿Y qué será de los niños que se eduquen en la escuela oficial con aquella ideología? (...) Este ateísmo posmoderno es más radical que el del laicismo clásico”.

El obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, a pesar de su buena relación personal con Puiggrós, se hizo eco de los reparos de los colegios católicos de la zona norte y criticó el proyecto oficial. El obispo de San Miguel y secretario general de la Conferencia Episcopal, Sergio Fenoy, se sumó a los cuestionamientos de última hora. Los cruces de la Iglesia también están atravesados por la codiciada arquidiócesis de La Plata: Aguer se irá con un cargo al Vaticano, y Casaretto y el propio Malfa tienen su mira puesta en el territorio de la capital provincial.

El mayor monitoreo del Estado hacia los contenidos de la formación docente privada también erizó a los curas. En el camino quedó el director de Educación Privada, Juan Odriozola, y fue designado Néstor Ribet, ex rector del Colegio Lasalle, un hombre que desde el gobierno de Carlos Menem alterna sus gestiones entre el Estado y la educación privada en Nación o provincia.

El lobby de último momento fracasó en el intento de introducir en forma taxativa la formación cristiana en el articulado de la ley y en garantizar mayor autonomía del Estado a las instituciones privadas para fijar su ideario. El día a día demostrará hasta dónde la letra se condice con la acción de un área en la que la Iglesia está dispuesta a mantener su poder.