A trece años del atentado contra la AMIA, el fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación, sigue poniendo el eje en la llamada pista iraní y espera que en noviembre, en la Asamblea General de Interpol, se convaliden las órdenes de detención contra cinco iraníes y un libanés a quienes el fiscal les adjudica la autoría del atentado. Desde Teherán, Página/12 adelantó la semana pasada que el régimen iraní aceptará, por primera vez, recibir los exhortos con las órdenes de captura, pero no parece haber ninguna chance de que los funcionarios de ese país se presenten ante la Justicia. Aducen que Nisman es parcial, que las pruebas son más que endebles y provienen esencialmente de opositores iraníes y los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el fiscal trabaja en el punto más débil de la investigación: vincular a los iraníes con la camioneta que explotó en la AMIA. Desde hace años se trata de avanzar sobre dos personajes que, para la pesquisa oficial, son claves en la trama: Salman El Reda, un colombiano convertido al Islam, y André Marques, el nombre falso de una persona que parece haber coordinado el atentado desde un teléfono celular que se accionaba en la Triple Frontera. En la fiscalía dicen que habrá avances de aquí a fin de año.

La causa AMIA se mueve en varios planos distintos:

- La pista internacional iraní. Es la que ha privilegiado Nisman y tiene el apoyo de la mayoría de los familiares de las víctimas, la DAIA, la AMIA e incluso la Casa Rosada. Se asienta en el dictamen de 800 páginas del fiscal y fue convalidado por el juez Rodolfo Canicoba Corral. Los iraníes rechazan todas las acusaciones, sostienen que los únicos testigos que existen en ese informe son opositores al régimen iraní que no estaban en Irán en la época y ni siquiera aparecen como testigos de primera mano. Uno de sus argumentos principales es que las pruebas ya fueron sometidas a la Justicia ante un tribunal de Londres y naufragaron en forma estrepitosa. El tribunal inglés las declaró endebles y puso en libertad al ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour. En noviembre, Interpol se expedirá sobre las órdenes de captura, aunque la organización internacional de policía no opina sobre la debilidad o fortaleza de las pruebas, sino sobre la validez de los fiscales o jueces que piden las detenciones. El Comité Ejecutivo aprobó las órdenes, Irán apeló y decide en noviembre la Asamblea General. Desde el punto de vista práctico es casi seguro que lo que se resuelva en Marruecos no va a cambiar las cosas: Irán no entregará a los funcionarios requeridos. Lo curioso es que las órdenes de captura apuntaban incluso contra quien hoy es el principal opositor al régimen de Mahmud Ahmadinejad, el moderado ex primer ministro Alí Rafsanjani.

- El agujero negro de la pesquisa. Nisman también trabaja para relacionar a los iraníes que él acusa con el atentado en sí mismo. Por ejemplo, la investigación no ha determinado cómo ni cuándo consiguieron los iraníes la camioneta, dónde la armaron, de dónde salieron los explosivos, quiénes fueron la mano de obra del ataque. Es más, Nisman habla de varias células, de varios autos, de varias propiedades que se usaron para armar todo, pero sobre eso no hay una sola evidencia. Desde la época en la que trabajaron en la pesquisa, Nisman, por un lado, y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia –donde estuvieron Nilda Garré y Alejandro Rúa–, por el otro, se vienen buscando evidencias sobre la participación de Salman El Reda, un colombiano casado con una secretaria del entonces agregado cultural iraní, Moshen Rabbani. Existe algún indicio de que El Reda utilizó el teléfono a nombre de André Marques, que se accionó por primera vez el 1º de julio de 1994 y dejó de usarse para siempre el 18 de julio, el día del atentado. Y, además, según los servicios de inteligencia, desde ese mismo celular se comunicaban en la época con teléfonos en el Líbano que se adjudican a hombres de la organización pro iraní Hezbolá. Las pruebas por ahora no son contundentes, pero en la fiscalía prometen resultados en este 2007.

- La llamada pista siria. No está del todo descartada, aunque permanece en un plano muy secundario. Los iraníes justamente acusan a la Justicia argentina de tapar la responsabilidad de Menem y su relación con los líderes sirios. El delgadísimo hilo sobre el que se está trabajando es una entrevista que le hizo el diario La Nación al padre de la secretaria de Emir Yoma, el poderoso cuñado de Carlos Menem. El progenitor de la fallecida Lourdes Di Natale contó que su hija escuchó una conversación en la que Yoma decía que no había que revelar que cuando se produjo el atentado contra la Embajada de Israel estaba en Buenos Aires el traficante sirio Monser Al Kassar. Según parece, existe alguna documentación sobre esta pista, pero hasta el momento nada llegó a manos del fiscal.

- El desvío de la investigación. Como se sabe, el Tribunal Oral que intervino en el caso AMIA acusó al juez Juan José Galeano, a los fiscales, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, al abogado Víctor Stinfale y a uno de los principales imputados en su momento, Carlos Telleldín, por distintos delitos que tuvieron que ver con el desvío de la investigación y el armado de pistas falsas. La Cámara le pidió al juez Ariel Lijo que profundizara la pesquisa, sobre todo intentando avanzar en la responsabilidad del ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex presidente Carlos Menem. Lijo tiene resuelto tomar dos caminos. Elevar a juicio oral a los que tienen los procesamientos confirmados, Galeano y compañía, aunque sabe que todos ellos apelarán ante la Cámara de Casación y las cosas se demorarán. En forma paralela, el magistrado citará testigos para ver el papel de Corach y Menem y dispuso trabajar sobre un entrecruzamiento de llamadas en las que intentará determinar si, tal como declaró el testigo fundamental de este expediente, el ex secretario de Galeano Claudio Lifchitz, hubo un gran nivel de contacto entre el juez y las autoridades políticas de entonces. Como ya se sabe, el Tribunal Oral dijo que toda la investigación fue “un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. En el juzgado sostienen que, al menos por ahora, no tienen pruebas para llamar a indagatoria a Corach y Menem.