La reacción de Alberto Groppi ante la tapa de Página/12 del día lunes, en que se informó que la Justicia investiga si existió en su distrito un quinto centro clandestino de detención ilegal durante la dictadura militar, fue asombrosa: el intendente de Esteban Echeverría no sólo desestimó esa posibilidad, sino que apenas admitió el funcionamiento de uno de esos campos de concentración. “En el informe de la Conadep sólo figura como centro de detención la Comisaría 1ª de Monte Grande, pero durante 1976. Groppi asume a fines de 1979”, fue la respuesta que hizo conocer a través de un comunicado de su Subsecretaría de Medios.

Groppi, que fue catapultado por los militares como “comisionado civil” de Esteban Echeverría entre 1979 y 1983, se equivoca. En el Nunca Más, el Informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), se menciona expresamente la existencia de cuatro centros clandestinos de detención ilegal y torturas en Esteban Echeverría. En la página 1214, del Anexo, Tomo II, figuran los primeros dos.

- C.I.PR.A (Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica) - Autopista Riccheri Km 5/500, camino a Aeropuerto Internacional, Ezeiza, Esteban Echeverría, Buenos Aires.

- Comisaría 1ª de Esteban Echeverría (Monte Grande) - Santa Marina 474 Monte Grande, Esteban Echeverría, Buenos Aires.

El tercer centro de detención aparece en la página siguiente, la 1215, y se lo describe textualmente como:

- La 205. Ruta Nacional Nº 205, sobre margen izquierda a 300 m. del acceso a Ruta 205 desde Autopista Riccheri, Ezeiza, Esteban Echeverría, Buenos Aires. Terrenos de la Policía de la Pcia. de Bs. As.

El cuarto figura en la página 1217:

- Unidad Penal 3 de Mujeres, de Ezeiza, Esteban Echeverría, Buenos Aires

El lunes este diario informó que la sospecha del funcionamiento de un quinto centro clandestino “se generó en el 2004, cuando dos jóvenes hallaron en un predio, conocido como Transradio Internacional, restos humanos que aparentemente habrían pertenecido a personas que habían sido privadas de su libertad. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó entonces una denuncia y el juez federal Alberto Santa Marina inició una causa que todavía está en curso”.

En su descargo, Groppi dice que este diario afirma “cosas inexactas”. Y explica: “La denuncia sobre la existencia de huesos humanos en el lugar, es de 2004”, dato que, como recuerda el párrafo anterior, este diario consignó. “Pero hasta que no existan pruebas de que los restos óseos pertenecen a personas desaparecidas durante la última dictadura –agregó–, cualquier afirmación es inconsistente.” Este diario transcribió textuales del expediente judicial, de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Repasemos:

- Dice el expediente: en el predio en cuestión “podrían hallarse restos óseos humanos de personas privadas de su libertad en un centro clandestino de detención que habría funcionado allí ente los años 1973 y 1983”.

- Dijo Derotier de Cobacho, cuando este diario le preguntó si las investigaciones van camino a confirmar la existencia de otro centro clandestino: “Todo indica que sí. Hasta apareció un camión del Ejército que se olvidaron ahí adentro. Ahora hay una guardia privada, es raro. Quieren preservar el lugar, No sé qué cuidan. No sé quién es el dueño”.

–¿En las denuncias aparece involucrado Groppi? –le repreguntó Página/12.

–Me han llegado fotos de Groppi paseando por ese lugar.

- Dijo Carlotto: “Yo no descarto que allí funcionara otro centro clandestino. Los informes que me llegaron hablan de la existencia de un lugar con grilletes en las paredes, hay comentarios de que allí funcionaba una maternidad, que hubo hijos de mujeres detenidas-desaparecidas”. Y que, aparentemente, el intendente Groppi “tenía conexiones con el aparato represivo de entonces, ya que también era intendente durante la dictadura”

En el texto elaborado por el subsecretario de Medios, Mariano Seco, señala que “Alberto Groppi asume en Esteban Echeverría en noviembre de 1979, año en que se inicia la transición a la democracia y personas civiles comienzan a hacerse cargo de intendencias y gobernaciones”. En diálogo con Página/12, Seco aseguró ayer que, tras la asunción de Groppi, los centros de tortura –lo dijo en plural, pese a que en el escrito reconoció sólo uno– no estaban en funciones.

Habrá que aclararle a Groppi que la transición democrática se inició en 1983 y no en 1979 y que no sólo antes sino durante su gestión como “comisionado civil”, en Esteban Echeverría se produjeron desapariciones forzadas. A saber: Andrada Cáceres, Juan Sergio (21/9/81), Anfuso Spina, José (18/6/80), De Lillio Vásquez, Miguel Angel (dic./80), Milobara Copes, Mirtha Haydeé (dic./80). Todos estos nombres figuran en el Nunca Más. Allí también se menciona, como “ejecución sumaria”, a Irabedra Pintos, Eduardo Eugenio (29/4/77). Si bien este último caso es anterior a la gestión de Groppi, el dato tiene un valor adicional: lo asesinaron en Transradio, el predio donde se investiga el funcionamiento de un nuevo centro clandestino.

En el texto “aclaratorio”, la gente de prensa del intendente señala que cuando Groppi asumió “es propuesto por un grupo de organizaciones comunitarias, que lo veían como un joven contador, comprometido con las instituciones locales y con fama de buen administrador”. El compromiso de Groppi parecía estar más bien ligado a la dictadura. Poco después de ser puesto en funciones, el 27 de noviembre de 1979, el ministro de Gobierno militar Gualberto Mostajo explicó las razones de la incorporación de civiles. “No implica una apertura electoralista, ni siquiera una aceleración de un proceso de esta índole”, dijo.

Groppi, siempre a través de la Subsecretaría de Medios, negó estar recorriendo Transradio en una foto publicada por este diario y se desligó de Luis Patti, señalando que en el 2003 eligió presentarse solo en los comicios con su Unión Vecinalista. Sin embargo, en un escrito enviado a la Junta Nacional Electoral bonaerense, el 19 de agosto de 2003, María Mónica Torres, apoderada de la alianza de Patti –llamada Acción Federalista por Buenos Aires (Afeba)– autorizó a “diversos partidos y agrupaciones vecinales a adherir a las boleta” que llevaba al represor como candidato a gobernador. “La Agrupación Municipal Unión Vecinalista de Esteban Echeverría podrá llevar adherida a la boleta del distrito de Esteban Echeverría las boletas gobernador y vicegobernador, diputados nacionales y senadores provinciales por la Tercera Sección Electoral de Afeba”, señala el texto que confirma el vínculo político con Patti.