La Cámara de Diputados convirtió en ley la “declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los inmuebles de la Asociación Francesa”, con destino al PAMI. De esta manera, los cinco edificios ubicados en la Capital Federal en los que funciona el Hospital Francés pasarán a la órbita de la obra social de los jubilados, aunque la oposición cuestionó la falta de garantías sobre la continuidad de sus fuentes laborales de los 1200 trabajadores del hospital.

El oficialismo no tuvo miembro informante de su proyecto y la oposición tomó la palabra para criticar. Los planteos opositores fueron desde comprometer al oficialismo a debatir un proyecto sobre la continuidad de las fuentes laborales para los trabajadores, hasta negarse a convalidar “el festival expropiatorio” que planteó el macrista Jorge Vanossi.

Tras las críticas, la diputada Mercedes Marcó del Pont se encargó de defender la iniciativa kirchnerista. Afirmó que el proyecto tenía como objetivo “mantener las fuentes de trabajo”, después de negarse a acceder a las presiones de sectores privados que empujaban al Estado “a hacer el trabajo sucio” para luego hacerse cargo del hospital saneado. Aunque también blanqueó que existen unos 400 trabajadores administrativos que pertenecían al Cefran (la obra social del Francés), que no se pueden traspasar automáticamente al PAMI.