Sáb 21.07.2007

EL PAíS

Ultima audiencia con más historias del horror

Ayer se escucharon más testimonios de tortura, saqueo y asesinatos en la causa de Campo de Mayo.

Un sargento del Ejército que cumplió funciones en Campo de Mayo en 1980 se llevó a su casa el pasaporte de Ricardo Zucker, hijo desaparecido del actor Marcos Zucker, y lo quemó en una fogata junto a los documentos de identidad de otros secuestrados. Así lo reveló ayer la ex pareja del militar en el juicio contra los represores del Batallón 601. La mujer, que pidió que se preservara su identidad, declaró también que el sargento Roberto Neri Madrid “traía a casa relojitos o cadenitas y una vez vino con una medalla que le había sacado a una chica jovencita, de 16 años, según me contó”. La ex pareja de Madrid se enteró en 1990 de que el sargento se suicidó en Campo de Mayo en ese mismo año.

Esta testigo nunca había declarado. Ayer, en la sala de audiencias del palacio de Tribunales, recordó que en una oportunidad Madrid regresó a su casa con la ropa ensangrentada. “Le pedimos que se cambiara porque había familiares para comer, pero él se negó y se la dejó puesta”, detalló la mujer. Al cabo de un año de convivencia, ella huyó con su hija del domicilio “aterrorizada por el nivel de violencia”.

Este es el primer juicio por violaciones a los derechos humanos contra integrantes de las Fuerzas Armadas luego de la anulación de las leyes de impunidad. Investiga el secuestro y la desaparición de un grupo de militantes de Montoneros que en 1979 y 1980 regresaron al país en el marco de la llamada contraofensiva. Los acusados son el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides, el coronel Pascual Guerrieri y otros ocho represores del Batallón 601. La causa fue iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales en 1982 y está a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En la jornada también declaró Juan Carlos Dante Gullo, quien reivindicó la actitud de su hermano Jorge Salvador de regresar en 1979, cuando fue secuestrado y desaparecido. Gullo recordó que mientras él estaba encarcelado un grupo de tareas de la ESMA secuestró a su madre, quien luego fue arrojada al río en un vuelo de la muerte. “En mi fuero íntimo pedía que mi hermano se quedara en el exilio, pero si pienso en el secuestro de mi madre entiendo su decisión, que fue muy valiente”. Gullo reveló que en una visita al penal de Sierra Chica, donde se hallaba detenido, el ex jefe de la policía federal durante la dictadura Arturo Corbetta le expresó su rechazo al secuestro de su madre. “Yo le dije que haber secuestrado a mi vieja era una enorme hijaputez, porque el dirigente político era yo y ya estaba preso. Corbetta bajó la cabeza y me dijo: ‘Tenés razón, es tremendo’.”

Otro de los testigos fue el mayor retirado Jorge Alberto Puigdomenech, ex subordinado de Guerrieri. En 1992, en un reclamo administrativo del Ejército, el testigo lo había acusado de haber participado en “hechos aberrantes” como “la eliminación de subversivos arrojados vivos al Río de la Plata”. Convocado por el defensor de Guerrieri, ayer se desdijo. Argumentó que cuando hizo aquella acusación estaba “desesperado, mal anímicamente”. Puigdomenech dijo que prestó servicios en el Batallón de Inteligencia 601 entre 1980 y 1984, y que se retiró por una “neurosis depresiva severa, no relacionada con actos de servicio”. Sin embargo, el Cels informó que en su legajo consta que su inestabilidad era producto de “las actividades que tuvo que desplegar en el área de Inteligencia, participando y comandando grupos especiales en la lucha contra la subversión en el país y en el extranjero”.

La de ayer fue la última audiencia pública, aunque el juez deberá evaluar si llama a una más después de la feria para los testigos que faltaron. En el expediente, que se rige por el viejo Código Procesal, la fiscalía y la querella ya hicieron su pedido de penas. Los fiscales Jorge Alvarez Berlanda y Oscar Amirante pidieron 25 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre. Los querellantes, representados por la abogada Carolina Varsky, solicitaron la pena máxima para todos los imputados. Cuando finalice la ronda de testigos será el turno de los alegatos, tras lo cual el juez Lijo dará a conocer su sentencia.

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