Daniel Adler es el fiscal general de Mar del Plata, y quien mandó a la Ufidro el informe de inteligencia sobre las Madres de Plaza de Mayo y los referentes sociales. En diálogo con Página/12 da su versión sobre el espionaje ilegal.

“En ningún momento ordené realizar inteligencia sobre alguno de los organismos de derechos humanos. Puedo decirle que estoy trabajando para que las fuerzas de seguridad se pongan al servicio de la investigación sobre el terrorismo de Estado.”

–Si no mandó hacer una investigación, ¿cómo obtuvo los informes?

–Los trajo una persona que está imputada en otras causas.

–Y usted en lugar de desestimarlos e investigar a esa persona, ¿los mandó a Buenos Aires?

–No puedo cajonear una denuncia de delitos de narcoterrorismo. No le puedo dar detalles, pero hay un montón de investigaciones en sentido contrario.

–Pero como el espionaje político está prohibido usted no debería haberlo remitido a ningún lado sino desestimarlo.

–Mandé a la Ufidro los informes para que ellos evaluaran qué hacer. Ellos me preguntaron si yo no había hecho una denuncia, les dije que no y me mandaron para que se investigara en Mar del Plata y yo lo remití a una fiscalía de primera instancia que cerró la causa.

–¿Por qué no mandó únicamente los datos de narcotráfico si los había y desestimó el resto?

–No puedo desestimar una parte de la denuncia y otra no. Yo la remití para que la analicen como totalidad. Eso es como allanar una casa sin orden de allanamiento.

–Eso también está prohibido.

–No, pero eso se evalúa después. Es como si yo me entero de que alguien está matando a otra persona adentro de una casa, ¿no voy a entrar porque no tengo una orden para hacerlo?