Después de la toma anteayer de la Municipalidad de Puerto Deseado y el incendio de las instalaciones de cuatro empresas del Parque Industrial Pesquero por parte de un grupo de trabajadores de la pesca, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró “inadmisible el nivel de violencia” del conflicto gremial y aseguró que las negociaciones “ya entraron en el terreno del diálogo”, por lo que habría “un principio de acuerdo” entre las partes. Sin embargo, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dispuso el envío de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval a la zona.

El ex delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Daniel Medina aclaró que “bajo ningún punto de vista” avalaron la situación de violencia y negó que se haya producido la toma de la sede comunal. Además, acusó a “los políticos de turno” y al titular de Pesquera Santa Elena y de la Cámara de empresas pesqueras (Capeca), Alfredo Pott, de ser “los culpables de todo este desborde”. Medina, destituido del cargo por el SOMU nacional, reclama la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo y la modificación de la forma y cantidad que deben pagar en concepto de Impuesto a las Ganancias, así como lo hicieron los empleados petroleros patagónicos.

Pott, portavoz de las empresas, calificó de “vándalos” a los trabajadores y expresó por medio de comunicado que “los daños le pegan muy fuerte a un sector que está en problemas serios por las retenciones y por la pérdida de competitividad que sufrimos”. Además, consideró que están “abandonados por las autoridades provinciales que no garantizaron, ni garantizan, la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos”.

Los incidentes se habrían producido cuando el concejal justicialista Enrique Barría, a cargo de la intendencia de Puerto Deseado, no les pudo dar respuesta a sus reclamos porque la mayoría de los funcionarios se encontraban en Puerto Santa Cruz donde el presidente Néstor Kirchner estaba realizando un acto.