Si la rebelión que hizo arder la comisaría de El Jagüel dio en el estómago del gobierno provincial, las declaraciones del segundo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Sain, sobre la promiscua relación entre las ilegalidades policiales y la política provocaron un moretón parecido al interior del PJ. Es que Sain consideró posible un complot político-policial contra la administración de Juan Pablo Cafiero: “No pertenecemos al aparato del peronismo de la provincia, y no estamos dispuestos a (...) avalar ningún tipo de financiamiento de la política” a través de actividades ilegales como “el narcotráfico, el juego y la prostitución”. “No hay posibilidades de que (éstas) funcionen sin el amparo de la política”, aseguró Sain, y recordó que fue por el mismo motivo de este supuesto complot que en 1997 fracasó la reforma llevada adelante por León Arslanian. Sain, mano derecha de Cafiero, se ganó el repudio del justicialismo, que por la tarde pidió “por lo menos su cabeza” –con esa metáfora el peronismo entiende la renuncia– y lo amenazó con un juicio penal si no prueba sus acusaciones.
La conversación que Sain mantuvo con los periodista de Radio La Red, por la mañana, se convirtieron en titulares escandalosos hacia el mediodía, para cuando el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Osvaldo Mércuri –otro de los candidateables de la interna justicialista–, salió a responderle también por radio. Lo que sucedió es que las palabras de Sain dichas de a poco a lo largo de un diálogo de quince minutos fueron resumidas en titulares que se referían a que directamente el crimen de Diego Peralta era culpa de la interna del PJ bonaerense: “La idea de que el cuerpo de este inocente fue tirado a los pies de Cafiero para perjudicarlo como con otros casos de resonancia pública sin resolver, ya quedó instalada después de semejante exabrupto del viceministro”, se quejó ante Página/12 uno de los diputados que por la tarde se autoconvocaron alrededor de Mércuri para ver cuál era el merecido de Sain.
Para empezar, Sain –hay que decirlo tal como el mismo lo estuvo aclarando ayer y durante este casi mes de gestión– no es un hombre del PJ, ni tampoco un político de carrera. Se trata de un sociólogo, experto en seguridad, que llegó al cargo por la vía del conocimiento académico y no por su filiación justicialista. El Fondo de Cultura Económica acaba de publicar su libro Sin pena ni gloria, en el que se pueden encontrar declaraciones que expliquen en profundidad lo que al calor de la coyuntura social y política salió a decir ayer. De hecho, el texto es el resultado de una investigación en la que concluye que el crimen cometido frecuentemente por la policía es la consecuencia de que, no ahora, sino desde hace décadas, el poder político se desentendió de la verdadera administración de la seguridad pública general.
Es por eso que ayer el subsecretario de Planificación y Logística del ex Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense se despachó con lo que los peronistas menos resentidos por sus declaraciones calificaron como “la verdad de la milanesa”. Repasemos esos conceptos. Cuando el periodista Oscar Gómez Castañón le preguntó –tras varias frases en las que Sain descartaba que hubiera elementos en la causa para acusar a la policía del crimen de Diego Peralta– “¿no estará la policía intentando también por inacción al menos que se le complique la gestión a ustedes?” el funcionario contestó: “Mire, sabe que el primer ojo que yo podría poner si eventualmente existe algo de esto, no es en la policía sino en la política, porque detrás de cada problema policial siempre hay un problema político”. Es por el mismo motivo que fuentes del Ministerio de Seguridad hace varias semanas que reconocen la preocupación que les causan crímenes como el del comisario inspector Daniel Palacios, segundo jefe de investigación de Morón, que fue asesinado por supuestos ladrones cuando lo custodiaban tres policías que no pueden explicar con lógica por qué no alcanzaron a evitar un crimen por lo menos extraño.
Un poco más adelante, y en tren de aclarar sus propias palabras Sain se despachó con que “esta gestión no está dispuesta a colocar a este Ministerio al servicio de las internas partidarias”. Para despejar cualquier duda abundó: “Tradicionalmente, el sistema policial sirvió para financiar la política”. Entonces repitió: “No estamos dispuestos a poner al Ministerio a avalar ningún tipo de financiamiento de la policía a la política. La sensación que tenemos es que esto molesta a algunos dirigentes bonaerenses”. Cuando le pidieron nombres, Sain habló de “algunos dirigentes” además de, por supuesto, Eduardo Duhalde, el capo del peronismo bonaerense.
Lo mejor llegó cuando Sain le explicó al periodista Sergio Moreno, del programa “Febo asoma”, en Radio Ciudad, el mecanismo de financiación de la política: “Es a través del financiamiento concreto de la política, a través del amparo de situaciones de ilegalidad”. “La droga, el juego, la prostitución”, le apuntaron. “Directa o indirectamente, sin lugar a dudas, esto recauda para la política. Pero no tenga ninguna duda –remarcó– de que esto es así porque no hay posibilidad de que eso funcione sin el amparo político”. Como para terminar de definir el carácter de estos mecanismos Sain dijo: “Si tiene amparo de la política es un mecanismo mafioso, no es un mecanismo apenas delictivo. No tenga duda de que esto es así, no tenga duda de que esto está en la causa que llevó al fracaso de la reforma del año 97. ¿Usted recuerda los dichos de Arslanian sobre este tema?”. Casi hacia el final fue que aclaró por qué habría un complot: “No pertenecemos al aparato del peronismo en la provincia pero además no estamos dispuestos a poner al Ministerio y a admitir que un sector de la policía desprofesionalizadamente intervenga en la actividad política”.