El ministro de Defensa de la Nación, Horacio Jaunarena, intentó desmentir ayer los contenidos de la reunión que mantuvieron el presidente Eduardo Duhalde y los jefes del Ejército, general Ricardo Brinzoni, y de la Armada, almirante Joaquín Stella, el pasado martes, donde ambos militares expresaron su “preocupación e incomodidad” por el avance de las causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. Jaunarena dijo que, en dicho meeting, sólo se conversó sobre posibles aportes que las Fuerzas Armadas podrían realizar en el terreno social. El ministro no reveló cómo se enteró de lo que conversaron los tres contertulios, ya que no estuvo presente en dicha reunión. Quizás, en un gesto de humildad, le haya preguntado a sus subordinados, los jefes militares mencionados; o tal vez, más temerariamente, a su superior, el Presidente. Pero quien le haya informado no le dijo la verdad, ya que el tema central que ocupó la reunión fue la preocupación militar por el avance de las causas anteriormente nombradas, tal como adelantara ayer Página/12 en exclusiva.
No fue sólo el ministro de Defensa quien intentó minimizar, sin demasiada fortuna, la información publicada ayer por este diario. También el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y el secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, apuntaron en la misma dirección, aunque tuvieron la delicadeza de obviar las categorizaciones y dejar una puerta abierta. “Se trataron temas vinculados a la situación presupuestaria de las fuerzas”, repiqueteó Fernández en varias radios, sin aclarar por qué, de haber sido ése el tema abordado, no estuvieron presentes ni Jaunarena ni el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Walter Barbero.
Un altísimo oficial confió a este diario que la ausencia del jefe de la aviación se debió a que esa fuerza no tiene miembros involucrados en las causas penales que investigan las violaciones a los derechos humanos. La misma fuente había señalado que Brinzoni y Stella vieron a Duhalde “en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por lo cual no era necesario que el ministro (Jaunarena) estuviese presente, aunque estaba avisado”. Curiosa interpretación.
Ayer, el titular de la cartera de Defensa, mal informado por vaya a saber quién, sostuvo que en la discusión del martes en la Rosada se conversó sobre “un proyecto que está en vías de concreción, que involucra a las Fuerzas Armadas en todo lo que sea la asistencia social en algunos lugares del Gran Buenos Aires y del resto del país donde la situación social es muy preocupante se pueden hacer aportes: distribuir alimentos, producir raciones calientes, potabilizar agua y realizar obras de infraestructura”, dijo. En realidad, ese tópico del que dio cuenta Jaunarena no existió. Una altísima fuente militar relató a Página/12 con bastante detalle los pormenores de la charla. Tal como fue publicado ayer, los jefes del Ejército y la Armada plantearon la inquietud de sus fuerzas ante los avances judiciales. La Corte Suprema tiene en su poder dos causas en las que, tanto en primera instancia cuanto en la Cámara Federal, declaran la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En el máximo tribunal duerme, también, un pedido del dictador Jorge Videla –actualmente con prisión domiciliaria– solicitando se determine la cosa juzgada en la causa por apropiación ilegal de bebés de desaparecidos. Según las fuentes consultadas por este periódico, el Presidente “receptó” las preocupaciones castrenses.
Además de negar un asunto producido en una reunión de la que no formó parte, Jaunarena volvió a poner su pica en Flandes al exponer su pensamiento con respecto a las causas que tanto preocupan a la Marina de Guerra y al Ejército. El ministro, que ocupaba este mismo cargo cuando impulsó la sanción de la Ley de Obediencia Debida durante el gobierno de Raúl Alfonsín, dijo ayer a Radio El Mundo:
- “Hay una cantidad de personal que luego de 25, 30 años de ocurridos los hechos, permanece en una situación de indefinición respecto de su suerte y su responsabilidad. Esto no es bueno ni saludable para ningún cuerpo”.
- “Cualquier sociedad que se precie de tal necesita tener definida la suerte de sus miembros luego de 25, 30 años de que sucede el hecho. No es saludable una situación de indefinición en este tiempo y con estas características”.
- “El problema que existe es que hace casi 30 años que ocurrieron los hechos que motivaron la detención de una serie de oficiales en retiro, y todavía no está definida la situación de cada uno de ellos, porque está cuestionada la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.
- “Se pueden cometer dos errores frente al presente: uno es olvidar la historia, con lo cual serían inútiles todas las experiencias que hemos adquirido, y otro es pensar que el presente repite la historia sin ningún tipo de diferenciación. La verdad es que la historia no se repite. Hay que asimilar sus enseñanzas. Las Fuerzas Armadas de hoy no son las del gobierno del doctor (Arturo) Illia, ni tampoco son las de la década del 70 ni del 80”.
Como podrá apreciar el lector, el pensamiento vivo del ministro en este asunto es similar al de sus subordinados de la Armada y el Ejército. Jaunarena da cuenta de su deseo de terminar con las causas que involucran a oficiales de las FF.AA., por más que hayan cometido crímenes de lesa humanidad que son, por tanto, imprescriptibles.
Quizá debido a esa comunión de pensamiento no hizo falta su presencia anteayer en la Casa Rosada, y fueron directamente sus subordinados a hablar con el Presidente para plantearle la inquietud militar.
Ayer, fuentes militares volvieron a confirmar a este diario lo conversado entre los jefes militares y Duhalde, luego de los intentos de desmentida de los distintos funcionarios del Gobierno. Las fuentes citadas tuvieron información de primera mano sobre el encuentro en cuestión, al parecer mejor que la que le hicieron llegar al ministro de Defensa.