La Procuración General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires recibió documentación con las pruebas de “la elucubración de un atentado” contra el juez Pedro Hooft, el mismo que investiga en Mar del Plata la desaparición de tres prostitutas en mano de una banda mixta integrada por proxenetas y policías, con complicidades judiciales. A raíz de esa información, el procurador de la Corte, Eduardo de la Cruz, dispuso ayer reforzar la custodia personal del magistrado. Para eso ordenó además reemplazar a los policías que tenía asignados por efectivos de gendarmería.
La información sobre el atentado llegó el lunes a la Fiscalía General de Mar del Plata a través de una carta dirigida al fiscal general Gabriel Fernández Garello. La carta entró al organismo por Mesa de Entrada y siguió el curso administrativo de cualquier otro trámite. Recién ayer, Fernández Garello se encontró con el contenido de la carta y los detalles que hablan sobre un posible atentado físico contra la vida del juez. Página/12 supo que no se trata de una carta anónima. El documento está firmado y el autor está perfectamente identificado: “Aparentemente sería un ex policía”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
Los detalles de la carta aún no transcendieron. Sin embargo, este diario pudo saber dos aspectos centrales de ese mensaje que a De la Cruz le permitió decir que “existen elementos precisos para sospechar que se estaría elucubrando un atentado contra la vida del juez Pedro Hooft”. Quien firmó la carta no dio detalles del plan pero sugirió su existencia. Allí habla de “la investigación que está haciendo Hooft, donde está implicado un grupo de policías”. A continuación, sugiere que “se necesita reforzar la vigilancia porque podrían atentar contra su seguridad”. Estas palabras no son textuales, sino la trascripción del relato que le hizo a este diario una fuente de la Fiscalía General.
Además de esta serie de recomendaciones, el misterioso autor de la nota sugirió algunas restricciones entre el personal que se convoque para reforzar la protección del juez: ni policías de la Bonaerense –dijo– ni de la Federal. En el texto hay otros elementos de peso. Entre ellos, un listado donde se enumera la cantidad de amenazas que fue recibiendo Hooft mientras hacía viejas investigaciones por fuera de la causa por la desaparición de las prostitutas. En tanto, nadie reconoció oficialmente que alguno de los fiscales o la gente de la Procuración haya tomado contacto con el autor de la carta para conocer más detalles.
Hasta ahora, en la pesquisa que lleva adelante el juez de Mar del Plata hay diez policías procesados. Nueve de esos diez están detenidos. El último de la lista está prófugo junto a tres civiles. En estos días el expediente está en manos de la Cámara penal de Mar del Plata. El Tribunal tiene que resolver en las próximas horas si confirma o no el procesamiento dispuesto por el juez para los policías. La resolución estaría lista en 48 horas. Mientras tanto, en el despacho de Hooft no descansan. En estos momentos allí están procesando “un caudal de documentación muy importante que podría generar nuevas medidas”, explicó ayer una fuente de la Procuración. El juzgado encontró esa voluminosa cantidad de documentos en una serie de allanamientos en los que se encontró con una veintena de mujeres paraguayas secuestradas.
“Ahora son sólo diez los policías procesados, pero hay mucha documentación y siempre existe la posibilidad de que la cantidad de detenciones se extienda, y hacia arriba”, explicaba anoche la misma fuente de la Procuración. El “hacia arriba” para los investigadores es un “hacia arriba” que no implicaría conexiones con Departamentales de otras partidos de la provincia. Por eso para la Procuración, las razones que dispararon el envío de la carta están “focalizados exclusivamente en Mar del Plata”.
Esa focalización es importante. En algún momento, cuando ayer se conocía la existencia del plan y de la amenaza, algunos buscaron conexiones con el caso de Diego Peralta. En ese caso, es la Federal quien investiga la eventual participación de la Bonaerense en el secuestro y en el crimen.Por los datos reunidos hasta ahora, el anticipo que recibió Hooft a través de los fiscales no tiene nada que ver con esa investigación. Al menos así lo piensan quienes conocen cómo se mueven las bandas de la Bonaerense. “Salvo en los casos en los que tienen que devolver un favor, las bandas de policías operan por regiones y desvinculadas una de otras: al menos eso es así a nivel provincial”, explicaba anoche uno de los expertos en estos temas.
En tanto, frente a la casa de Hooft ayer se reorganizaba el equipo de custodias. Hasta anoche, el magistrado había recibido ninguna amenaza. “Lo único que supe –le dijo a este diario– es que la Procuración maneja documentación donde se menciona el atentado.”