Por Eduardo Lucita*

Algo más de un centenar de personas –diputados de la Ciudad y de la Nación, vecinos de las asambleas de Chacarita, Colegiales, Paternal, Scalabrini Ortiz y Santa Fe, Villa Urquiza, Bajo Belgrano, Palermo Viejo; las revistas Topia y La Maza; estudiantes universitarios; integrantes de la coordinadora de Brukman; trabajadores de base de telefónicos, estatales, de Metrovías, acudieron el sábado 10 a la convocatoria de los trabajadores de la panificadora Grissinopoli, ocupada desde hace más de dos meses.
Ivana Agüero –una mujer menuda portadora de una mirada de inmensa ternura y también tristeza, pero de ojos y voz firmes al momento de comunicar las decisiones–, ofició de vocera, informó que desde el 3 de junio, día en que los empresarios decidieron bajar las persianas y comunicarles que debían arreglarse con la Justicia, están ocupando la fábrica. Comenzaron reclamando el pago de casi un año de salarios atrasados y por la retención de sus aportes sociales de tres años nunca depositados y ahora están luchando por mantener la fuente de trabajo bajo su propia administración y gestión.
Asesorados por un abogado iniciaron los trámites para formar una cooperativa, La Nueva Esperanza, pero el jueves pasado la jueza Norma Beatriz Di Noto les informó “... que era inminente la entrega de la empresa a un grupo de abogados”, simples testaferros cuyo negocio, bajo el régimen conocido como cram down (a la baja), es comprar empresas en quiebra a precio vil, no para hacerlas producir sino para quedarse con el negocio inmobiliario.
Y continuó, “...la Justicia nos defraudó, como obreros estamos humillados pero como seres humanos hemos crecido, hoy sabemos el valor de la solidaridad de todos ustedes, nuestra decisión es resistir el desalojo, no permitir el cierre definitivo de la fábrica y poner todo el esfuerzo en volver a producir”.
Todas las intervenciones de los presentes partieron de un punto compartido: acatar las decisiones de los trabajadores. H. Polino, diputado nacional y J. Altamira, legislador de la Ciudad, se comprometieron a apoyar a los trabajadores, informaron que en la Legislatura hay varios proyectos para declarar “sujeta a expropiación” toda empresa abandonada por la patronal, aconsejaron también no desestimar ninguna de las instancias legales e institucionales –ya que en las actuales condiciones políticas el peligro de desalojo es real– y apoyarse en la movilización permanente, ejerciendo presión moral y política sobre los funcionarios, fortaleciendo la toma adentro y sacando el conflicto a la calle.
Hay ejemplos de que se puede, dijeron: el de la gráfica Chilavert; el bloqueo al despido de 800 telefónicos; la reconquista de la jornada de 6 horas en Metrovías; el reciente acampe piquetero en Plaza de Mayo.
Luego de numerosas intervenciones, todas haciendo eje en la solidaridad y proponiendo actividades concretas, quedó constituida una Comisión de Solidaridad encargada de mantener un sistema de comunicaciones para autoconvocarse ante cualquier intento de desalojo, que acompañe permanentemente a los trabajadores y que fortalezca el fondo de huelga; una Comisión de Prensa y una Comisión de Producción que analicen los requerimientos mínimos de materia prima, la forma de financiar su compra, y la comercialización de lo producido.
Por último, a propuesta de un desocupado de la asamblea de Chacarita, los trabajadores y los asambleístas realizaron una marcha por el barrio que rodeó la Plaza Los Andes explicando a los paseantes las razones de la movilización.
La marcha culminó en donde había partido, en las puertas de la fábrica. Un aplauso cerrado coronó un día de mucho trajín, ingresaron por los portones de Charlone 55, llegaron hasta los ventanales del tercer piso y de allí inundaron el barrio.
Los trabajadores de Grissinopoli están decididos a resistir la voracidad del capital financiero y los vecinos también.

* Integrante de la Asamblea de Chacarita/Colegiales/V. Ortúzar.