Fernando de la Rúa no quiere ser indagado por la masacre de Plaza de Mayo. Sus abogados presentaron un recurso ante la Cámara Federal porteña para cuestionar ante la Corte Suprema la decisión de ese tribunal, que ordenó a la jueza María Servini de Cubría la citación del ex presidente para que sea interrogado bajo el cargo de homicidio culposo y lesiones graves. Página/12 pudo saber que la sala I de la Cámara rechazará esta iniciativa y que los defensores llegarán de todos modos al Alto Tribunal pero en queja. Mientras tanto, la magistrada no tiene previsto concretar la indagatoria que le ordenaron sus superiores porque está realizando “otras medidas más urgentes”, según explicó una alta fuente judicial.
Servini no parece tener ninguna premura en escuchar al ex presidente y a su ex ministro del Interior, Ramón Mestre, en la causa en la que investiga los cinco asesinatos y las lesiones de dos centenares de manifestantes que fueron reprimidos el 20 de diciembre, cuando la Alianza abandonaba el poder tras la renuncia de De la Rúa. Según una alta fuente consultada por Página/12, el juzgado busca establecer las responsabilidades de un grupo de uniformados en la muerte de un sexto manifestante, Jorge Cárdenas, baleado en la madrugada del 20 de diciembre en las escalinatas del Congreso y que murió el 27 de julio. Desoyendo el insistente planteo de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, la magistrada los había convocado a indagatoria acusados de la detención ilegal de 29 personas, y les dictó la falta de mérito. En un reciente fallo en el que resolvieron una serie de apelaciones del caso, los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani entendieron que De la Rúa, Mestre y también el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov debían ser indagados por el homicidio de Carlos “Petete” Almirón, Gastón Riva, Gustavo Benedetto, Diego Lamagna y Alberto Márquez, que cayeron por las balas de plomo utilizadas por la Policía Federal para reprimir la rebelión popular. También están acusados por 277 hechos de lesiones.
Los abogados Zenón Ceballos y Miguel Almeyra, defensores del ex presidente, consideraron que la decisión de la Cámara “es arbitraria” porque a su criterio “no se ajusta a las pruebas existentes” en el expediente. En el escrito que presentaron ayer, opinaron que como De la Rúa no había sido indagado por los homicidios la sala I excedió su ámbito de revisión y se pronunció sobre un delito por el que el ex jefe del Estado no fue imputado en primera instancia. Los letrados negaron que el ex mandatario “pudiera prever la brutal, extremadamente grave y dolosa actuación policial”. Agregaron que “el Poder Judicial no puede, no debe, atribuirse las decisiones que la Constitución asigna a otro poder del Estado” porque esto “altera el equilibrio republicano”. Y pidieron el apartamiento de los camaristas de la causa.
En diálogo con Página/12, Almeyra dijo sentirse optimista respecto de la evolución del planteo, aunque no desconoce que la Corte sólo revisa sentencias definitivas y el llamado a indagatoria no lo es. “Lo que tienen que hacer los defensores es llevar a De la Rúa a declarar”, comentó una fuente de la Cámara en alusión a la presentación que busca impedirlo, anticipando un seguro rechazo de ese tribunal.