Así como el asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki remitió al viceministro de Inteligencia, Oscar Rodríguez (en cuyo feudo de Guernica habían sido marcados dos semanas antes de su muerte), el degüello del adolescente Diego Peralta hizo emerger una asociación entre sectores policiales y algunos hombres de negocios dudosos, vinculados a su vez con políticos de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Esto ha conmocionado a quienes en el entorno del senador Eduardo Duhalde temen el avance de las investigaciones e interpretan cada acontecimiento en función de la disputa por los restos en descomposición del aparato justicialista del conurbano.
Cuando el asesinato del periodista José Luis Cabezas desencadenó una batalla campal entre Duhalde y Carlos Menem, en el Polideportivo de Olivos moraba un riojano, cuyo gabinete incluía riojanos, porteños, cordobeses, riojanos, chaqueños, mendocinos, riojanos, tucumanos, santiagueños, pampeanos y riojanos. Hoy, en cambio, apenas los dos representantes de José Luis Manzano (Miguel Toma y Jorge Matzkin) interrumpen el homogéneo panorama de bonaerenses que se sientan junto al senador por Buenos Aires que desempeña en forma interina el Poder Ejecutivo Nacional. Esto ayuda a entender el entusiasmo con que diversos actores del gobierno nacional participan en los episodios desatados por el asesinato de Peralta y sus nexos con las próximas elecciones provinciales.
Hay por lo menos cuatro candidatos para ello: el presidente de la Legislatura, Osvaldo Mércuri, que cree en milagros; el cantinflesco jefe de gabinete Alfredo Atanasof, la ministra sin cartera Hilda González y el propio Duhalde, pese a su promesa de que no volverá a aspirar a un cargo político. En cualquier caso, el actual gobernador, Felipe Solá, es un obstáculo a remover. No sólo aspira a cuatro años más, esta vez como cabeza de fórmula, sino que ha cortado sin miramientos la hemorragia de recursos que en forma espuria financiaba la política y las fortunas personales de algunos de sus competidores. Los gases que emanan de este pantano se encendieron en contacto con la inflamada verba del viceministro de seguridad, Marcelo Fabián Sain, quien cometió la imprudencia de afirmar que el rey estaba desnudo. Sólo una sobredosis de racionalidad, aportada el viernes por Solá y por el ministro federal de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, desactivó una escalada insensata que amenazaba (que aún amenaza, aunque por fin alguien reacciona) con reproducir un escenario tan sombrío como el de las contiendas facciosas que se dirimieron de la peor manera en 1974/5. Tres horas a solas entre Alvarez y Solá, y otras tantas de ambos con Duhalde y el ministro Juan Pablo Cafiero, sentaron las bases de una respuesta institucional seria a un problema cuya gravedad es difícil exagerar. Por una vez, alguien pensó en aplicar la ley.
La de seguridad interior prevé la creación de un comité de crisis. Será copresidido por Alvarez y Solá y coordinará el empleo de las fuerzas federales de seguridad y de las provinciales. Se descartó por completo, en cambio, la intromisión castrense que demandaban los Jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Armada, ansiosos por la reocupación de espacios institucionales y presupuestarios. Alvarez y Solá tuvieron el cuidado que le faltó al jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, quien vapuleó con torpeza a su colega bonaerense, Alberto Sobrado, durante un encuentro en La Plata, al que Alvarez lo había enviado. Sólo consiguió que la fuerza que comanda quedara excluida de la eventual solución del problema. Los federales pretenden que el gatillo fácil, el financiamiento mediante la prostitución o la droga, el maltrato a la comunidad a la que deberían servir sólo suceden del otro lado de la Avenida General Paz, una ficción insostenible. Giacomino puso un ejemplo espantoso: el asesinato de los tres pibes de Floresta el 29 de diciembre del año pasado. “Que el sargento [Juan de Dios] Velaztiqui se pudra en la cárcel, pero yo ni mamado permito que me tomen una comisaría. Cuando los vecinos quisieron tomar la 43ª, ordenamos reprimir,” dijo, con el vano orgullo de la prepotencia.
Clave
“Es un funcionario clave en la estructura del ministerio”, dijo Solá el jueves cuando los periodistas le preguntaron por la continuidad de Sain en su cargo. Ese es el punto de acuerdo general, tanto entre quienes consideran que Sain cometió un error político al describir cuán funcional es la corrupción policial al financiamiento de un sector del justicialismo bonaerense, como entre aquellos que entienden que la tempestad que produjo cortó una ofensiva, solapada pero imparable, que en pocos días más hubiera acabado no sólo con Cafiero sino con el propio Solá. Tal vez sin proponérselo, Sain dividió aguas: Mércuri, a quien el funcionario no había nombrado, encabezó una reacción furibunda, junto con otros próceres como Aníbal Fernández, Hugo Toledo, Baldomero Alvarez de Olivera y sus epígonos en la Legislatura provincial. No se sumaron a ellos, por ejemplo, los jefes políticos de Tres de Febrero, Hugo Curto, o Almirante Brown, Jorge Villaverde, tan peronistas y bonaerenses como los otros, pero que no se sintieron aludidos por las palabras de Sain.
Hijo de un sargento de la Policía Federal retirado al producirse el golpe de 1976, académico en las universidades de Quilmes y de Campinas (Brasil), especialista en la detección del blanqueo de activos financieros de origen ilícito, ganador por concurso de un lugar en la Unidad de Información Financiera creada por la ley 25.246, Sain es uno de los escasos expertos en Seguridad que llega a un cargo público de la especialidad, por lo común en manos de practicones y punteros, tipo Toma o Enrique Mathov. Por no privarse del paraíso bonaerense, Sain pidió licencia en la UIF, donde ganaba el doble y trabajaba sólo de día. Su lealtad con Cafiero, junto a quien abandonó el peronismo rumbo al Frente Grande en 1990, es recíproca. El 2 de agosto, Cafiero firmó dos resoluciones poniendo en marcha un programa integral de prevención y represión del delito, elaborado por Sain, que en otras tres o cuatro semanas debería incorporar a todas las jefaturas departamentales de la provincia los sistemas informáticos más modernos (algunos tomados de la página en Internet del departamento de justicia de los Estados Unidos, como el programa “Crime Stat”). Esto permitirá utilizar en forma racional recursos escasos, de modo de aplicarlos en el momento y el lugar necesario y, al mismo tiempo, controlar en forma centralizada a los encargados de su ejecución. Solá, quien hubiera preferido que Sain no hablara, tuvo la inteligencia y el decoro de sostenerlo.
Nexos
Tanto o más que las declaraciones de Sain molestaron las promisorias investigaciones llevadas a cabo en la órbita de su secretaría a partir de la desaparición del chico Peralta (aunque no necesariamente en ese caso), que pusieron en evidencia el modo de funcionamiento de un escuadrón de la muerte policial en Esteban Echeverría y Ezeiza, conectado tanto con algunos comerciantes como con el poder político de la zona. Hasta ahora trascendieron cinco casos de adolescentes y jóvenes desaparecidos o asesinados allí en los últimos dos años, algunos de ellos con antecedentes policiales. En orden cronológico inverso:
Diego Peralta. Secuestrado hace un mes y asesinado por lo que el único detenido describe como una banda mixta, entre cuyos integrantes habría varios policías. Según el extorsionador que comenzó a llamar a la familia luego del secuestro, uno de ellos sería el sargento Miguel Giménez,integrante del servicio de calle de la comisaría de El Jagüel. Esta afirmación deberá corroborarse con otros indicios.
Emmanuel Carlos Salafía. Su cuerpo acribillado a balazos por la espalda apareció el 3 de mayo de este año dentro de una camioneta con tracción en las cuatro ruedas, robada en Lomas de Zamora. El cabo 1º Roberto Daniel Macua y la sargento Isabel Inés Ciarlo, tripulantes de un patrullero policial, declararon que habían interceptado la camioneta y disparado en legítima defensa. Pero el fiscal Daniel Gualtieri estableció que la camioneta estaba agujereada mientras que en el patrullero “no se advierte impacto alguno”. Hace tres semanas, Cafiero comunicó al fiscal que las investigaciones realizadas en su ministerio vinculaban el episodio con un secuestro extorsivo contra Salafía, ocurrido dos años antes, por el cual están detenidos desde agosto de 2000 los sargentos Vicente Sandoval y Oscar Alberto Barragán, de la comisaría 5ª de Ezeiza, ambos separados de las filas por el ex jefe, Ramón Verón. En el episodio también aparece implicado el propietario de un taller de Monte Grande, quien citó a Salafía con un pretexto comercial. Cuando estaban reunidos llegó uno de los sargentos y se lo llevó hacia la comisaría del barrio La Unión, según dijo para labrar un acta. Pero se detuvo en una estación de servicio de Esteban Echeverría, donde aguardaba el otro sargento. Juntos apuntaron a Salafía y le exigieron 2000 pesos y una moto. De lo contrario, amenazaron con fabricarle una causa por drogas al padre, quien es propietario de un bar. Cuando lo dejaron en libertad para que buscara el dinero, los padres de Salafía presentaron la denuncia en la Unidad de Investigaciones Fiscales de Lomas de Zamora. En la cita acordada para pagar el rescate, los sargentos fueron detenidos. De la extorsión habrían participado también otros policías. La investigación menciona a “un tal Giménez, de Esteban Echeverría, y otro de El Jagüel”. Emmanuel Salafía ya había sido demorado por la policía en marzo de 2000, acusado por la tenencia de un cuadriciclo robado. El 28 de setiembre de 2000 el caso apareció en la sección policiales de Clarín, en un artículo premonitorio. Los padres del chico decían entonces: “La situación de miedo quedó tan marcada en el chico, que no se anima ni a salir a la calle con la novia”.
Hugo Javier Barrionuevo. Muerto a balazos en la madrugada del 6 de febrero de este año, cuando formaba parte de un piquete organizado en El Jagüel por la agrupación de trabajadores desocupados “Aníbal Verón”, la misma de Santillán y Kosteki. El autor de los disparos contra Barrionuevo fue el ex policía Jorge Bogado, dueño de una parrilla de la zona y puntero del intendente justicialista de Ezeiza, Alejandro Granados. Los acompañantes de la víctima dijeron que la policía había dejado pasar a Bogado, como parte de una provocación contra los piqueteros, cuya gestión de los planes de empleo debilita e irrita al clientelismo tradicional. “Las decisiones se toman por asamblea y han dado luz a numerosos proyectos comunitarios (bibliotecas, roperos, guarderías) y productivos (bloqueras, carpinterías, panaderías, herrerías, huertas, talleres de confección, etc.) que van creando las bases de una cultura política y una economía alternativa”, describió entonces uno de ellos. La policía protegió a Bogado, y la justicia sólo le impuso un arresto domiciliario.
Alcides Daniel Fernández. Tenía 15 años cuando desapareció, el 3 de enero de este año, mientras recogía cartones. El pibe ya había estado detenido bajo acusación de encubrimiento de un delito y alojado en un instituto para menores. Seis meses antes de su desaparición, en mayo de 2001, la madre había denunciado por amenazas a policías de Ezeiza, quienes les habían cerrado el paso con un patrullero. La familia declaró que comerciantes de la zona pagaban para que la policía “desaparezca chorritos” y sindicó entre los ejecutores al oficial subinspector Diego Cristian Pavón, del Comando de Patrullas de Ezeiza; al sargento 1º Miguel Angel Giménez y al sargento Oscar Alfredo Jiménez, ambos de la comisaría 5ª de Ezeiza, y el cabo 1º Eduardo Agustín Bogado, de la comisaría 1ª de Ezeiza. También mencionó entre los funcionarios que los hostigaban al cabo Juan de Dios Pozze, y sostuvo que “estas acciones son impulsadas e ideadas por el comisario de la 1ª de Ezeiza, Carlos Adrián Dombrosqui”. La abuela del pibe apuntó al intendente Granados, quien meses antes habría mandado golpear al padre del chico desaparecido, “porque prefería trabajar como albañil y no hacerle trabajos políticos”, según la anciana, de 81 años.
Carlos Ariel Chávez. El 12 de noviembre de 2000 el director técnico del Club Tristán Suárez y amigo del intendente Granados, Rodolfo Oscar Garayar, denunció en la comisaría 1ª de Ezeiza que Chávez, de 19 años, lo había asaltado a las 2 de la mañana. Chávez tenía antecedentes por robo y había estado dos semanas detenido en la misma comisaría. Un amigo suyo denunció que entre la medianoche del 11 de noviembre y la madrugada del 12, Chávez fue golpeado, esposado y privado de su libertad por tres de los hombres mencionados por la familia de Alcides Daniel Fernández: Pozze, Bogado y Pavón. La madre de Chávez responsabilizó también al comisario Dombrosqui y al jefe del comando de patrullas de Ezeiza, comisario mayor Julio Quintela. Durante los años de la gobernación de Duhalde, Quintela fue titular de la comisaría 1ª, donde lo sucedió Dombrosqui, quien había sido su segundo. El 1º de julio de este año, los vínculos políticos se hicieron explícitos, cuando Granados designó a Quintela como Director de Seguridad de la Municipalidad de Ezeiza, con el declarado propósito de “fortalecer los lazos profesionales con la policía”.
Una cuestión política
Por pura casualidad esta semana se distribuyeron los primeros ejemplares del libro de Sain Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina. Allí sostiene que luego de la experiencia autoritaria que concluyó en 1983, la clase política abordó con “recurrente indiferencia, incompetencia y deficiencia” la seguridad pública que, lejos de ser un problema policial, constituye “una cuestión política”. Su conocimiento no es sólo teórico, ya que en el último tramo de la gobernación de Duhalde, formó parte de los equipos conducidos por Luis Lugones y Alberto Binder que intentaron reformar la policía provincial. Aquel proceso fue clausurado por la proclama de Carlos Rückauf, que eligió el tableteo de las ametralladoras policiales como música de fondo para su campaña electoral.
En 1999, durante un seminario académico en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Sain y otro funcionario de la intervención dijeron que la reforma se había detenido a nivel de los municipios. Contaron que en un solo día se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Uno de ellos tenía dieciocho causas por homicidio en riña, que es el nombre judicial del gatillo fácil, siete por apremios ilegales y dos por comercio de narcóticos. Sain añadió entonces que los punteros del Partido Justicialista en el conurbano financiaban sus actividades políticas con el tráfico de productos estupefacientes, en complicidad con la policía. “Me tuve que bancar presiones de intendentes cuando les tocamos su sistema recaudatorio”, confirmó luego el entonces ministro Carlos Arslanian. El cargo principal que Rückauf le transmitió a Duhalde fue que Arslanian “releva a comisarios de confianza de los intendentes”. El problema es que en el conurbano de Buenos Aires los intendentes no son astros errantes sino parte de un sistema. Hace ya siete años el programa televisivo “Edición Plus” probó la participación orgánica de las brigadas policiales en la comercialización de sustancias psicotrópicas prohibidas por las autoridades sanitarias y señaló la responsabilidad del entonces comisario Mario Rodríguez, de relación personal con Duhalde.
En vísperas de las elecciones de 1997, el entonces secretario de Seguridad, Eduardo De Lázzari, reprochó al último jefe de la Policía Bonaerense, Adolfo Vitelli, que la cadena de recaudación no se hubiera cortado con la remoción de los antecesores de ambos, Alberto Piotti y Pedro Klodczyk, y se dispuso a designar a un civil al mando. Cuando fue a comunicar esa decisión al gobernador, Duhalde lo recibió en compañía de Vitelli. El que dejó su cargo fue De Lázzari, quien aprendió las virtudes del silencio en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La Jefatura Departamental de Lomas de Zamora está ahora a cargo del comisario Claudio Smith, un muy cercano amigo del ya retirado Rodríguez pero, sobre todo, el hombre de confianza de Duhalde en la policía. Es sobrino del desaparecido sindicalista Oscar Smith e hijo del actual intendente del Polideportivo de Olivos, Cacho Smith. En 1997, el Centro de Panaderos del cuartel noveno de Lomas de Zamora denunció haber sufrido varios atentados, luego de negarse a pagar la cuota semanal que les reclamaba la policía. Smith era entonces delegado municipal en cuartel noveno.
La recaudación
Que la explotación de actividades ilegales sigue siendo una fuente de financiamiento para la actividad policial y que rara vez esto ocurre sin alguna forma de protección política volvió a quedar demostrado con el procesamiento de diez oficiales y suboficiales en Mar del Plata, acusados de regentear el negocio de la prostitución y de haber secuestrado y asesinado por lo menos a tres mujeres que trabajaban para ellos en condiciones de esclavitud. El juez Pedro Federico Hooft calificó esos casos como de desaparición forzada de personas y sostuvo que la red “necesariamente ha debido contar con una serie de complicidades”. Según Hooft, los policías cobraban a las prostitutas y travestis y también a los prostíbulos. Entre las actividades que cumplían dentro de la organización delictiva menciona “el control diario y permanente de las prostitutas que paraban en la zona roja del Barrio La Perla, el registro de las chapas patentes de los vehículos de los clientes, su seguimiento hasta la finalización del servicio sexual, la custodia de las prostitutas, incluso su transporte hasta las viviendas particulares al finalizar cada jornada”. Al menos por encubrimiento, el juez dispuso procesar también al fiscal federal ante el tribunal oral del Mar del Plata, Marcelo Héctor García Berro, cuyo nombre apareció en la agenda de una de las prostitutas y en cuyo auto oficial fue vista por última vez una de las mujeres desaparecidas. La cantidad de llamados que se registraron desde sus teléfonos oficiales y privados a varios de los prostíbulos bajo investigación exceden lo razonable para un mero consumidor de servicios sexuales y “permiten inferir una conexión importante”, dice el juez.
La investigación avanzó porque se hicieron cargo instructores judiciales enviados por la Procuración General y no policías que, de todos modos, no quedaron al margen de la causa: son los encargados de amenazar de muerte al juez Hooft. La resolución judicial también dispuso buscar “otras eventuales responsabilidades funcionales, vinculadas con organismos públicos, judiciales, policiales y municipales”. El fiscal García Berro es hijo de un ex camarista de su mismo nombre, que durante la dictadura militar facilitó la morgue judicial al Ejército para realizar las autopsias de personas asesinadas en enfrentamientos simulados. Fue procesado por ello y absuelto por prescripción de la causa luego de una interminable y deliberada serie de excusaciones. El ahora investigado fiscal fue secretario de uno de los vocales designados en la Cámara Federal de la Capital luego de la victoria de la fórmula Menem-Duhalde: Jorge Osvaldo Casanovas, luego ministro de justicia de Rückauf y autor de la ley que llenó las comisarías de la provincia de detenidos por delitos menores, que distraen de sus funciones de seguridad a un tercio de las fuerzas policiales bonaerenses. Camarista y secretario se divertían haciendo sonar la sirena del auto policial asignado a la custodia. Ahora como diputado nacional, Casanovas es autor del proyecto de ley que permitiría dejar en libertad a un presunto arrepentido que colaborara en el rescate de un secuestrado. Ese instrumento sería muy funcional al componente policial de bandas como las que operan en el conurbano bonaerense, ya que les bastaría entregar a sus cómplices y acogerse a ese beneficio en cuanto supieran que algún molesto Sain o Cafiero les está pisando los talones. Seguramente, a Casanovas no se le había ocurrido esa posibilidad.