El Gobierno aumentó las asignaciones familiares, con escalas que privilegian a los trabajadores con retribuciones más bajas. Fiel a su praxis de los últimos años (electorales o no), desoyó los cantos de sirena que desaconsejaban aumentar el gasto público y acicatear el consumo popular.

La medida, encomiable en principio, también sincera contradicciones de la acción oficial pues acrecienta la brecha entre los trabajadores que reciben su salario en blanco y aquellos (la mayoría) que son informales o desocupados. Las asignaciones familiares, en verdad un subsidio social, fungen en parte como un “privilegio” para los formales.

La desigualdad al interior de la clase trabajadora se muestra dura de domar con las herramientas que sirvieron para reducir el desempleo a un dígito y achicar el universo de pobres e indigentes. Es un dato más, para nada el único, acerca del advenimiento de una nueva etapa, signada por una inédita estratificación social. Esa etapa amerita la fijación de nuevas metas, accesibles con nuevos instrumentos.

Los sondeos cuantitativos o cualitativos que manejan oficialismo y oposición coinciden bastante. Los puntales del oficialismo son los datos duros de economía y empleo, añadidos al liderazgo que se percibe en Néstor Kirchner y, en menor pero alta medida, en Cristina Fernández de Kirchner. La discusión, cenacular o de café, acerca de cuánto se debe a sus aptitudes y cuanto al “viento de cola” es interminable e imposible de saldar. A los ojos de quien firma esta nota el contexto de crisis profunda, de capacidad instalada ociosa, mano de obra disponible, aumento de los precios de las commodities fueron recursos provistos por la coyuntura.

Pero fueron decisiones de este gobierno (muy controvertidas y hasta estorbadas por muchos) acrecentar la autoridad política, tanto como la intervención del Estado. El Presidente leyó mejor que nadie el nuevo horizonte en la negociación de la deuda externa y (con la cooperación estimable de Roberto Lavagna) logró condiciones que muchos agoreros evaluaban delirantes. La integración regional y el mejor momento de la historia de cooperación con el Brasil también fueron opciones políticas. Otro tanto debe decirse sobre la reapertura de la negociación colectiva y las repetidas mejoras de la condición de los jubilados.

La coyuntura sugiere que en esos trances se ha pasado de pantalla, la crisis financiera internacional y el agotamiento de ciertas herramientas augura que, para avanzar, hay mucho que cambiar.

En el oficialismo cunde la excitación, cuando no la obsecuencia, propia de los momentos de campaña. La candidata a la presidencia puso en palabras una descripción del “modelo de acumulación e inclusión social”. Demasiados funcionarios o aspirantes a serlo aplauden acríticamente ese rótulo que da por hecho que se ha encontrado la piedra filosofal para acceder a esos fines. El tránsito, ay, es más arduo; la meta es siempre inalcanzable aunque más no sea porque las demandas sociales son (por suerte) crecientes y acumulativas.

Dialéctica

El Gobierno activó la puja distributiva a su modo, es decir, tratando de manejar acelerador y freno. Su opción, genuina y muy desafiante para la ortodoxia económica, asume el riesgo de avivar la inflación. Kirchner y Lavagna siempre lo supieron, por un tiempo compartieron la asunción del costo, en un tramo divergieron y esa fue una de las causas de salida del ministro de Economía. La redistribución del ingreso, una necesidad flagrante, no se consigue en un cuarto cerrado sino liberando fuerzas sociales que no siempre actúan como mascotas dóciles.

Si se permite a un profano un apunte sobre economía política, habilitar la puja distributiva es un modo de incidir en la paridad cambiaria, eje axial del “modelo”. Hay disputa por los ingresos, se asiste a un escenario de relativa estabilidad macro con inflación por demanda, un cuadro que no se repetía desde los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. El peso se devalúa (o, si usted prefiere ver la contracara, el dólar se aprecia) por vía de la inflación. De ese modo, se mantiene (al uso nostro) el tipo de cambio competitivo.

La alternativa (propuesta por unos cuantos economistas, entre ellos Alfonso Prat Gay) del “aterrizaje suave” de la economía, dejando el monopolio del tipo de cambio real a la autoridad financiera no es inocente de ideología. En tal caso, son los funcionarios (los de estirpe financiera) los únicos que determinan el valor de la moneda. En la actualidad interviene la sociedad o, para ser más precisos, sus representaciones corporativas más potentes. Si se exagera, apenas un poquito, es la diferencia entre un modo democrático y uno tecnocrático de distribuir la consabida torta.

El acierto esencial del oficialismo, que le da primacía respecto de sus antagonistas con cierta taquilla electoral, exhibe síntomas de agotamiento. La inflación soportable (y hasta esperada aunque naturalmente se diga otra cosa) se desmadra. Las peripecias de Guillermo Moreno, que pasó de controlar los precios a manipular los índices, revelan algo más que un problema personal. El modelo encuentra un cuello de botella, agravado porque el Gobierno poco o nada hizo por modificar la existencia de oligopolios o monopolios entre los grandes formadores de precios. Moreno es autoritario pero además su praxis ha superado el límite de sus potencialidades.

La defensa de la competencia, pensada en serio, es otra tarea pendiente para el futuro inmediato.

Zurcir el Indec

La demolición de la credibilidad del Indec es un epifenómeno de la impotencia del “modelo” calificado en su gravedad por la torpeza del Gobierno. Moreno tiene razón en algo, él ha sido un soldado en esa balacera. El oficialismo no dará el brazo a torcer en la contienda electoral pero intramuros detecta que ha metido la pata y que debe zurcir lo que dañó, cuanto antes mejor.

Miguel Peirano tiene en carpeta la urdimbre de un nuevo índice, que refleje una canasta de consumo adecuada al siglo XXI. Ponerlo en acto será un buen rebusque para salirse del brete autogenerado. También hará falta la realización de concursos con garantías de seriedad, se los imagina para después del 28 de octubre.

En el ínterin, se negocia zurcir el conflicto con los trabajadores del Indec, llevado a un callejón sin salida por el oficialismo. Hugo Yasky (por la Central de Trabajadores Argentinos) y Pablo Miceli (por la Asociación de Trabajadores del Estado) mantuvieron dos reuniones con el jefe de Gabinete. En la segunda, anteayer, se acordó una suerte de tregua que implica un retroceso del Gobierno. La intención es plasmar el acuerdo en un acta, pasado mañana. Se levantarán las sanciones contra los huelguistas y se retractarán las quitas de salarios. También se prometió no repetir las represalias. El acuerdo fue avalado por una asamblea de trabajadores, el mismo viernes. Será un primer paso, imprescindible pero insuficiente.

Deudas

Un interesante blog (Economista serial económico) no especialmente antagónico al kirchnerismo plantea nuevas disyuntivas, con garbo y lícito resquemor. Refuta la existencia de un “modelo” K. “El tipo de cambio real alto es una política macro, no un modelo”, alerta Elemaco, autor del blog. “Yendo derecho por la ruta puede parecer un buen conductor quien pisa a fondo el acelerador a fondo, temerario, pero la capacidad de maniobra se aprecia en la curva”, metaforiza. Elemaco, sugestivamente, no se atribula sólo por la velocidad, también por la falta de precisiones acerca del itinerario futuro. “Como no lo sé –se enfada– es que exijo (...) que me muestren el ‘Plan Maestro’. Un mapita donde me digan dónde estamos y a dónde vamos... Porque cada día que no me lo muestran me convenzo más de que ese mapa no existe.”

Compártase o no el pesimismo, urge diseñar el mapa porque nos estamos internando en un territorio distinto. La falta de un perfil productivo definido y de planificación fue tal vez funcional en la empresa de salir del infierno. La alternativa de atizar el crecimiento y el consumo tuvo ingredientes de reparación importantes, más allá de su pertinencia económica. En las puertas del Purgatorio, es válido preguntarse cómo seguir. Sería, sencillamente, necio manejarse igual que en el infierno. Volvamos al comienzo de esta nota. Aumentar la inversión social en ingresos a los trabajadores es meritorio. No percatarse de que se ha dejado afuera a los más desvalidos, una contradicción. El horizonte conceptual del oficialismo (algo estrecho, ligado a la tradición desarrollista) desdeña la hipótesis de un ingreso universal ciudadano, que bien podría instrumentarse vía asignaciones familiares. El instituto funciona en San Luis y la Ciudad Autónoma, con resultados dignos de estudio y de emulación. La CTA saldrá a la calle el martes para retomar su constante brega por ese derecho ciudadano de nuevo cuño. Será una voz digna de ser escuchada, en medio de la batahola de campaña.