La Justicia absolvió de culpa y cargo a la candidata presidencial de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en el juicio por calumnias e injurias que le inició Héctor Antonio –hijo del histórico dirigente peronista Jorge Antonio–, a quien había involucrado en el asesinato del empresario pesquero Raúl Espinosa ocurrido en Puerto Madryn en 2003. El fallo, leído poco después de las 21 por el juez Luis Schlegel, desató un pequeño acto partidario en la puerta de Tribunales. Rodeada de un puñado de simpatizantes que cantaban consignas contra el ministro Julio De Vido y pedían la banda presidencial para ella, Carrió, emocionada, desgranó unas palabras. “La entrega y el testimonio de algunos salva a un pueblo”, lanzó. Explicó que nunca había tenido certezas sobre el fallo, pero que “sabía que tenía que entregar y arriesgar, quedarme sin trabajo y sin obra social, y lo hice confiando en Dios”. “Ahora me desmoroné”, justificó sus lágrimas.

La palabra “absolución” en boca del juez generó el aplauso de los amigos de Carrió y la terminante orden de desalojo inmediato de la sala de parte del juez. Pese a lo extenso de la audiencia y las acusaciones fuertes que se cruzaron, no se había escuchado ni un chistido en toda la jornada. Sin embargo, Schlegel fue implacable. Sólo permitió que quedaran Antonio, Carrió, sus abogados y las cámaras de televisión. Impacientes, algunos de los desalojados llamaron a sus casas para que les contaran lo que sucedía. “Carrió está llorando. ¡Pero la absolvieron!”, relató María Eugenia Estenssoro.

Entonces se abrió la puerta de la sala. A paso lento, Carrió abrazó primero a su hija, a su cuñada y a su sobrino. Luego siguió la marcha entre saludos hasta la puerta de los Tribunales de Retiro donde aguardaban sus simpatizantes, mayormente señoras con pancartas hechas a mano: “La Korrupción mata”, “El mundo al revés”, podía leerse. “Quiero decirle al resto del pueblo que muchas veces no escuchó o que no entendió, que yo lo amo”, lanzó.

Carrió se preocupó en aclarar que no había buscado hacer un acto político del juicio oral. Subrayó que había presentado todas las apelaciones posibles para que la audiencia nunca se realizara, pero que sus medidas fueron rechazadas y que los tiempos judiciales quisieron que finalmente coincidiera con la campaña electoral. Eso sí, si bien puede que no haya buscado la situación, fue evidente que ayer Carrió convirtió el banquillo en su atril. Cuando le tocó el momento de decir las últimas palabras en el cierre del juicio, la candidata acomodó su atuendo de blusa y chal blanco y se presentó como una abanderada de la lucha contra la impunidad. “Se inicia una persecución judicial contra los actores que quieren callar. Y yo lo asumo”, dijo cuando todavía no se conocía la sentencia.

En sus denuncias acerca de la existencia de una mafia pesquera, Carrió también había mencionado a los hermanos Alvarez, dueños de la firma Conarpesa y socios comerciales de Antonio. Además, en la grabación de una supuesta conversación que mantuvo con la viuda del asesinado Espinosa se habló del financiamiento de la campaña del kirchnerismo, del ministro De Vido, del empresario de medios K Rudy Ulloa Igor y del recientemente desplazado titular del Occovi, Claudio Uberti.

En los alrededores de la candidata había muchas dudas acerca de cómo sería el cierre de la jornada. La ruleta de los tiempos judiciales quiso que el juicio no sólo coincidiera con la campaña, sino también con el cierre de negociaciones entre la gente de Carrió y la de Ricardo López Murphy para armar un frente. El acuerdo, que estaba previsto que tuviera una resolución ayer, por el juicio, se pasó para hoy (ver página 6).

Resultó notorio cómo al ritmo de esas negociaciones varió el elenco de acompañantes de la candidata. Mientras que en la primera audiencia realizada menos de dos semanas atrás la presencia de dirigentes del ARI en solidaridad con la acusada había sido fuerte, ayer hubo una amplia mayoría de integrantes de la CC, todos ellos entusiastas de la alianza con el Bulldog. Así, Enrique Olivera, Patricia Bullrich, María Eugenia Estenssoro, Teresa Anchorena, Diana Maffía y el diputado Adrián Pérez fueron los políticos que ocuparon las ubicaciones de la sala de audiencias con capacidad para unas 50 personas. Más grande que el sitio donde se realizó la primera audiencia, esta segunda sala también quedó chica.

“Debo ser la primera líder política sentada en el banquillo de los acusados. Todos hemos escuchado de la entrega de la Nación, del saqueo de la Nación. Pero los responsables ni siquiera fueron citados”, sostuvo en ese momento. Hasta allí, Carrió había alternado algunos comentarios con sus defensores, el ex diputado Gerardo Conte Grand –quien curiosamente suena también como su posible compañero de fórmula– y la joven abogada Mariana Stilman, mientras alternativamente se ponía y se quitaba sus anteojos de marco rojo para leer sus papeles.

En el cuarto intermedio que siguió al extenso alegato de Jorge Sandro, el abogado de Antonio, Lilita aseguraba que había estado tan tranquila que “casi me quedo dormida”.

Pero esa aparente distancia con lo que sucedía cambió cuando le tocó hablar. “Aunque tenga que pagar con la cárcel, voy a seguir”, sostuvo, aunque aclaró que no se ponía en el papel de víctima como había acusado el abogado de Antonio. También dijo que su presencia allí debía intrepretarse como “un testimonio cristiano” y aseguró “ser perseguida”.

El debate

El juez explicó que “dado lo avanzado de la hora” no daría los fundamentos del fallo absolutorio, así que quedará para más adelante saber qué cuestiones privilegió para deterrminar la absolución.

El debate en los alegatos se centró en una cuestión: acerca de si lo que debía dirimirse entre Antonio y Carrió era un asunto privado –el honor personal del empresario, involucrado por Carrió en un homicidio– o bien era un hecho de interés público lícitamente difundido por los medios por la líder de una importante fuerza política.

“Imputar a alguien como instigador del delito de homicidio significa poder demostrarlo”, sostuvo el abogado defensor de Antonio. Y agregó que ni los numerosos fiscales y jueces que pasaron por la causa que tramita en Chubut prestaron atención a las pruebas que muestra Carrió.

Como cierre de su alegato, Sandro pidió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso para Carrió.

La defensa de Lilita insistió en marcar que la candidata nunca había imputado personalmente a Antonio sino que sólo había marcado “una línea de investigación”. También que se había limitado a reproducir elementos reunidos en una investigación realizada por los diputados del ARI Adrián Pérez y Fabiana Ríos.

Conte Grand cerró en tono político al asegurar que el sentido de la querella era “acorralar” a Carrió. “Es la voz corajuda de los sin voz”, la definió. Y aconsejó abrir una causa sobre las denuncias de su defendida sobre el financiamiento ilegal de la política, algo que el juez luego rechazó.