A poco de cumplirse un año de la desaparición de Jorge Julio López, ayer fueron allanadas las viviendas de seis policías y militares retirados en el marco de la investigación sobre el paradero del testigo del caso Etchecolatz. Página/12 pudo saber que uno de ellos revistó como secretario privado de este represor durante la dictadura y que les fueron secuestradas armas, símbolos nazis, computadoras y panfletos de partidos políticos marginales y carapintadas, entre otros elementos. La pista de la banda mixta de represores retirados y en actividad fue aportada inicialmente por los organismos de derechos humanos querellantes en la causa, y complementada con las declaraciones de un testigo de identidad reservada que dice haberlos escuchado decir en una reunión que había que “matar a López”. El procedimiento fue cuestionado por los querellantes, que consideraron que “siguen arruinando pruebas, como pasó en (la cárcel de) Marcos Paz”, tal como expresó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

Desde que el juez federal Arnaldo Corazza y el fiscal Sergio Franco recibieron el expediente sobre la desaparición de López –el albañil de 77 años que con su testimonio contribuyó a la condena a prisión perpetua de Etchecolatz– lo orientaron hacia la hipótesis de que el secuestro fue obra de un grupo de policías y militares, retirados y en actividad, vinculados a los represores detenidos en Marcos Paz. Así lo describió el propio Franco en su reciente denuncia, cuando acusó al Servicio Penitenciario Federal de haber obstaculizado la investigación y de haber frustrado la pista fundamental del caso, por las irregularidades en allanamientos al penal de Marcos Paz. Esta banda estaría relacionada con la agencia de seguridad de un amigo de Etchecolatz.

El procedimiento fue realizado por la Superintendencia de Investigaciones de la policía bonaerense a cargo de Hugo Matzkin, con participación de la Federal y de la Secretaría de Inteligencia, y consistió en el allanamiento de seis viviendas en Ensenada, Lomas de Zamora y La Plata. Según pudo saber este diario, una de esas casas pertenece a Oscar Chicano, que trabajaba en la secretaría privada de Etchecolatz cuando el ex comisario era el director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. Chicano, que suele manejarse con varios teléfonos celulares que cambia en forma constante, estaría vinculado a los ex carapintadas Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín. De hecho, en el operativo fueron secuestrados volantes del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), y de otro denominado Partido Revolucionario Etico, además de simbología nazi, discos rígidos de las computadoras, teléfonos celulares y agendas.

Sin embargo, una alta fuente del caso comentó a Página/12 que “en principio no hallaron ningún elemento que justifique el llamado a indagatoria de estas personas”, pero fueron convocadas como testigos para la semana próxima. Los otros propietarios de los inmuebles allanados son el teniente coronel retirado Anselmo Palave-zzatti y el comisario retirado de la bonaerense Aldo Conter. Los investigadores analizarán el contenido del soporte informático encontrado, y harán peritajes sobre una de las armas, que está registrada aunque con la autorización vencida, para determinar si podría ser la misma con la que fue asesinada la persona, aún no identificada, cuyo cadáver fue hallado en Punta Lara pocas horas después de la desaparición de López.

La querella se quejó de no haber sido notificada y de que el operativo haya sido concretado sin la presencia de funcionarios judiciales. “Nos dicen que no nos avisan para que no se filtre y nosotros nos terminamos enterando por los medios”, cuestionó la abogada Guadalupe Godoy, una de las representantes de López.

Los investigadores tenían en la mira a ex policías y militares desde hace meses, y decidieron realizar el allanamiento aun a costa de no encontrar nada valioso para sostener la acusación contra ellos. “Había que arriesgarse”, confesó la fuente consultada por este diario. En cambio, los querellantes intuyen que la cercanía del primer aniversario del secuestro del albañil aceleró los tiempos. Además, criticaron que la pista haya sido viciada desde el momento en que se produjeron las intervenciones telefónicas que habrían estado “tan mal hechas” que los sospechosos se dieron cuenta de que eran escuchados. “Estamos preocupados porque estas medidas sigan siendo ejecutadas por fuerzas policiales cuestionadas”, explicó Godoy.