Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, pasa el diagnóstico en limpio: la mayoría de la gente cree que la Justicia es lenta, para unos pocos, que es corporativa (se protege a sí misma), poco independiente y que, en definitiva, justicia es lo que falta. “Nada nuevo”, dice el supremo. Lo nuevo, anuncia, es que por primera vez “vamos a discutir qué hacer, y que vamos a hacerlo los propios jueces”. Será en una conferencia nacional que se hará en Salta el jueves y viernes en la que se anotaron cerca de 500 magistrados entregados –o al menos eso prometen– a una suerte de autocrítica. No se privarán, desde luego, de lanzar reclamos al Gobierno, como la autonomía presupuestaria. El temario incluirá también discusiones recientes como qué hacer cuando los jueces se desprenden de las causas de alto impacto mediático, como ocurrió con la de la valija de Guido Antonini Wilson.

En el evento van a estar todos (o casi) los integrantes del máximo tribunal, que intenta guiar un debate históricamente resistido por la dirigencia del Poder Judicial. Estarán en Salta representantes de las cámaras federales, los tribunales orales, la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes y la Asociación Argentina de la Magistratura. “El cambio puede tardar diez años, pero es importante que haya una política de Estado”, dijo Lorenzetti. “La Justicia no debe perseguir la popularidad sino el prestigio”, sentenció.

El presidente de la Corte armó un documento para poner en discusión en la conferencia, en base a las inquietudes de jueces que fue recogiendo en reuniones preparatorias. Habrá tres talleres donde podrán discutir y sacar conclusiones: se hablará de independencia judicial, del incremento creciente de juicios y de cómo mejorar la gestión con normas de calidad que deberán aprobar los juzgados.

u La controvertida cuestión de la independencia de los jueces, según Lorenzetti, va atada, entre otras variables, a la posibilidad de la Justicia de manejar su propio presupuesto. “Ahora, cada vez que se quiere asignar una partida hay que pedirle permiso al jefe de Gabinete”, señala. El tema incluye además un tironeo entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, ya que actualmente la mayor parte del dinero judicial lo maneja el segundo. Se analizará, también, si el presupuesto de la Justicia (3,5 por ciento) es suficiente.

Para Lorenzetti, los jueces están inmersos en “un aislamiento”, que “muchas veces los lleva a negociar con otros poderes”. Les falta, sostiene, interrelación entre sí y con la sociedad. El juez supremo es partidario, por ejemplo, de algo novedoso en el ámbito: la relación entre los jueces y la prensa, un asunto que aún no goza de absoluto consenso entre los magistrados. También propone revisar con qué apoyo institucional cuenta un juez cuando le toca una causa de alta trascendencia. ¿Por qué algunos se desprenden de esos expedientes? ¿No deberían los jueces resistir las amenazas de destitución para demostrar independencia? ¿O debería haber un trámite diferencial para esos pedidos de juicio político? Las conclusiones están por verse.

u El documento de Lorenzetti señala que “la litigiosidad judicial ha crecido dramáticamente, con porcentajes que oscilan entre 200 y 500 por ciento”. Esto se debe en parte a que “es más barato litigar que pagar (por ejemplo en concursos comerciales e hipotecas)”, dice. A su vez no ha habido un crecimiento proporcional de los recursos, advierte. Para reducir la cantidad de juicios se propondrá, seguramente, aceitar mecanismos previos a la instancia de juicio: como mediaciones y arbitrajes comerciales. De la conferencia podría salir un proyecto que impulse una reforma legal que imponga estas modalidades.

u El volumen de litigios a la vez está relacionado con la calidad del servicio que presta la Justicia, dice el juez. Ante más litigios, “se nombran más empleados, se compran más edificios, se atienden los casos pero no se resuelven porque faltan jueces”, señala. “Es preferible el nombramiento de jueces antes que el de grandes dotaciones de personal”, alerta Lorenzetti. Agrega sugerencias para optimizar el uso de los espacios disponibles (por ejemplo, que los juzgados compartan dependencias para salas de audiencias, archivos y oficinas de orientación al público). De la conferencia podría salir un esquema de normas de calidad que debería cumplir todo juzgado.