EL PAíS › DEMORAS EN LAS LINEAS B,C Y D Y QUEJAS DE USUARIOS
En tres de las cinco líneas de subterráneos se registraron ayer distintas demoras que, al igual que la semana pasada, desencadenaron duras protestas de los usuarios. Los inconvenientes se dan en el marco de un conflicto gremial “no declarado” que enfrenta al cuerpo de delegados y a la empresa Metrovías. Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó hoy que “no existe situación de conflicto” en subterráneos y criticó nuevamente al cuerpo de delegados.
Los servicios de las líneas B –de Leandro N. Alem a Los Incas–, C –de Constitución a Retiro– y D –desde Catedral a Congreso de Tucumán– anduvieron con demoras. El cuerpo de delegados, sin embargo, aseguró que no declaró medias de fuerza.
La UTA, que lidera Roberto Fernández, y los directivos de la concesionaria Metrovías firmaron en el Ministerio de Trabajo un nuevo acuerdo convencional que definió “temas pendientes y la descripción de funciones” del personal. Voceros de la UTA aseguraron el viernes último que el gremio ya elevó al Tribunal de Faltas y Etica de la entidad “las pruebas del comportamiento de los delegados de subterráneos”, por lo que un congreso “los sancionará seguramente con la expulsión”.
Un comunicado de la conducción nacional de la UTA calificó a los delegados como “fabricantes de rumores” y afirmó que “el trabajo contra el gremio se terminó porque se agotó la nafta de la tolerancia”, por lo que sería “mucho mejor que estén afuera”. La empresa también ratificó sus denuncias de “sabotaje” contra el cuerpo de representantes y recordó que ya realizó tres presentaciones en la cartera de Trabajo y en la División Subterráneos de la Policía.
Por su parte, el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, que preside Carlos Campolongo, informó que como cuerpo colegiado en ningún momento hizo ninguna presentación judicial relacionada con los inconvenientes en el servicio de subterráneos. No obstante, Campolongo consideró que “ante esta situación incomprensible de ambas partes en disputa, es la administración nacional la que debe intervenir y solucionar el problema”.
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