Los alumnos de San Juan están a punto de perder el año escolar. Los maestros dictaron 62 días de clase pero acumulan 67 de paro por falta de pago de salarios. “Si en diez días no se resuelve el conflicto será imposible recuperar contenidos por más que se redefinan prioridades en las materias y se dejen temas afuera”, repiten los gremialistas. Desde el Ministerio de Educación provincial especulan con que los docentes tendrán que empezar las clases en enero. Para entonces, el gobierno de Alfredo Avelín ya será pasado. Lo cierto es que las especulaciones políticas dejan en el camino a los miles de alumnos.
La pérdida de hecho del ciclo lectivo no es una novedad. Todos los años distintas provincias se alternan en el podio de los que más días pierden. El motivo excluyente es el incumplimiento en el pago de salarios. Para zanjar ese problema, en diciembre del año pasado el entonces ministro de Educación de la Nación, Andrés Delich, había negociado un crédito internacional de 600 millones de pesos para garantizarle a cada provincia por lo menos una partida salarial al año. De esa forma, se intentarían conjurar las huelgas por ese motivo. Al asumir el gobierno de Eduardo Duhalde, la ministra Graciela Giannettasio dijo públicamente que se mantendría el Fondo Fiduciario que había ideado el gobierno aliancista como tabla de salvación de los 180 días de clase programados. Los meses corrieron y la promesa se diluyó al ritmo de la inoperancia oficial y la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
“Recién empezaron a pagarle junio a una parte de los docentes. Nos deben la tercera cuota de 110 pesos de febrero y marzo. Por escuela, hay algunos que cobran y otros que no. Han hecho una especie de ta-te-ti. En el límite con Mendoza no han cobrado ni el incentivo que manda la Nación”, explica la titular del gremio de base de la Federación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Ana María Herrera. Ante la falta de solución a los reclamos, los docentes realizan a diario una jornada de permanencia frente a la Legislatura, de 9 a 21, y esperan el resultado del pedido de juicio político al gobernador que presentaron junto con la Intersindical de gremios estatales.
La prolongación del conflicto llevó a un grupo de padres sanjuaninos a presentarse ante la Defensoría del Pueblo provincial y también ante la Justicia porque el Estado no les garantiza el derecho a la educación de sus hijos. El tema está a punto de ser resuelto y sería otra presión más para el jaqueado gobierno de Avelín.
La planta docente representa más del 60 por ciento de la administración pública provincial y son los últimos en cobrar. El sueldo promedio es de 500 pesos partiendo de un inicial de 350 pesos y el resto acumulado por antigüedad y zona desfavorable. Pero los problemas están lejos de agotarse en la educación. Los hospitales tampoco cuentan con recursos y se acumulan las denuncias por la utilización indebida del impuesto que recauda el estado a través de las facturas de luz destinada a los insumos de los hospitales. El Estado está prácticamente parado y gran parte de los edificios públicos están tomados por los trabajadores.
En las escuelas privadas, el panorama también es crítico. Varios establecimientos hacen uno o dos días de “ahorro”, es decir no dan clases. El argumento es que el Estado no les paga el subsidio destinado a financiar parte o todo el sueldo de los docentes. A eso se suma la morosidad de los padres para pagar las cuotas.