Poco se sabía de él hasta que esta semana irrumpió en escena para anunciar su alejamiento de la CGT. Pero habrá otros motivos para hablar sobre el retorno de Luis Barrionuevo. El sindicalista podría ser citado a declarar por la Justicia en el marco de una causa en la que se investigan hechos de corrupción durante la prestación de servicios de psiquiatría al PAMI. Barrionuevo no es él único apellido que sobresale en el caso que tramita el juez federal Julián Ercolini. También figuran allí el ex ministro radical Enrique Nosiglia y el menemista ex titular de la obra social de los jubilados Víctor Alderete.

El trío aparece mencionado como destinatario de fuertes sumas de dinero en negro. La frase comprometedora figura en fojas 485 del expediente judicial, en que el responsable de una clínica acusa a directivos de una federación de cámaras de psiquiatría de exigir coimas, y que éstas eran elevadas ya que, le confesaron, tenían que repartirlas entre “Coti Nosiglia, Luisito Barrionuevo y el petiso Alderete”.

El dirigente gastronómico, que ganó fama con un estilo peregrino y frases antológicas –como aquella de que “nadie hace plata trabajando”–, mantiene un estrecho vínculo con Nosiglia desde aquellos años en que gestaron el Pacto de Olivos. Alderete desembarcó en la obra social de los jubilados tiempo después, de la mano de Carlos Menem.

El sumario judicial que ahora los compromete se inició en el 2003 a través de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. ¿El motivo? Aparentes prácticas coactivas de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (Facap) para que los prestadores de salud mental abonaran una suma de dinero, a modo de retorno, con el propósito de distribuirlo entre autoridades políticas vinculadas al PAMI.

Si bien la Facap dejó de existir en el 2000, sus directores lograron darle continuidad bajo el nombre de Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (Cacep). En el 2004, la actual titular de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña, le rescindió contrato y estableció acuerdos directos para evitar este tipo de intermediaciones.

Hasta entonces, la Cacep ostentaba el poder de gestión y administración de los prestadores del área de salud mental. De esta manera, el dinero que pagaba el PAMI pasaba primero por sus manos. Además de quedarse con un porcentaje les exigía otro a los prestadores, de forma compulsiva, del que no dejaba registro alguno.

El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, denunció el modus operandi de los responsables de la Cacep.

- “Habrían montado una estructura por medio de la cual presionaban a los propietarios de las clínicas que brindaban atención a los beneficiarios del PAMI, a fin de que mensualmente efectuaran dos pagos, uno documentado, en concepto de administración, y otro no documentado, el cual estaba destinado a los titulares de las mentadas gerenciadoras, que se realizaba en efectivo y en forma personal.”

- “Cabe señalar que, según los testimonios recabados, si no se cumplía con ambos pagos, los titulares de la Facap y luego de la Cacep se comunicaban telefónicamente con los propietarios de las clínicas a los efectos de exigir los pagos de referencia y, de no acatarse dicha intimación, ponían en práctica distintos mecanismos de presión, entre los cuales se encontraban la realización de auditorías tendenciosas que conllevaban su exclusión como prestador, la reducción del número de cápitas asignadas o el retraso o congelamiento en el pago del monto mensual.”

- “Esas maniobras desestabilizaban financieramente a las clínicas que no estaban de acuerdo con las políticas de las Facep-Cacep, conduciéndolas a situaciones financieras límite que en algunos casos daban origen a quiebras de los establecimientos, que luego, llamativamente, habrían sido adquiridos por personajes que manejaban las gerenciadoras.”

El testigo

En la causa que investiga Ercolini, a cargo del Juzgado criminal y correccional federal No 10, aparece un testigo clave. Se trata de Adolfo Ernesto Larran, propietario de la Clínica Monte Carmelo, de la ciudad de Salta.

Larran fue ilustrativo al relatar la manera en que era obligado a pagar una coima del seis por ciento de la cápita mensual. Señaló que en la mayoría de los casos los pagos los realizaba en forma personal y en efectivo a un tal Jorge Martínez, en una oficina del cuarto piso del edificio de Julio Argentino Roca 719, Capital Federal.

También señaló que en otras oportunidades se le entregaba dinero a Juan Carlos Farjat, quien se lo llevaba a Martínez a una isla del Tigre, o alternativamente se depositaba en una cuenta personal de Ernesto Tapia, quien fuera presidente de Facap y Cacep. Este último fue –según el testimonio de Larran– quien le confesó que Barrionuevo, Nosiglia y Alderete eran destinatarios finales del dinero.

Al igual que Barrionuevo, Tapia es un hombre de San Martín y tendría estrechos vínculos con la hinchada de Chacarita. La Justicia ya lo imputó, junto a otros ex directivos del PAMI y, según pudo saber Página/12, el juez Ercolini podría citarlo a indagatoria en el corto plazo y quedar procesado por la cantidad de elementos reunidos en su contra.

¿Qué sucedía si los pagos exigidos no se realizaban? Según los testimonios que están en manos de la Justicia, Farjat y Angel Uslenghi –otro socio de Tapia– se comunicaban telefónicamente con los prestadores y los intimidaban con distintas frases. “Chicos, hay que hacer los deberes”, “hay que mandar los alfajores” o “hay que mandar los caramelos”.

Cuando se desafectaron las intermediaciones que se quedaban con parte de los fondos destinados a la atención de salud mental, los mismos personajes vinculados a la Facap y la Cacep idearon un fideicomiso, como operatoria alternativa para seguir recaudando dinero.

Bajo el nombre de fantasía de Fideicomiso Unión de Prestadores Psiquiátricos, representado por Horacio Ferradas, se buscaba la adhesión de los prestadores bajo amenaza de ser desplazado del circuito normal de pagos del PAMI, con el consecuente perjuicio económico que ello conllevaría.

Ferradas, como los otros apellidos mencionados en los párrafos anteriores,s habrían formado parte de la Facap y su sucesora, la Cacep. Todos ellos, además, habrían tenido la complicidad de Juan Konkurat, ex responsable del Departamento de Salud Mental del PAMI, quien autorizaba los pagos.

Ocaña denunció la maniobra, que perjudicó a la obra social con distintos procedimientos, entre ellos el de la simulación de cobertura. Es probable que Nosiglia no diga ni mu prolongando cierta fama de monje negro que ha sabido ganar desde sus años de ministro del Interior de Raúl Alfonsín.

Habrá que ver qué dice Barrionuevo, quien nunca tuvo problemas en estar expuesto ni en defender frases –”hay que dejar de robar por dos años”, es otra de ellas– que acuñó cuando se declaraba “recontraalcahuete de Menem”.