El 16 de agosto de 2000 las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales se reunieron con la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, y le pidieron que abriera los archivos de su país sobre los años de espanto. La canciller accedió. Para obtener el mejor resultado de esa disposición favorable, el CELS celebró un convenio con la ONG estadounidense National Security Archives, especializada en la investigación sobre materiales públicos compartimentados. Su labor había sido muy eficaz en la desclasificación previa de documentos sobre Chile, Guatemala y El Salvador. Esa experiencia enseñó que era preciso refinar la búsqueda, de modo que no fuera ir tras una aguja en un pajar. La formulación de interrogantes precisos sobre ciertos episodios, acerca de determinadas personas, tanto víctimas como victimarios, con la mayor exactitud posible de tiempo y lugar, ordenó la requisitoria. La calidad de la pregunta anticipa la de su contestación.
Al cumplirse dos años de aquel encuentro, llegaron cuatro cajas de documentos. Responden al reclamo de aquellos organismos argentinos, de algunos jueces y de organizaciones de otros países de la región. Se trata de comunicaciones que funcionarios de la embajada en Buenos Aires remitieron en aquellos años al gobierno de Washington, demostrativos de la organización estatal del terror y refutadores de la pretensión de que pudo tratarse de excesos o errores de grupos aislados.
Entre ambas fechas cambiaron el gobierno de los Estados Unidos y el contexto mundial. El demócrata Bill Clinton fue sucedido por el republicano George W. Bush y Colin Luther Powell reemplazó en la cancillería a Madeleine Albright.
Luego de los ataques del 11 de setiembre pasado contra el World Trade Center y el Pentágono, el gobierno de Washington hizo de la denominada “guerra contra el terrorismo” el eje de su política exterior e interior. Si algún dinosaurio de las pampas, o el foro que los congrega, creyó que esas novedades permitirían alguna suerte de reivindicación de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, ayer debe haber sido otro día de ilusiones perdidas. Harían bien en tomar nota de lo que esto significa.
Cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976 gobernaba en Estados Unidos el republicano Gerald Ford, cuya política exterior, conducida por Henry Kissinger, era continuidad de la de Richard Nixon, que instrumentó en todo el continente la doctrina de la seguridad nacional. Tres meses después, Kissinger se reunió en Chile con su contraparte argentina, el almirante de la Armada golpista de entonces, César Guzzetti, quien le expuso los pormenores del plan de exterminio que se estaba aplicando. Kissinger, quien había sido el principal ideólogo del golpe militar que llevó al poder en Santiago al dictador Augusto Pinochet, le dijo que se apuraran a concluir su faena, porque no tenían mucho más tiempo. No se equivocaba. En enero de 1977 asumió la presidencia el demócrata Jimmy Carter, cuyo gobierno enarboló la defensa de los derechos humanos como estandarte de una nueva era. Su primer Secretario de Estado, Cyrus Vance, y su secretaria de asuntos humanitarios, Pat Derian, presentaron al gobierno militar argentino una lista con 7.000 nombres sobre los cuales el gobierno de Carter reclamaba información. También exigieron que se admitiera la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe fue un punto de inflexión, el principio del fin.
Fueron dos partidos políticos, dos momentos distintos, dos concepciones antagónicas. Un cuarto de siglo más tarde, demócratas y republicanos mantienen discrepancias sobre muchas cuestiones del presente, pero ambos expresan un consenso básico sobre aquellas vinculadas con el pasado argentino. Es difícil imaginar dos personalidades tan distintas como la académica centroeuropea Albright y el general afroamericano Powell, por no hablar de Clinton y Bush. Sin embargo todos ellos coinciden en un punto de extrema importancia para nuestro país y éste es que la desaparición forzada de personas, las torturas a detenidos, las ejecucionesclandestinas constituyen crímenes contra la humanidad, que la comunidad internacional no consiente, bajo ninguna circunstancia. Aunque todavía falta la desclasificación de los datos que guardan el Pentágono y la CIA, los que acaba de entregar la cancillería estadounidense servirán para agregar nuevas piezas al rompecabezas que los organismos de derechos humanos vienen armando desde el momento mismo en que los hechos sucedieron, valiosas para completar el cuadro general pero también para avanzar en las causas judiciales concretas abiertas, dentro y fuera del país. Nada más importante, sin embargo, que el mensaje que su envío transmite. Eso no se hace.