La reunión de gabinete que se realizó en la quinta de Olivos demostró otra vez que la crisis impone los tiempos y los temas de la agenda oficial. Apremiado por la movilización popular contra el “corralito” y apurado por el FMI que exige la aprobación del presupuesto para dar asistencia financiera, el Gobierno analizó ayer tres iniciativas con las que espera desactivar las presiones. El presupuesto de este año, que según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tendrá un déficit de 2700 millones de pesos; una batería de planes de asistencia que estarán a cargo de Chiche Duhalde y del ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, para paliar la explosiva situación social, y la “reorganización definitiva” del Estado, que para Capitanich implicará una “reducción del 35 por ciento en la burocracia pública”.
Los tres anuncios no fueron fortuitos, responden a las demandas de los distintos sectores que presionan al Gobierno: por un lado, el Fondo, con su reclamo de un presupuesto “equilibrado” que impida el crecimiento del gasto fiscal. Y por otro lado, el descontento contra las restricciones bancarias, que se extiende también contra la mayoría de los dirigentes políticos. En ese sentido, el ajuste del Estado es un gesto pensado para responder a este malestar. “En el ministerio devolvimos todos los autos y celulares. Y respetamos el tope de remuneraciones de 3000 pesos”, dijo ayer Atanasof en diálogo con Página/12.
La discusión del prespuesto llevó gran parte de la reunión. En este punto, el Gobierno descansa en la gestión de los diputados, por lo que ayer estuvieron en Olivos los titulares de las dos cámaras, Juan Carlos Maqueda y Eduardo Camaño, y los jefes de los dos bloques del PJ, Humberto Roggero y José Luis Gioja. Los legisladores analizaron el tema junto al Presidente, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov; el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto, y el resto de los miembros del gabinete. Más allá de los detalles técnicos, los representantes del Congreso se comprometieron a darle al prespuesto el trámite más rápido posible. “Va a salir disciplinadamente”, confirmó uno de ellos a este diario.
La cuestión social monopolizó otra parte del encuentro. A la hora de los anuncios, Chiche Duhalde explicó los alcances del “plan alimentario de emergencia” que administrará unos 350 millones al año y cada dos meses distribuirá a las provincias unos 60 millones. El reparto de los alimentos lo harán los municipios, controlados por un “comité consultivo de seguimiento” que estará integrado por el intendente, ONG y la Iglesia. El otro programa que propone el Gobierno fue explicado por Atanasof. Se trata del plan para jefes y jefas de hogar con hijos de hasta 18 años, que manejará una caja de 1000 millones de pesos anuales, y se instrumentará a través de un tarjeta de pago en las zonas urbanas y de otra forma en las regiones rurales donde no haya bancos con cajeros electrónicos. Según el Gobierno –que ya firmó el decreto 108/02 que pone en funcionamiento el plan de Chiche–, estas iniciativas implican un enorme salto cuantitativo con respecto a la tarea social de la gestión delarruista. “En el mes de diciembre se pagaban 50.000 planes en todo el país, bancados en gran parte por organismos multilaterales de crédito. Con este programa estamos hablando de más de 500.000 beneficiarios”, aseguró Atanasof a Página/12.
El recorte del Estado también se llevó parte de la discusión. Luego de la reunión, Capitanich anunció la reducción del 35 por ciento de las secretarías y un 50 por ciento de las subsecretarías, lo que permitiría un “fuerte ahorro del gasto burocrático para el 2002”. A pesar del ajuste, por cierto significativo, el jefe de Gabinete subrayó que no se producirán “retiros voluntarios ni despidos de personal”. Una afirmación importante para los empleados estatales, que siguen sufriendo la disminución del 13 por ciento sobre sus sueldos, pero que genera una incógnita: ¿cómo logrará el Gobierno llegar a un descuento tan importante del gasto sin afectar los salarios ni despedir personal? En diálogo con Página/12, el ministro deTrabajo aventuró una respuesta: “Lo haremos reasignando tareas, reubicando personal en distintas dependencias, achicando distintos tipos de gastos de funcionamiento.” En cambio, sobre el recorte del 13 por ciento que Adolfo Rodríguez Saá había prometido anular, Atanasof no prometió nada.