Jue 22.08.2002

EL PAíS

Las construcción de cárceles, otra causa para desvelar a Menem

El juez Urso, que ya tuvo en prisión al ex presidente el año pasado, está investigando las licitaciones irregulares de las obras de las prisiones de Ezeiza y Marcos Paz.

Carlos Menem no gana para sustos con la Justicia: el juez federal Jorge Urso –el mismo que el año pasado lo mantuvo detenido varios meses por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia– decidió poner la lupa sobre los decretos que en su momento firmó el ex presidente para habilitar la construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz. El magistrado viene investigando la presunta comisión de irregularidades en la edificación de ambas prisiones desde hace más de un año, y ahora parece dispuesto a acelerar el trámite de la causa, ya que le solicitó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que le remita toda la documentación al respecto en el término de 24 horas.
Lo que Urso pidió concretamente al Ejecutivo es que le envíe todos los “antecedentes y dictámenes” que sirvieron de fundamentos a los cinco decretos que firmaron Menem y sus ministros de Justicia Elías Jassan y Raúl Granillo Ocampo para establecer las directivas relativas a la construcción de los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Urso también solicitó al Banco Central que le remita con “carácter urgente” la totalidad de los análisis contables que esa entidad realizó sobre las finanzas de ambas obras.
La causa que tramita Urso fue promovida por la ahora candidata presidencial Patricia Bullrich, mientras se desempeñó como secretaria de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Fernando de la Rúa. También la Oficina Anticorrupción tomó intervención en el caso por iniciativa de la misma ex funcionaria.
El plan de construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz comenzó en 1995 y fue Rodolfo Barra quien diseñó los contratos. De hecho, la primera licitación se realizó durante su paso por el Ministerio de Justicia. Un consorcio liderado por Benito Roggio ganó la compulsa para edificar ambas prisiones, pero su propuesta fue rechazada por tratarse de un mismo constructor para ambas cárceles.
Ya con Jassan al frente de Justicia, se llevó a cabo una nueva licitación. La española Dycasa ganó el concurso para las obras de Marcos Paz y Techint se alzó con la construcción del penal de Ezeiza.
La investigación por parte de la Justicia tiene por objeto determinar si se pagaron o no sobreprecios. Los contratos firmados en su momento obligaron al Estado a pagar 4314 pesos por metro cuadrado de la cárcel de Ezeiza y 2930 por la de Marcos Paz. Al formular la denuncia del caso, Bullrich destacó que el promedio de ambos precios triplicó la media internacional para la construcción de cárceles, de 1200 pesos por metro cuadrado.
A esos precios se llegó a partir de la aplicación de un sistema de leasing por quince años, durante los cuales la constructora retiene la propiedad del edificio en cuestión, y porque en los contratos se consagró una ingeniería financiera muy poco ventajosa para el Estado. Por ejemplo, se fijó un precio único por toda la obra, sin discriminar el costo financiero del de edificación por metro cuadrado. Además, se impusieron cláusulas poco usuales en ese tipo de contratos y aparentemente beneficiosas para el Estado que, sin embargo, a criterio de los funcionarios aliancistas que relevaron a los menemistas en Justicia, sirvieron para encarecer innecesaria y enormemente el precio de las obras. El punto es que la inclusión de todas esas cláusulas en los contratos hace ahora muy difícil probar si se pagaron o no sobreprecios.
Esa, sin embargo, no es la única irregularidad que se debería investigar: también se sospecha que tras la adjudicación se introdujeron modificaciones al pliego en detrimento de la calidad de los materiales y de las condiciones de máxima seguridad exigidas para una cárcel. Una investigación al respecto fue abierta, incluso, por la Justicia estadounidense a partir de una denuncia formulada por una empresa de ese país que fue separada de la licitación. La firma en cuestión, Rotondo Weirich, es poseedora de un sistema de alta tecnología de construcción de prisiones de máxima seguridad, sostuvo que el cambio en las condiciones lepermitió a las contratistas hacer “un negocio comercial sustancialmente distinto del concebido en la oferta”.

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