Mientras la Cámara Federal le ordenó al juez Claudio Bonadío que eleve a juicio oral la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, uno de los imputados planteó la nulidad de toda la investigación. Se trata del ex jefe de la Policía Federal, comisario Rubén Santos, quien afirmó que la jueza que la realizó, María Servini de Cubría, actuó con “ausencia de imparcialidad” ya que “fue parte en los hechos investigados e impartió órdenes que influyeron en el curso de los acontecimientos”.

En un escrito de 26 carillas, Santos argumentó que esto habría llevado a la magistrada a ser “parte de los hechos y no un investigador imparcial”, por su presencia en el lugar de los acontecimientos y órdenes que habría dado al personal policial. Si prospera este planteo, correrían el riesgo de quedar sin efecto todas las resoluciones tomadas por Servini de Cubría, incluso las indagatorias y los procesamientos de Santos y otros funcionarios de la gestión delarruista. El abogado Pablo Jacoby, defensor de Santos, afirmó que “de ninguna manera esto significa rehuir el juicio oral, en la medida en que no haya pruebas que no podemos controlar”.

Esta presentación se hizo a pocos días de que la sala II de la Cámara Federal haya resuelto ordenarle a Bonadío que se “expida con celeridad” en la elevación a juicio de Santos, del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y los ex comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, a cargo de los procedimientos represivos de aquella jornada que culminó con seis muertos en Capital Federal. Ese fallo obedeció a un planteo de los querellantes particulares y distintos organismos de derechos humanos representados por los abogados Rodrigo Borda, Rodolfo Yanzón y María del Carmen Verdú, quienes habían presentado un reclamo por “retardo de justicia”, dado que el caso aún no llegó a la etapa del debate oral y público. Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun consideraron que, “en una causa de esta magnitud, paralizar el trámite implica asumir lisa y llanamente el riesgo de que resulten frustrados todos los intereses en el juego”. Y resaltaron que la elevación a juicio de los imputados no resulta menor “ya que se trata de quienes tuvieron a su cargo la dirección, conducción y control del operativo policial desplegado aquella jornada con múltiples resultados de lesiones y muertes de manifestantes”.