“Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión, pero señalaron el problema de, por ejemplo, quitar los chicos a sus padres adoptivos.” El párrafo fue escrito por Elliot Abrams, de la oficina de derechos humanos de la subsecretaría de Estado norteamericana. Figura en uno de los documentos desclasificados por los Estados Unidos el martes y es una nueva prueba de la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Tal como comprobaron las Abuelas de Plaza de Mayo, los altos mandos militares sabían que los niños estaban en manos de sus compañeros o cómplices e hicieron lo posible para ocultarlo.
El 3 de diciembre de 1982, a la una del mediodía, el por entonces embajador argentino en Estados Unidos, Lucio Alberto García del Solar, se reunió con Abrams en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carlton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense.
Durante la conversación, Abrams le preguntó a García del Solar “cómo la cuestión de los desaparecidos podría afectar el futuro desarrollo político. Cómo podría llegarse a un convenio entre los militares y los partidos”. El embajador contestó que no había una respuesta clara. Pero que era optimista porque “en discusiones privadas los líderes políticas eran mucho más sensibles y realistas de lo que eran en los discursos públicos, así que probablemente podría alcanzarse un compromiso que satisficiera a todos”.
Luego del análisis político –según consta en el memorándum que contiene párrafos todavía secretos– Abrams introdujo el tema de los niños desaparecidos. En este asunto, obtuvo la simpatía personal de García del Solar pero el rechazo oficial del Gobierno, encarnado en el canciller –que por ese entonces era Juan Ramón Aguirre Lanari– y en quien ocupaba la usurpada presidencia, Reynaldo Benito Bignone, que está preso en la causa por robo de bebés por haber garantizado la impunidad a quienes planearon y ejecutaron ese delito.
“Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya la Iglesia, a doctores, etc. Las acciones respecto de estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con Buenos Aires”, prosigue el documento.
Con la llegada de la democracia y el comienzo de los juicios a los violadores de los derechos humanos, los militares, e incluso el gobierno de Raúl Alfonsín, sostuvieron que la apropiación de niños fue uno de los “excesos” de la represión ilegal, un delito cometido por unos pocos fuera de la estructura montada por los jefes castrense. Las Abuelas de Plaza de Mayo y abogados defensores de derechos humanos demostraron a través de estos 25 años que el robo de bebés fue una práctica sistemática. El documento comprueba que los altos mandos sabían y apañaban a los apropiadores de bebés.
Diecisiete días antes de la reunión entre Abrams y García del Solar, las Abuelas de Plaza de Mayo habían estado en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. María Isabel Mariani –por entonces presidenta de la institución– y Estela Carlotto –vicepresidenta (aparece como Carloti en el papel)– explicaron el 15 de noviembre de 1982 “que representaban a 117abuelas cuyos 110 nietos fueron secuestrados con sus padres desaparecidos o que nacieron durante la detención de sus padres”.
“Dijeron que hay probablemente 400 niños desaparecidos, pero que otros abuelos tienen miedo de denunciar. Las Abuelas no pudieron obtener ninguna respuesta del gobierno argentino sobre sus nietos. Agregaron que están convencidas de que sus nietos están vivos y que la mayoría están ya ubicados con padres adoptivos”, sostiene el cable fechado el 10 de diciembre en el que se relata la reunión en la que las mujeres pidieron que Estados Unidos aumentara la presión sobre Argentina por los desaparecidos.
Cuatro años antes, la embajada de Estados Unidos recién comenzaba a conocer a las integrantes del “Grandmothers group”. En agosto de 1978 las Abuelas les habían presentado una lista de 16 niños desaparecidos. Pero en setiembre de ese año, los norteamericanos aún tomaban con escepticismo sus denuncias. “Nosotros sabemos que el gobierno argentino cree que los adolescentes son capaces de actividad terrorista y que hubo arrestos de adolescentes. (...) Miembros del gobierno declararon a miembros de la embajada que las operaciones no podían estar limitadas por la edad porque un grupo de adolescentes impresionables es un área fértil para la penetración de terroristas y subversivos. Se reportaron un número de casos de adolescentes desaparecidos. Creemos que fueron estos elementos los que originaron las declaraciones sobre chicos desaparecidos”, se asegura en un documento del 29 de setiembre de 1978. Se equivocaron. Los militares se apropiaron de alrededor de 500 niños. Algunos eran bebés y fueron secuestrados con sus padres. Otros nacieron en maternidades clandestinas especialmente preparadas para ese fin.